EN COMAS, CORRUPCIÓN Y SAQUEO A LA ORDEN

 

Continua imparable la corrupción y el saqueo de los pocos dineros que quedan en las arcas municipales comeñas y en los bolsillos de los comerciantes, Mypes y emprendedores que aún sobreviven en nuestro distrito. De la tan cacareada reactivación económica de la que hablan en lares gubernamentales, ni la tos. Para Raúl Díaz Pérez y su organización criminal, los contribuyentes, vecinos y demás víctimas de las tropelías de los galifardos que premunidos de chalecos y/o casacas con logos municipales se dedican al saqueo indiscriminado de negocios y comercios so pretexto de la fiscalización municipal, en unos casos, y la fiscalización tributaria, en otros.

Tampoco se libran los mototaxistas, para todos hay. Con el cuento de los inspectores de transporte y la OM Nº 609-MDC que sanciona con un porcentaje más alto de lo que señala la ley, 10 % de una UIT, cuando el DS Nº 055-2010 exige solo el 0.5 %, como veremos más adelante.

Ya que hablamos de los inspectores de transporte. En la ordenanza 609, en al art. 6, inc. 19, encontramos los requisitos y facultades necesarias y obligatorias que deben cumplir quienes tienen la tarea que desempeñan estos sujetos cuando su accionar es legal, cosa que por supuesto no ocurre en Comas y en esta corrupta gestión.

Desde los albores del saqueo indiscriminado de los dineros del pueblo comeño, en el área de la subgerencia de Transporte tuvimos un Fuerte Apache lleno de bandidos, asaltantes. Verdaderos delincuentes que hicieron lo que se les vino en gana con los mototaxistas, en abierta y descarada complicidad con los dirigentes de esos trabajadores y sus empresas, léase asociaciones, consorcios, federaciones y demás cojudeces. Por Transporte pasaron sujetos como el “Rey de las Polladas” Ezequiel Arrece, el inmortal Andrés Prado, el siniestro Omar, “7 lucas”, Bermúdez y, por estos meses, un tal Tena Saavedra.

Y veamos qué dice el literal 19 de la OM 609-2021: 

Queda claro entonces que para ejercer labores como inspector de transporte hay que contar con la debida resolución gerencial de Fiscalización y Transporte, cosa que no existe,  ya que la gran mayoría de esos impresentables sujetos son locadores de servicios, o terceros, y están prohibidos de realizar labores administrativas. Hay más: los funcionarios que contraten locadores, o permitan el trabajo de estos en tareas administrativas, de inmediato deben ser denunciados ante la fiscalía.

Por otro lado, la malhadada ordenanza también destaca la forma de imponer una multa por infracción de transporte y los documentos autorizados para dichos fines. Acciones que en la práctica no se dan porque los seudoinspectores, muchas veces, se han acostumbrado, con el apoyo de los PNP contratados como seguridad en los “operativos” de control, a actuar de forma abusiva y prepotente:

Este documento, que lleva por nombre Anexo 02, es el Acta de Control oficial o multa de transporte por alguna infracción registrada en la Ordenanza Municipal Nº 609-2021-MDC, es  el documento oficial, junto al Acta de Internamiento, reconocidos por la muni comeña como válidos.

Esta seudoorden de pago no está reconocida como tal en la OM Nº 609-2021-MDC y es un documento apócrifo sin ningún valor y su aplicación debe ser denunciada penalmente de inmediato.

Los inspectores cargan entre todos ellos la mototaxi intervenida y la suben a la tolva de la camioneta municipal y nos vemos con Los Panchos. Multa o documento municipal que indique la infracción municipal no hay, señores. Burlonamente, estos cafres le gritan al agraviado: “Lleva tus 440 soles al depósito municipal para que rescates tu moto”.

Estas acciones, según el Código Penal constituyen ROBO AGRAVADO, porque son cometidos por más de dos sujetos y con violencia, aquí no hay que son trabajadores municipales. Un decomiso implica dejar un acta de decomiso y la multa respectiva con el monto de la infracción y el nombre y DNI del interviniente en un  documento oficial. El resto son tonterías y alcahueterías de esa banda de rateros que conforman la subgerencia de Transportes, Tránsito y Vialidad. 

