MEGA CORRUPCIÓN EN COMAS, 511 SAPs SIN SANCIÓN Y NO PASA NADA

Denunciar periodísticamente en Comas a los funcionarios de esta malhadada y corrupta gestión se ha vuelto un escenario de terror, si usted denuncia a fulano o mengano con pruebas en la mano se encuentra con funcionarios de confianza que no tienen el menor reparo en mentir con total descaro y cinismo…

📄Si ya de por si es super bravo encontrar alguien con los cojones necesarios para presentar una denuncia ante la CGR o ante la Fiscalía Anticorrupción, a sabiendas que los auditores de la primera son caraduras al mango y los fiscales son sinvergüenzas al rojo vivo, pero denunciar con documentos que prueban la culpabilidad sin el lastre de la presunción como venimos demostrando en el caso de los 511 SILENCIOS ADMINISTRATIVOS POSITIVOS de la subgerente de Riesgo de desastres de Comas, Evelyn Marisol Vicente Muñoz, ya es tarea de titanes por la complicidad de aquellos que tienen que investigar y prefieren coludirse con los denunciados y darles a estos la tarea de auto investigarse… Algo que viene ocurriendo con el Exp. Nº 0820260258771 (de fecha 14/04/2026) presentada ante la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA por el ciudadano PERCY PALOMINO SOLIS por el presunto DELITO DE OMISIÓN DE FUNCIONES en contra de la referida funcionaria de “confianza”.

El escenario que describimos, donde se generan sistemáticamente 511 silencios administrativos positivos durante tres años consecutivos vinculados a la omisión de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), cambia drásticamente el análisis legal. No se trata de un simple retraso burocrático, sino de un patrón de conducta sostenido que pone en riesgo directo la vida de las personas.

Por ello nos vemos en la imperiosa necesidad de copiar y pegar parte de la denuncia del PALOMINO SOLIS, a fin de hacer un mejor análisis desde la parte periodística:

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IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

4.1. Del Fraude de Ley y los límites constitucionales del Silencio Administrativo Positivo (SAP)

1. El Silencio Administrativo Positivo (SAP) fue diseñado por el legislador como un mecanismo de protección para el administrado frente a la inercia del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional (TC) ha establecido de forma categórica que este mecanismo no constituye una patente de corso para convalidar la ilegalidad ni el fraude, menos aún cuando se vulnera el orden público o se pone en riesgo la vida humana.
2. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que el ordenamiento jurídico no ampara el abuso del derecho ni el fraude de ley. Si una autorización obtenida de manera "ficta" (vía silencio positivo) infringe normas imperativas o carece de los presupuestos de fondo esenciales, la entidad pública mantiene no solo la facultad, sino la obligación ineludible de declarar su nulidad de oficio en salvaguarda del interés general, tal como lo habilitan el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 y los criterios de la justicia constitucional.
3. En el presente caso, la configuración masiva e ininterrumpida de 511 silencios administrativos positivos a lo largo de tres años consecutivos no responde a una contingencia o retraso burocrático aislado. Estamos ante un uso instrumental y fraudulento de la figura jurídica del silencio administrativo, utilizado deliberadamente como un mecanismo de impunidad institucionalizado para otorgar autorizaciones u omitir controles obligatorios de forma encubierta.

4.2. De la violación sistemática de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y el Deber de Prevención

4. Las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) se rigen por la Ley N° 29664 (Ley del SINAGERD) y sus reglamentos. Estas inspecciones no constituyen meros trámites formales o recaudatorios; son procedimientos de orden público destinados a verificar de forma física y técnica que un establecimiento cumple con las condiciones de seguridad mínimas para mitigar riesgos de incendios, colapsos, sismos u otras emergencias.
5. El Tribunal Constitucional, en reciente jurisprudencia (como la Sentencia 18/2025 - Exp. 02373-2023-AA), ha ratificado que los gobiernos locales tienen la competencia transversal y la obligación inexcusable de ejecutar las ITSE bajo el principio de prevención. El TC sostiene que la facultad de fiscalización en materia de seguridad y riesgo de desastres es irrenunciable, lo que significa que el interés público y el derecho constitucional a la vida y a la integridad física (Art. 2, inc. 1 de la Constitución) prevalecen sobre cualquier supuesto "derecho adquirido" invocado mediante un silencio administrativo.
6. Permitir que 511 establecimientos operen evadiendo la inspección física obligatoria representa una abdicación total del deber de prevención del Estado, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad absoluta ante potenciales desastres de gran magnitud.