Quiero agregar dos cosas más en el presente artículo: la primera es insistir en la inmediata renovación del motor que operaba en los SS.HH del Anexo 02, conocido como La Planta y que permitía que los obreros municipales contaran con agua directamente en las duchas para su higiene personal al termino de sus labores, tanto en Limpieza Pública como en Parques y Jardines.

Segundo: la utilización de un furgón que se cierra desde afuera, para el transporte del personal obrero de Áreas Verdes y Limpieza Pública… Olvida usted, Raúl Díaz Pérez, que están trasladando a seres humanos, no ganado o pescado congelado. ¿Qué mierda hacen sujetos como Heráclides Salazar Córdova o el inefable sicópata Reyna Torres, gerente (e) de Gestión Ambiental el primero  y jefe de personal el segundo?

En un furgón cerrado y sin ventilación, violando los protocolos biosanitarios vigentes en la lucha contra el COVID-19, pero esencialmente los Derechos Humanos y laborales de los obreros municipales que son transportados, los trabajadores de áreas verdes y limpieza pública de Comas, a sus puntos de trabajo. ¿Y el respeto por las leyes y normas vigentes, Raúl Díaz Pérez? Letra muerta, como siempre.

Ya sabemos que las disposiciones de SUNAFIL y la OCI, con la Contraloría General de la República de por medio, son letra muerta para ustedes. A ver si dicen lo mismo cuando salgan las imágenes de esos traslados en la TV.

Y la del estribo, son numerosas las quejas que llegan a este Blog., denunciando a cuatro  sujetos, tres hombres y una mujer, quienes vestidos con chalecos y/o casacas con logos de la muni comeña de Fiscalización vienen extorsionando a diestra y siniestra por todo Comas, sobre todo en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Entre sus zonas favoritas están Trapiche y la primera de Pro.

Grave negligencia, del sub gerente de Control y Operaciones,  Misraim Arioc Via Huerta, al no exigir la devolución de las prendas que identifican a los fiscalizadores municipales; así como los fotochecks al personal que fuera despedido por acciones impropias del cargo. Allí tiene los resultados.

En nuestra próxima edición publicaremos las fotos de algunos de los despedidos, como David Bravo Valera, Luis Ramos Hernández, Yerdelson León Ronceros y Stacy Lizana, para que los agraviados los identifiquen, si es que alguno de ellos son los extorsionadores, y los denuncien de inmediato.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN MUNICOMAS?

 

Lo mismo de siempre, indolencia, cinismo, mediocridad, pero sobre todo harta corrupción. Da lo mismo en democracia, con la caviarada copando los puestos claves de la administración pública que con los rojos de Castillo y su impresentable gobierno, ni uno ni otro, ni los demócratas ni los comunistas tienen en mente cambiar, modificar o anular la nefasta autonomía municipal, que otorga el art. 194 de la Constitución a las Municipalidades del Perú y obviamente a sus alcaldes.

Un claro ejemplo de lo que decimos lo puede encontrar en un interesante artículo de José Linares Gallo, publicado en EXPRESO, sobre la corrupción en el estado y el rol de la Contraloría, muchas buenas razones, pero ni una sola palabra sobre el cáncer que representa la facultad de los alcaldes de designar a quien le dé la gana como funcionario de confianza y en el área que se le ocurra o, lo que es peor, en cualquier área considerada como carnecita en el argot de la corrupción, con todo lo que esto conlleva para los vecinos y contribuyentes del distrito.

Cuando se habla de la autonomía municipal se habla de los “derechos” que esta autonomía les concede a los alcaldes y sus actos administrativos, pero de ninguna manera se habla de los derechos de los administrados. Por citar dos casos: los alcaldes gozan de autonomía irrestricta para aplicar los plazos en los trámites cuando a quien le toca cumplir con la ley es al administrado. Caso contrario cuando quien debe cumplir con la ley es el municipio, ergo, el alcalde y/o sus funcionarios.

Segundo caso, la obligación constitucional de la debida motivación en las resoluciones municipales, de obligatorio cumplimiento para el administrado o sea nosotros, y letra muerta para los funcionarios y su jefe, el alcalde de turno.

Tanto Vizcarra como Sagasti y ahora Castillo buscaron (y buscan) como locos, el apoyo de la AMPE para sus tambaleantes y débiles gobiernos y nada mejor que repartir billete como padrino sebo y dejar las cosas como están. Mejor dicho, impunidad total o el padrinazgo descarado a los alcaldes consecuentes, como por ejemplo Álvaro Paz de la Barra, presidente de la AMPE, ese antro que debería fumigar con NOVICHOK la Contraloría General de la República.

Raúl Díaz Pérez no es la excepción, no lo fue en democracia ni lo va a ser en el gobierno de su paisano y antiguo vecino, abogado de profesión, aunque dudamos que alguna vez la haya ejercido para ganarse los frejoles, porque la firme que la falta total de respeto por las leyes y normas de parte de este sujeto es increíble; lo mismo que la gran mayoría de sus funcionarios, hombres y mujeres, aquí no hay identidad de género, ambos son iguales, lo mismo da una Rodha Carrillo que un Reyna Torres, una Jessica Valer que un Jefry Quispe.

Llevamos 31 meses y 22 días de una horrorosa gestión municipal y lo único que hemos visto y seguiremos viendo es el abuso cínico del poder a manos de esta organización criminal, que cumple escrupulosamente con los requisitos exigidos por el NCPP para cumplir con este delito.

Antes de entrar en materia, queremos recordarle a Raúl Díaz Pérez dos cosas, la primera es ¿cuándo piensa exigirle a su gerente de Asesoría Jurídica John Alex Giraldo Álvarez, que deje de ponerlo en ridículo y pague su Impuesto Predial y Arbitrios atrasados, desde 2019 a la fecha. Segundo, ¿cuándo piensa ordenar la compra, o mejor aún, cuándo dona un nuevo motor para los SS.HH, especialmente para las duchas del Anexo 02 y dejar de tratar como esclavos o trabajadores de quinta a los obreros de Limpieza Pública y Parque y Jardines en su perfecto derecho a la higiene de sus cuerpos luego de las agotadoras jornadas laborales?

Ese motor cuesta menos de 500 soles y es una gotita en el océano de la rica miel del panal de REPERSA y el contrato, por tres años, para el recojo de la basura.

Raúl Díaz alcalde de Comas, por una vez en su vida cumpla con la Ley y acate la orden judicial de poner en el Presupuesto de 2022 al pago de los 470 soles a los trabajadores municipales. Así como exige recaudación para pagar sus planillas doradas a tantos vagos y zánganas y gasparines, cumpla con la ley y el derecho de los trabajadores a ganar ese beneficio laboral conseguido hace 7 años; cuando uno de los peores alcaldes de Comas (como Nico Kusunoki) se pusiera la mano en el pecho y firmara la Resolución de Alcaldía concediendo dicho beneficio. Pero que después fuera negado y apelado judicialmente por el segundo peor alcalde de la historia de Comas, Miguel Saldaña Reátegui. Ahora usted sigue con la misma vaina y dale con las malditas apelaciones. Sea verdaderamente un hombre de Ley y cumpla con lo que estudió y -debo suponer- aprendió en la universidad: respeto por la Ley.

No quiero ni puedo terminar esta nota sin escribir sobre los continuos y descarados afanes de seguir matando los intentos de muchos comeños de reactivar por cuenta propia su economía y obviamente la economía del distrito. Situación que desgraciadamente es muy dura de cumplir por los continuos ataques a estos intentos de reactivación económica, a través de los fiscalizadores y los funcionarios encargados de Control y Operaciones, así como los gerentes de Fiscalización y Transporte que insisten en sancionar con un RAS sustentado en una ordenanza DEROGADA ya hace muchos meses y que, a pesar de los vanos intentos de aplicar esa ordenanza fantasma que es la OM Nº 590-2020, Y LEGALMENTE ES INAPLICABLE, porque usted, como “hombre de derecho” sabe, o debería saber perfectamente, que en la OM Nº 584-2020 nunca ha existido “error material” alguno por corregir. Lo único que está consiguiendo es llenarse de denuncias penales por abuso de autoridad y falsedad ideológica, procesos contenciosos administrativos y una demanda por ACCIÓN POPULAR para eliminar esa barbaridad jurídica.