4.3. De la subsunción típica en los Delitos contra la Seguridad Pública (Peligro Común) y Organización Criminal

7. Delito de Peligro Común (Artículos correspondientes del Título XII del Código Penal): La omisión sistemática de las ITSE trasciende el ámbito administrativo para configurar un delito contra la seguridad pública. Al prescindir deliberadamente de la inspección técnica en 511 locales, los funcionarios denunciados crearon, mantuvieron e incrementaron un riesgo prohibido para un número indeterminado de ciudadanos. Existe un dolo manifiesto en la conducta, pues los agentes conocían plenamente que la falta de verificación técnica expone a los usuarios de dichos inmuebles a un peligro inminente de desastre (incendio, colapso estructural, etc.).
8. Delito de Organización Criminal (Ley N° 30077 / Art. 317 del Código Penal): El volumen exacto de la muestra (511 expedientes) y la continuidad temporal (tres años consecutivos) denotan una estructura, permanencia y distribución de funciones dentro de la entidad pública que sobrepasan la negligencia individual. Se evidencia la presunta existencia de una red organizada de funcionarios y/o servidores públicos dedicados a congelar los plazos de los expedientes de forma deliberada, impidiendo la programación de las inspecciones de campo para forzar la aparición del silencio administrativo positivo, presuntamente a cambio de un beneficio indebido.
9. Concurrencia con Delitos contra la Administración Pública: Esta conducta se subsume de forma simultánea en un concurso con los delitos de Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (Art. 377 del CP), al no emitirse las resoluciones y programaciones en los plazos de ley; Abuso de Autoridad (Art. 376 del CP), por el desvío del poder estatal; y Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo (Art. 399 del CP), al instrumentalizar los plazos legales para favorecer de forma indebida el interés de terceros en perjuicio de la seguridad colectiva. 

 

📄Hasta aquí lo estrictamente legal, lo jurídico, vamos ahora a los hechos de carácter periodístico, permitir o producir 511 silencios administrativos positivos en tres años no es juego, no es broma, no es como dicen algunos una simple falla administrativa que termina con una amonestación o una llamada de atención, que es algo que NUNCA ha pasado en los 45 meses que lleva la Vicente Muñoz en el cargo… nada de eso, entre los 511 SAPs debe y tiene que haber negocios, léase fábricas, empresas, talleres, negocios que usan elementos de alto riesgo para fabricar sus productos como también locales comerciales como restaurantes, cebicherías, chifas, mercados de abastos, centros comerciales, etc. que ahora funcionan alegremente sin la debida ITSE aprobada más un SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO y eso no es garantía de seguridad ni nada por el estilo.

Denunciar las ilícitas actividades de Evelyn Vicente Muñoz no es odio, rencor, antipatía, no es personal, es en estricto sentido la búsqueda de justicia para el pueblo de Comas en general:

Durante estos 45 meses de gestión de la Vicente Muñoz, esta señora ha demostrado un desprecio absoluto por la ley, por el orden, estos 45 meses han servido y junto los dos últimos meses, noviembre y diciembre servirán para seguir demostrando que su poder es absoluto, ¿por qué es absoluto? La han protegido brutalmente desde el principio de su gestión los 4 alcaldes que ha tenido Comas, empezando por Ulises Villegas que la designó en enero de 2023, Mónica Acuña desde enero de 2026 y en setiembre de este año… lo hicieron Hershel Aguilar y la títere Gloria Palomino. Han sido 6 gerentes municipales: Yanina Abanto, Nora Floriano, Fanny Flores, Pitillo Humanchumo, Elba Gamarra y Calvin Rodríguez, los que la han defendido y la defienden con uñas y dientes, fuera de los gerentes de desarrollo económico que han sido sus jefes inmediatos. Ahora bien, si a toda esta parafernalia le agregamos la CORRECTA actuación de la CGR mediante el oficio Nº 000635-2026-CG/GRLIM, su fecha 11 JUN 2026 y la posterior y aberrante amén de delictiva actuación del OCI de Comas plasmada en el oficio Nº 000409-2026-CG/OC2175 de fecha 02 SET 2026 ante la denuncia de PERCY PALOMINO…

 

📄El hecho de que el Órgano de Control Institucional (OCI) haya derivado la investigación directamente a la misma persona denunciada para que investigue el caso es una irregularidad administrativa grave que puede viciar el proceso y, bajo ciertas circunstancias, configurar un delito contra la administración pública.

En el marco del Sistema Nacional de Control en el Perú, esta acción vulnera principios jurídicos fundamentales:

¿Por qué esta acción es irregular e ilegal?

• Vulneración del Principio de Imparcialidad: Ninguna persona puede ser juez y parte en un proceso. La Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444) y las Directivas de la Contraloría General de la República (CGR) prohíben taxativamente que el presunto infractor tenga el control, gestión o poder de decidir sobre la investigación que lo involucra.
• Conflicto de Intereses Absoluto: Al encargarle a la Sra. Evelyn Vicente que "investigue" el motivo de los 511 silencios administrativos positivos (SAP), se está anulando la objetividad de la fiscalización, generando un conflicto de interés directo que invalida las actuaciones.
• Incumplimiento de Funciones del OCI: El OCI tiene la obligación de realizar los servicios de control (simultáneo o posterior) de manera independiente. Derivar la carga de la prueba o la investigación sustantiva al propio investigado desnaturaliza la razón de ser del control institucional.