OJALÁ QUE CUMPLA CON LA ORDEN JUDICIAL, SEÑOR ALCALDE. NUNCA ES TARDE.

¿QUÉ OCURRE EN COMAS?

 

En nuestra última entrega nos ocupábamos de la “reactivación económica” en nuestro distrito, sobre la falta de empatía del alcalde Raúl Díaz Pérez, los borregos que fungen de regidores y esencialmente de la gran mayoría de sus ineptos, ineficientes y corruptos funcionarios. Seamos claros y precisos con esto, de los cuarenta y tantos funcionarios muy pocos son rescatables, ya sea porque obedecen órdenes o simplemente porque no saben ni papas de las funciones y  obligaciones que conllevan sus cargos. Ejemplos de estos casos se han suscitado con una frecuencia rayana en lo sistemático.

Sería ocioso y necio traer de vuelta las vergonzosas actuaciones de personas como Cindy Guzmán en Licencias; Paul Chinchón, en Desarrollo Económico; de todos los gerentes que han pasado por dicha gerencia, sin excepciones. Lo mismo sucede en Administración y Finanzas, desde el inicio de la gestión, con Lem Ramírez Rojas, han pasado sin pena ni gloria. De forma idéntica ha sucedido, y sigue sucediendo, en Seguridad Ciudadana, con compras sospechosas de vehículos y centrales de monitoreo, la formación de grupos de “inteligencia” entre los serenos que conforman esa caricatura de Tukuy Rikuy, de cuyos integrantes solo dos tiene relación laboral con la Municipalidad de Comas vía medida cautelar por juicios de reposición, el resto son locadores de servicios o terceros.

Señores lectores de este Blog., permítanme hacer la siguiente pregunta, ¿quién o quiénes asumirían la responsabilidad penal, civil y funcional si algo les pasara a uno de los Tukuy Rikuy, Dios no lo quiera? A ver, ¿quién dijo yo?

Pero estamos dejando de lado las acciones de nuestro querido alcalde para reactivar la economía del distrito, en medio de esta feroz pandemia de Covid-19 que amenaza con una tercera ola, y el nuevo gobierno que también amenaza con una nueva cuarentena y ahí sí nos vamos de cabeza a la mela…

¿Raúl Díaz Pérez alguna vez ha tenido intenciones de reactivar algo que no sean sus bolsillos y los de sus protegidos o favoritos? No, absolutamente no. Lejos de apoyar a los comerciantes, emprendedores y MYPES, inclusive a los pequeños negocios familiares, esos que funcionan en pequeños espacios que servían de cocheras, ventanas que dan a la calle y venden abarrotes en cantidades mínimas, todos esos negocios, chicos y grandes, han pasado por las horcas caudinas o la guillotina de los fiscalizadores municipales y tributarios:

-Multas exorbitantes y alejadas de la diaria realidad que vivimos los comeños.

-Multas y clausuras ilegales impuestas por personas sin la menor idea de los alcances de la Ley 27444, procedimientos generales.

-Fiscalizadores que no saben lo que es una ordenanza y cuándo está vigente, así como desconocen, o no les importa, que no cuenten con un RAS debidamente legal, como ocurre actualmente en Comas.

Desde el 1.° de marzo de 2020, a la fecha todas las multas y clausuras impuestas en Comas son nulas de pleno derecho. Para muestra un botón, ingresen a la página web de la muni comeña y busquen instrumentos de gestión, entre las ordenanzas que utilizan los funcionarios, van a encontrar la OM Nº 584, que en su artículo 4.° ordena la derogación de la OM Nº 515 y todo lo que se oponga a dicha Ley, claro como el agua.