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Posibles delitos penales involucrados

📄Si este traslado o derivación se realizó de manera deliberada para encubrir la falta, dilatar el proceso o favorecer a la denunciada, los funcionarios del OCI (y la propia implicada si acepta la competencia para auto investigarse) podrían estar incurriendo en:

1. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales: El personal del OCI estaría eludiendo su responsabilidad directa de investigar, delegándola ilegalmente.
2. Encubrimiento personal o real: Si se demuestra que la derivación busca desaparecer indicios, entorpecer la fiscalización de la CGR o proteger a la funcionaria de una sanción.
3. Abuso de autoridad: Al emitir un acto administrativo o disposición interna que contraviene flagrantemente las normas de control y el debido procedimiento.

 

📄No señores, creer lo contrario es graduarnos y colegiarnos de estúpidos, ser SUMA CUM LAUDE en cojudismo. Como señala la parte jurídica, esto no es solo una simple OMISION DE FUNCIONES, un APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL CARGO y un común y corriente ABUSO DE AUTORIDAD, no señores, nada de eso, aquí hay una bien engrasada ORGANIZACIÓN CRIMINAL y un letal DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA en la modalidad de PELIGRO COMÚN… peor ahora en estos meses finales de 2026 y el inicio de un 2027 que está a la vuelta de la esquina con UN MEGANIÑO que podría tener características apocalípticas para nosotros los comeños con cientos y hasta miles de negocios sin INSPECCIONES TECNICAS EN SEGURIDAD DE EDIFICACIONES REALIZADAS Y APROBADAS, negocios que funcionan con un simple SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, por la feroz corrupción de esta maldita gestión municipal que empezó en enero de 2023 con Ulises Villegas y su protegida Evelyn Vicente Muñoz.

📄OTROSI DIGO: Sra. Lida Emérita Sánchez Leyva, nos dicen que usted y sus dos payasos que fungen de abogados quieren que les digan como denunciar y sancionar a la Vicente Muñoz si ya ha hecho las 511 VISES a los 511 SAPs, lease el artículo y sepa cómo hacer su trabajo… Algo más, todo servidor público tiene la obligación de identificarse cuando le sea requerido por cualquier ciudadano o administrado, art. 64 de la ley 27444.

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PREGUNTAS SIN RESPUESTA A RIESGO DE DESASTRES

 

📄Sr. Jean Pool Granados, alcalde electo de Comas, demuéstranos de que estás hecho y cuál va a ser tu línea moral en la gestión que muy pronto iniciarás, emplazando al actual Concejo Municipal a que nos responda a los comeños sobre estos espinosos y delictivos temas que se vienen repitiendo impunemente desde enero de 2023, sin que hasta la fecha haya un solo PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO y una sola DENUNCIA PENAL contra la Sra. EVELYN MARISOL VICENTE MUÑOZ, en su condición de SUBGERENTE DE RIESGO DE DESASTRES de MUNICOMAS:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

CONCEJO MUNICIPAL

Comas, 28 de octubre de 2026

CONSIDERANDO:

1. Que, conforme al Artículo 9°, numeral 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), es atribución del Concejo Municipal fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad, así como formular el pedido de informes y pliegos interpela torios respectivos.

2. Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que los plazos administrativos son de obligatorio cumplimiento y que su vulneración dolosa u omisiva genera responsabilidad administrativa, civil y penal en los funcionarios a cargo.

3. Que, se han registrado sistemáticas denuncias públicas y vecinales por parte de los administrados del distrito de Comas, quienes señalan que la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres viene dejando vencer los plazos legales para las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), propiciando la figura del Silencio Administrativo Positivo (SAP) para posteriormente ejecutar clausuras y multas lesivas mediante la Gerencia de Fiscalización, afectando el derecho al trabajo y la simplificación administrativa.

4. Que, asimismo, existen graves cuestionamientos sobre presuntas irregularidades funcionales cometidas en dicha subgerencia durante el periodo anual correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025, las cuales estarían siendo evaluadas bajo un esquema de conflicto de interés que vulnera la Ley del Sistema Nacional de Control.

Por las consideraciones expuestas, los Regidores del Concejo Municipal de Comas que suscriben la presente, deberían proponer la siguiente Moción de Orden del Día:

SE ACUERDA:

PRIMERO. - Aprobar la formulación del PLIEGO INTERPELATORIO a la Ing. Evelyn Vicente, Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Comas, a fin de que concurra ante el Pleno del Concejo Municipal en la sesión ordinaria más próxima para responder por las presuntas irregularidades funcionales y omisión de plazos en su sector.

SEGUNDO. - Notificar a la funcionaria citada con el siguiente pliego de preguntas, otorgándole el plazo de ley para la preparación de sus descargos:

PLIEGO DE PREGUNTAS INTERPELATORIAS

• PREGUNTA 1: Precise usted la cantidad exacta de expedientes de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) acumulados que quedaron sin atención al cierre del año 2022. Detalle cuántos de esos expedientes corresponden a riesgo Bajo, Medio, Alto y Muy Alto, respectivamente.

• PREGUNTA 2: Precise cuántas solicitudes de ITSE ingresadas durante los años 2023, 2024, 2025 y lo que va de 2026 devinieron en la aplicación del Silencio Administrativo Positivo (SAP) debido al vencimiento de los plazos legales por inacción de su subgerencia.

• PREGUNTA 3: Presente usted copia de los Informes Técnicos y de Requerimiento de Personal emitidos por su despacho y dirigidos a la Gerencia Municipal o de Administración, donde conste que usted alertó formalmente sobre el inminente quiebre de los plazos de ley por falta de inspectores acreditados ante CENEPRED.

• PREGUNTA 4: Conforme a las exigencias normativas del CENEPRED, detalle el nombre completo y el Código RITSE (Registro Nacional de Inspectores) vigente de todos los inspectores que prestaron servicios en su área durante los años 2024, 2025 y 2026.

• PREGUNTA 5: Informe al pleno del Concejo el sustento técnico y legal por el cual las verificaciones posteriores realizadas a los comercios que obtuvieron su derecho por SAP derivaron en la imposición directa de multas y clausuras definitivas por parte de la Gerencia de Fiscalización, en lugar de aplicarse los plazos de subsanación voluntaria y orientación que faculta la Ley N° 27444.

• PREGUNTA 6: Aclare usted ante este Concejo si su despacho ha recibido, tramitado o respondido directamente denuncias o alertas de control emitidas por la Contraloría General de la República o el OCI que la involucraban a usted de manera directa como funcionaria denunciada. Precise el número de los informes de descargo emitidos.

• PREGUNTA 7: Informe detalladamente el avance presupuestal, técnico y el cronograma de ejecución física de las obras de descolmatación y defensa ribereña en la cuenca del Río Chillón correspondientes al presupuesto asignado para la prevención del Fenómeno El Niño durante el presente año.

📄¿A ver quién es el valiente que lo propone en el consejo?

Por lógica elemental tendría que ser la regidora, Mirelly Cristila Minaya Muñoz, quien repite el plato, precisamente como regidora oficialista de la bancada de JEAN POOL GRANADOS LAZO, no hay otra, ¿lo hará?

PARMETS DE COMAS DAN VERGÜENZA

 

📄El 19 de mayo de 2014, la MML entregó formalmente 10 PARMETS (Puestos de Auxilio Rápido) a MUNICOMAS, esto sucedió en la gestión del ex alcalde Nico Kusunoki, lo que se suponía iban a ser de gran ayuda para los vecinos y comerciantes de Comas fue desde un principio una pesadilla para los trabajadores del serenazgo comeño… veamos por qué:

·         Construcción y culminación (2013 - principios de 2014): La edificación física de las estructuras de material noble y su amoblado interior se realizaron dentro de un paquete de inversión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Para enero de 2014, las obras civiles ya se encontraban prácticamente concluidas. 

·         El conflicto por la entrega (abril de 2014): A pesar de estar construidos, los módulos no operaban. En abril de 2014, se hizo público que el entonces alcalde de Comas, Nicolás Kusunoki, rechazaba firmar el convenio de recepción de los 10 puestos. El argumento de la comuna distrital era la falta de presupuesto para contratar a los serenos que debían cubrir los tres turnos de vigilancia. Debido a este entrampamiento, las estructuras quedaron desiertas durante meses, provocando que cinco de ellas fueran saqueadas por la delincuencia.

 

·         Regularización y entrega oficial (Mayo de 2014): Tras destrabarse las negociaciones y aprobarse los permisos para la dotación de servicios básicos (luz, agua y desagüe), los PARMET de Comas fueron incluidos formalmente en el grupo de módulos entregados y transferidos a las administraciones distritales el 19 de mayo de 2014, fecha en la que la gestión de Villarán oficializó el traspaso de 30 módulos en 10 distritos limeños.

 

📄A pesar del tiempo transcurrido entre la construcción de los dichosos PARMETS, la negativa de Kusunoki a firmar la recepción de dichas obras y la tan esperada recepción de las obras, nadie-absolutamente nadie se preocupo en verificar si los put0s PARMETS contaban con algo imprescindible, algo tan básico como el sistema de agua y desagüe, o si tienen SSHH con lavatorios de manos, wáter y hasta ahí llegamos -paremos de contar. Ninguno de los 10 PARMTES entregados y recepcionados desde hace 12 años y 4 meses con nueve días cuentan con los servicios de agua y alcantarillado… ¿por qué? La respuesta no es muy difícil de contestar: porque a ningún alcalde o funcionario le interesa el bienestar de los trabajadores municipales, la salud de los trabajadores municipales y con este mega fenómeno del niño, hasta de los vecinos.