¿Qué error material corrigió la tan cacareada OM Nº 590? Ninguno. No se puede corregir lo que no existe. Tal vez, algunos cacasenos piensen que una vez terminada la gestión también se acabarán sus responsabilidades. Mala suerte, en 2023 estaremos al pie del cañón para seguir bregando en defensa de los vecinos comeños y trabajadores municipales de Comas. Vale la pena recordar que por estos días quien ejerce la gerencia de FISCALIZACIÓN y TRANSPORTE es una abogada, doña Erika Milagros Mercado Aguilar, que tiene ante sí la disyuntiva de respetar la Ley y el Derecho que estudió a lo largo de su carrera.

Y si alguien piensa que vivo obsesionado denunciando la falta de profesionalismo y el cumplimiento de los requisitos necesarios para ocupar cargos públicos, sería bueno que lea los siguientes párrafos del excelente artículo de opinión, del reputado vocal supremo del Poder Judicial, Dr. Ángel Romero Díaz, en EXPRESO:

"El ingreso de funcionarios o empleados de confianza en las empresas del Estado en las cuales este sea accionista mayoritario no está sujeto al capricho del gobernante  o a sus cambiantes estados de ánimo. Se rige por los procedimientos establecidos en la ley de funcionarios públicos y empleados de confianza, en la ley marco del empleo público o en lo normado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que parece desconocer por quienes han accedido hoy al gobierno. Caso contrario, no se podría entender cómo designan empleados de confianza a personas que tienen antecedentes policiales o judiciales, han hecho apología al terrorismo, no tienen la experiencia requerida o, simplemente, son activistas de Perú Libre, como única carta de presentación.

La ley es muy clara. Parte de una precisión: función pública, es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Mientras que designación es el acto administrativo por el cual la autoridad determina la contratación de un empleado de confianza. La designación se sujeta únicamente a la voluntad de la autoridad competente. Y como para evitar las malas prácticas en su aplicación, señala limitaciones expresas para una contratación. Una de ellas, tiene que ver con los cargos que pueden ser designados. Se dice, “son aquellos técnicos o políticos que se ubican en el entorno de los funcionarios públicos o que sean necesarios para una adecuada gestión de la entidad, señala. Y como resulta obvio, será imposible de cumplir una “adecuada gestión” si se optan por personas incompetentes o sin experiencia alguna. Es el riesgo de no cumplir con la ley.

Si bien la designación de funcionarios o empleados de confianza en los más altos cargos de la administración pública ha sido una atribución de siempre de los gobiernos de turno, ninguno como el actual para convocar a personas de tan controvertida expertise. Con ello sólo se ha puesto en evidencia la orfandad que tiene Perú Libre de tener cuadros propios lo suficientemente preparados para asumir las responsabilidades de gestión púbica y, al mismo tiempo, su vocación autoritaria de resistirse a convocar a los mejores, sin importar su procedencia ideológica (...).

No puedo terminar esta entrega sin referirme a los eternos candidatos a nuestra alcaldía, sea quien sea, millonario o pobre, empresario o trabajador común, politiquero o amateur (aficionado) de la política. Todos por igual van a pasar por la debida y necesaria resonancia magnética, modernidad que le dicen, ya no Rayos X, a la antigua. Así que es en vano que gasten en hackers o cojudeces parecidas. Siempre hemos dicho la verdad y la hemos sustentado con documentación o información de primera mano.

No nos cansaremos de repetir, como un mantra, que no buscamos mermelada municipal ni apoyos publicitarios privados. Tampoco queremos ser alcalde o regidor. Esa es la diferencia, señores. Nuestro único objetivo es la búsqueda de la verdad y que los corruptos no disfruten de sus dineros mal habidos, contando con la complicidad de fiscales y jueces corruptos.

No nos vengan con sus repetidos cuentos: “somos comeños de corazón”. Carajo, ¿dónde han estado estos 31 meses y 13 días? Mientras Díaz Pérez y su gente nos hacía, y nos sigue haciendo, mierda con sus sanciones truchas, embargos coactivos en plena pandemia, y esencialmente con la contratación de cientos de vagos inútiles, ya sea como funcionarios o CAS, gente que, en muchos casos, ya iniciaron juicios por reposición, sin haber sido despedidos, el uso de proveedores y terceros, estando prohibidos por Ley.