Para un trabajador municipal laborar en un PARMET es un castigo y así lo ven los funcionarios municipales… las últimas rotaciones del personal obrero así lo confirman, esto es un abuso de autoridad por donde se le vea, obligar a los trabajadores municipales a estar en un PARMET no es solo inhumano, sino que podría ser hasta delictivo por el peligro a los contagios y enfermedades por la falta de agua y desagüe en esos cubículos de terror.

La Defensoría del Pueblo alguna vez se pronunció a través de un comunicado de prensa sobre la falta de servicios básicos, esto fue en 2023 y para variar nadie le hizo caso, ninguno de los municipios aludidos hizo siquiera un amago de respuesta, como barajo aunque sea.

Al tratarse de los 10 Puestos de Auxilio Rápido Metropolitanos (PARMET) de la Municipalidad de Comas, la situación pasa de ser un problema laboral a un delito funcional y un riesgo inminente contra la salud pública, agravado ante la llegada del Fenómeno del Niño. La omisión por parte del gerente municipal y demás funcionarios habiendo sido notificados formalmente de la insalubridad expone a los serenos a infecciones críticas.

Los trabajadores ediles para forzar una respuesta inmediata y sancionar legalmente la inacción de las autoridades de Comas, deben recurrir a las siguientes instancias de control del Estado:

Vía Penal y de Control Interno (Por Inacción de Funcionarios)

📄Dado que los altos funcionarios ya tienen pleno conocimiento y no actúan, la vía administrativa municipal está agotada. Deben denunciarlos por negligencia en sus funciones:

• Fiscalía de Prevención del Delito (Ministerio Público): Puedes interponer una denuncia de manera presencial o virtual. La omisión de funciones que pone en peligro la salud del personal y de la ciudadanía en el marco del Fenómeno del Niño tipifica delitos contra la administración pública y contra la salud pública.
• Órgano de Control Institucional (OCI) de Comas o Contraloría General de la República: El OCI opera dentro de la misma municipalidad pero responde directamente a la Contraloría. Presenta una denuncia por "Afectación a la Continuidad de Servicios Básicos e Incumplimiento de Funciones", señalando que están exponiendo personal municipal a emergencias sanitarias sin planes de contingencia ante lluvias o inundaciones. Registra tu denuncia en la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano.

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¿AUTONOMIA MUNICIPAL O CORRUPCIÓN MUNICIPAL?

El pasado 19 de junio del presente año, INDECOPI puso punto final a la denuncia que presentara la Cámara de Comercio de Lima contra la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA por la imposición de barreras burocráticas irrazonables en relación a dos ordenanzas que pretendían restringir horarios de atención, la resolución Nº 272-2026-SEL/INDECOPI señala lo siguiente:

DECLARAR BARRERAS BUROCRATCAS CARENTES DE RAZONABILIDAD, las siguientes:

“(i)  La restricción horaria de funcionamiento, vinculada a la apertura del local, para los giros de discotecas, salones de baile, boites y similares, a partir de las 15:00 horas los días sábados, domingos y feriados, y los demás días a partir de las 20:00 horas, materializada en literal f) del artículo sétimo concordado con el artículo primero de la Ordenanza 235, que regula el funcionamiento de establecimientos públicos de esparcimiento en el Cercado de Lima. 

(ii)  La restricción en los rangos horarios de venta o expendio (venta y entrega) de bebidas alcohólicas para los establecimientos detallados en los numerales del 1 al 4 del cuadro indicado en el artículo 5 que se encuentren ubicados en la jurisdicción del Cercado de Lima, materializada en el artículo 5 de la Ordenanza 1568, que establece el nuevo régimen municipal que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas de toda graduación. 

(iii)  La restricción en los rangos horarios de venta o expendio (venta y entrega) de bebidas alcohólicas para los establecimientos detallados en los numerales del 1 al 4 del cuadro indicado en el artículo 5 que se encuentren ubicados en la jurisdicción de Lima Metropolitana, materializada en el artículo 5 concordado con la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza 1568, que establece el nuevo régimen municipal que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas de toda graduación.”

2. Como señalara líneas atrás, la citada Resolución final Nº 0272-2026/SELINDECOPI, fue notificada a vuestra entidad el 26-junio-2026, por lo que se han vencido los plazos otorgados por el mismo Indecopi a fin de que disponga las medidas adecuadas para inaplicar las medidas declaradas barreras burocráticas carentes de razonabilidad:

“(ii) Disponer que la Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades distritales señaladas en el Anexo Único de la presente resolución, a través de sus funcionarios, servidores públicos o cualquier persona que ejerza función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, inaplique, con efectos generales, las barreras burocráticas declaradas carentes de razonabilidad, en favor de todos los agentes económicos que se vean afectados por su imposición, de conformidad con lo establecido en el numeral 21.4 del artículo 21 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.”

3. Por último, debo señalar que, por expreso mandato de la citada Resolución final Nº 0272-2026/SEL-INDECOPI, esta medida se ha extendido a las 42 municipalidades distritales de la Provincia de Lima.

62. En su recurso de apelación, la MML señaló, entre otros, lo siguiente:

(i) La Municipalidad cuenta con autonomía política, económica y administrativa, de acuerdo con lo previsto en los artículos 194 de la Constitución Política del Perú (en adelante, la Constitución), el artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, la Ley 27972).

(ii) El artículo 46 de la Ley 27972, señala que las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes. Así, en su artículo 40 establece que las ordenanzas municipales son normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos, en las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.

63. Al respecto, cabe precisar que, si bien las municipalidades cuentan con autonomía política, económica y administrativa para regular materias de su competencia, tal como lo indican los artículos 194 y 195 de la Constitución25 , ello no significa que pueda dictar disposiciones que contengan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, dado que tales disposiciones únicamente serán válidas en tanto se encuentren acorde con las demás normas que conforman el marco jurídico vigente, de conformidad con lo señalado en los artículos II y VIII de la Ley 2797226.

64. Cabe señalar que el TC se ha referido a la jerarquía normativa de las ordenanzas municipales aclarando que, si bien cuentan con rango de ley, no poseen fuerza de ley, lo cual supone que no pueden contravenir normas emitidas por el Poder Legislativo (leyes en sentido formal).

65. En esa línea, de acuerdo con el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo 1256, los órganos resolutivos en eliminación de barreras burocráticas son competentes para evaluar la legalidad y/o razonabilidad de medidas contenidas en disposiciones administrativas, incluso del ámbito municipal o regional.

66. Así, la Sala reconoce que las municipalidades cuentan con AUTONOMÍA política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Sin embargo, es conveniente precisar que el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha sido enfático en señalar que dicha garantía no debe ser confundida con AUTARQUÍA, debido a que desde el mismo momento en que el ordenamiento constitucional lo establece, su desarrollo debe realizarse respetando a ese ordenamiento jurídico. En ese sentido, dicho organismo ha precisado que la autonomía de los gobiernos locales no es absoluta, sino por el contrario relativa, por cuanto su actuación tiene que enmarcarse dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

67. La Sala reconoce las competencias otorgadas a la Municipalidad en virtud de lo establecido en la Constitución y la Ley 27972; sin embargo, de acuerdo con las normas citadas en el presente acápite, estas deben ser ejercidas con sujeción al ordenamiento jurídico, siendo que la Comisión y la Sala únicamente resultan competentes para ordenar la inaplicación de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, previa evaluación, de acuerdo con la metodología establecida en el Decreto Legislativo 1256. 68. Por lo expuesto, corresponde desestimar lo argumentos formulados por la MML al momento de interponer su recurso de apelación, referidos a la autonomía municipal y las competencias de la Comisión y la Sala.

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CASO VASO DE LECHE EN CARABAYLLO

 

ANÁLISIS INTEGRAL, LEGAL Y TÉCNICO:

📄Como experto en Gestión Pública y Contrataciones del Estado bajo la legislación peruana (Ley N.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.° 31419, Código Penal y normativa sanitaria de DIGESA), me permito presentar un análisis integral, legal y técnico de la situación expuesta:

I. Evaluación de la Legalidad y Cadena de Valor Administrativa

1. Nulidad de Licitación y Compras Directas

• Fraccionamiento o Evasión: La anulación de la licitación a María Dolores Chuquimantari E.I.R.L. debió dar paso a un procedimiento transparente. Si la entidad recurrió a compras directas por "desabastecimiento inminente" contratando sistemáticamente al mismo grupo/entorno (vía Inversiones Chisal S.R.L. o Molinera Los Ángeles), se estaría incurriendo en una desnaturalización de la causal de desabastecimiento (Art. 27 de la LCE), configurando una simulación o direccionamiento para evadir el concurso público.

• Trazabilidad y Vinculación Económica: Cambiar la razón social (Chuquimantari → Chisal) manteniendo el origen del insumo (Molinera Los Ángeles) evidencia un intento de eludir los cuestionamientos sanitarios o eventuales inhabilitaciones en el RNC (Registro Nacional de Proveedores).

2. Irregularidad Sanitaria (HACCP y Certificación)

• Alcance de las Certificaciones HACCP: La validación de un Plan HACCP por DIGESA/SA no es genérica; ampara líneas específicas de producción y establecimientos determinados. Si el oficio de DIGESA/MINSA del 24 de julio confirmó que la mezcla no estaba comprendida en la Resolución Directoral N.° 3028-2024-DCEA/DIGESA/SA, el producto carecía de aptitud legal y sanitaria para consumo humano.

• Certificadoras Privadas (CERTECC S.A.C.): Presentar un certificado de análisis posterior (del 13 de octubre) otorgado por una privada no convalida la falta de registro sanitario ni la ausencia de validación técnica del plan HACCP de la planta procesadora. La verificación ex post de un lote específico no exime la responsabilidad por entregar lotes previos contaminados (coliformes/contaminación microbiológica).

II. Delitos Configurados y Tipificación Penal

Con base en la narración de los hechos y la afectación a la salud de 26,000 niños, se configuran potencialmente los siguientes delitos penalmente perseguibles:

Delito / Tipificación / Artículo	Fundamento Sustantivo
Delitos Contra la Salud Pública Art. 286, 287 y 288 del Código Penal (Contaminación de aguas o productos destinados al consumo, comercialización de nocivos)	Entrega de alimentos con coliformes "no aptos para el consumo humano", provocando que los niños enfermen.
Colusión / Colusión Agravada Art. 384 del Código Penal	Concertación entre funcionarios (Subgerencia/Comité) y los proveedores (Chuquimantari / Chisal / Molinos Los Ángeles) para defraudar al Estado, omitiendo fiscalización deliberada.
Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo Art. 399 del Código Penal	Interés directo de los funcionarios para favorecer la contratación directa con el mismo entorno empresarial a pesar de las alertas sanitarias.
Abuso de Autoridad / Omisión de Actos Funcionales Art. 376 y 377 del Código Penal	Omitir la atención a las denuncias notariales y alertas formales del MINSA/DIGESA, permitiendo la recepción y distribución de productos de riesgo.
Nombramiento o Aceptación Ilegal del Cargo Art. 381 del Código Penal y Ley N.° 31419	Asunción del cargo de Subgerente por parte de un profesional que no cumple con el perfil técnico/profesional ni los años de experiencia específica exigidos por la norma.

III. Determinación de Responsabilidades y Pérdidas del Estado

1. RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y PÉRDIDAS DEL ESTADO

Sujeto / Actor Implicado	Tipo de Responsabilidad	Acción Legal / Consecuencia Integral
1. Proveedores (María Dolores Chuquimantari EIRL / Inversiones Chisal SRL)	Civil, Penal y Contractual	Ejecución de garantías, penalidades e indemnización. Reposición del 100% de los lotes defectuosos a costo propio y asunción de gastos por incineración/destrucción de insumos.
2. Comité de Recepción de Alimentos y Almacén	Administrativa Disciplinaria y Penal	Sanción por omitir control de Registro Sanitario y HACCP. Responsabilidad directa por firmar actas/pecoas recibiendo insumos que incumplen TDR y normas sanitarias.
3. Subgerente del Vaso de Leche (Yony Pillaca)	Penal, Administrativa (PAD / PAS) y Civil	Procesamiento penal y administrativo por otorgar conformidad a lotes sin registro/HACCP. Responsabilidad civil solidaria por el perjuicio económico causado.
4. Mayor Nivel Jerárquico (Alcalde / Gerente Municipal)	Política y Administrativa	Sanción por supervisión omisa y omisión de deberes de control tras ignorar la carta notarial del 31/07/2026 sobre las alertas de DIGESA.

2. ¿QUIÉN ASUME LA PÉRDIDA ECONÓMICA POR LOS LOTES INCINERADOS YA PAGADOS?

• El Estado NO debe asumir las pérdidas. El Texto Único Ordenado de la Ley N.° 30225 establece que el pago por bienes defectuosos o sin conformidad legal configura un Perjuicio Económico al Estado.

• La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI), debe emitir un Informe de Control Específico imputando Responsabilidad Civil Solidaria a:

1. Los funcionarios que firmaron las conformidades de pago.

2. La empresa proveedora que cobró por un bien nocivo y no conforme.

3. Se debe exigir el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento y entablar un Juicio por Indemnización de Daños y Perjuicios.

IV. Análisis de la Estrategia de Defensa Municipal y Desacreditación de Dirigentes

• Validación Posterior vs. Deficiencia Histórica: La demostración mediática del 13/14 de octubre (degustación y exhibición de un lote sellado con vencimiento a 2027) es una maniobra de distracción procedimental. La validez de un lote presente no extingue ni subsana los delitos cometidos en los lotes pasados que dieron positivo a coliformes y fueron destruidos.

• Desacreditación a la Dirigencia: Acusar a las madres dirigentas de "manipulación de productos" requiere peritaje criminalístico e investigaciones de la Fiscalía. Usar la Procuraduría Municipal como herramienta de amedrentamiento contra la fiscalización ciudadana incurre en una mala práctica de gestión si se demuestra que la protesta partió de un documento oficial de DIGESA/MINSA del 24 de julio.

V. Acciones de Control e Intervención Sugeridas

1. Sede Fiscal (Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía de Prevención del Delito):

o Solicitud de intervención e incautación inmediata de actas de recepción, pecosas, comprobantes de pago y expedientes de contratación directa de la Subgerencia del Vaso de Leche de Carabayllo.

o Peritaje toxicológico/microbiológico de oficio vía DIGESA a las muestras de almacén.

2. Sede Contraloría:

o Elevar el Informe de Orientación de Oficio N.° 007-2026-OCI/2152-SOO a una Auditoría de Cumplimiento con identificación de responsabilidades civiles y penales para el Alcalde, Subgerente y miembros de recepción.

3. Servicio Civil (SERVIR):

o Apertura de procedimiento administrativo por incumplimiento de la Ley N.° 31419 respecto al perfil profesional y experiencia del Subgerente Yony Pillaca Loayza.

Conclusión Técnica

Existe evidencia documental y fáctica suficiente de un marco sistémico de irregularidades en contrataciones directas, vulneración flagrante de normas de inocuidad alimentaria (DIGESA/HACCP) y presunta colusión funcionario-proveedor, poniendo en grave riesgo la salud de la población infantil vulnerable. Las pérdidas económicas deben ser restituidas íntegramente por la proveedora y los funcionarios que firmaron la conformidad mediante el cobro de ejecutantes civiles e indemnizatorios.

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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

EN DEFENSA DE LA SALUD DE NUESTROS NIÑOS Y EN RECHAZO AL AMEDRENTAMIENTO A LAS MADRES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE CARABAYLLO

Los comités, dirigentas, madres de familia y la ciudadanía organizada de Lima Norte nos dirigimos a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las autoridades competentes para manifestar de manera contundente lo siguiente:

1. La Salud e Inocuidad Alimentaria No Son Negociables

La salud, la integridad y la vida de más de 26 mil niños beneficiarios de Carabayllo están por encima de cualquier gestión municipal o interés comercial.

Exigir que los alimentos entregados a nuestros hijos cuenten con Registro Sanitario vigente, Validación Técnica Oficial del Plan HACCP otorgada por DIGESA/MINSA y condiciones microbiológicas aptas para el consumo humano no es un acto político ni de desorganización; es un derecho humano fundamental y un deber ciudadano consagrado en la Constitución.

2. Rechazo Absoluto a las Maniobras de Amedrentamiento Legal

Rechazamos y condenamos enérgicamente el uso de la Procuraduría Municipal como herramienta de amedrentamiento, persecución e intimidación contra las dirigentes sociales que han alzado la voz.

Pretender desviar la atención pública de un problema grave de salud pública -como la entrega de productos contaminados con coliformes e insumos sin certificación sanitaria válida- inventando acusaciones sobre "irregularidades en los padrones" o "manipulación de alimentos", es una práctica deleznable que busca silenciar el reclamo legítimo de las madres.

Aclaramos a la opinión pública: Si existen observaciones administrativas en los padrones, es responsabilidad exclusiva de la gestión municipal corregirlas conforme a ley, pero jamás puede utilizarse como pretexto para tapar o justificar la entrega de alimentos en mal estado a la infancia vulnerable.

3. Respaldamos la Legitimidad de las Denuncias

Las advertencias realizadas por las dirigentes del Vaso de Leche no son especulaciones:

• Están sustentadas en oficios e informes del Ministerio de Salud (MINSA / DIGESA).

• Cuentan con el respaldo de alertas e Informes de Control de la Contraloría General de la República (N.° 007-2026-OCI/2152-SOO).

• Tienen el testimonio de cientos de madres cuyos hijos sufrieron afecciones gastrointestinales por lotes defectuosos.

Exhibir un lote nuevo o realizar demostraciones mediáticas ex post no borra los lotes devueltos, incinerados ni las compras directas irregulares realizadas a espaldas de la transparencia pública.

4. Exigimos Respuestas Institucionales Inmediatas

Ante estos graves hechos, demandamos:

1. A la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y a la Fiscalía de Prevención del Delito: Apersonamiento inmediato en la Municipalidad de Carabayllo para la incautación de expedientes de contratación, registros de almacén y muestras de alimentos.

2. A la Contraloría General de la República: Iniciar una Auditoría de Cumplimiento que determine la responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios involucrados en la recepción y pago de productos no conformes.

3. A la Municipalidad Distrital de Carabayllo: Cesación inmediata de las acciones de amedrentamiento legal contra las dirigentes y atención transparente a los reclamos sanitarios presentados.

DESAGRAVIO Y RESPALDO TOTAL A LAS MADRES DIRIGENTES

A todas las madres, presidentas de comités y dirigentes sociales que hoy vienen siendo atacadas por cumplir con su deber moral de proteger a sus hijos: ¡NO ESTÁN SOLAS!

Su lucha es justa, digna y legal. Quienes deben dar explicaciones ante la justicia son aquellos funcionarios que autorizaron el pago y la distribución de alimentos en mal estado, no las madres que defienden la vida de los niños de Carabayllo.

¡LA SALUD DE LOS NIÑOS SE RESPETA!

¡NO AL AMEDRENTAMIENTO DE LAS MADRES DEL VASO DE LECHE!

¡TRANSPARENCIA Y JUSTICIA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS YA!

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Carabayllo, octubre de 2026.

Colectivo de Comités del Programa Vaso de Leche y Organizaciones de la Sociedad Civil en Defensa de la Infancia.

Ron Lazard