Luego de escribir por años en este modesto pero honrado blog sobre la corrupción municipal, encontramos en las páginas de Expreso, la columna del Dr. Luis Lamas Puccio sobre el mismo tema pero en la acertada visión de un hombre probo, honesto y digno. Cedemos este espacio como director de Noapaguenlaluzvol2 a esta sin igual opinión publicada ayer en Expreso.
Mientras la delincuencia común concentra la atención pública, otras formas de criminalidad operan silenciosamente en las altas esferas del poder político y económico.
La dimensión oculta
Lo que sucede es que,
en los últimos años, ha primado una visión distorsionada, equivocada o
estereotipada del fenómeno criminal. Se percibe la actividad criminal o
delictiva a partir de la información diaria y permanente que recibimos: el
robo, el asesinato selectivo, el secuestro, la extorsión y los delitos
violentos son los que dominan y acaparan nuestra visión del crimen en el país.
Hablamos de los
delitos comunes, fácilmente identificables o reconocibles, que se relacionan
con la inseguridad ciudadana, la inestabilidad, la violencia, el desequilibrio
y el terror que implica el crimen en todo su contexto.
El crimen ha dejado
de ser un fenómeno residual y se ha convertido en un problema de Estado que involucra a todo
el aparato estatal.
Sin embargo, de forma
paralela, también se ha venido desarrollando y consolidando una dimensión
distinta del crimen, igualmente peligrosa, aunque no presenta las
características tradicionales de los delitos comunes.
Se trata de un
conjunto de actividades particularmente perniciosas y dañinas para el contexto
social, en el ámbito de la transgresión y la infracción, aunque en este caso
más vinculadas con una dimensión furtiva y soterrada.
Hablamos de una
delincuencia clandestina, ignorada, escondida o inadvertida, que procura por
todos los medios mantenerse oculta, incluso hasta el punto de aparentar que no
existe.
Una delincuencia
invisible, amorfa y etérea que ha aprendido hábilmente a ocultarse dentro del
entramado legal y que disimula por todos los medios no solo su operatividad,
sino también a sus principales autores y las cuantiosas ganancias que genera.
Hablamos de
estructuras de poder y relaciones furtivas que hacen difícil diferenciar lo
correcto de lo incorrecto, lo ilícito de lo lícito y, menos aún, el beneficio
individual del perjuicio colectivo. Un entramado de estructuras asimétricas de
poder e influencias, en muchos casos respaldadas por la propia ley, las
autoridades y, en última instancia, la legalidad.
Delincuencia mimetizada
Se trata de una
delincuencia que no atrae ni despierta el interés y la atención del público y
que mantiene un perfil particularmente bajo y astuto.
Una delincuencia que
se desenvuelve en las esferas del poder, el anonimato, la impunidad concertada,
la legalidad y las influencias recíprocas, aunque en la práctica resulta
incluso más dañina o perjudicial que la delincuencia conocida, también
denominada callejera o urbana.
Hablamos de una
delincuencia invisible, incorpórea, amorfa, mimetizada e imperceptible, que
carece de estigmas o estereotipos para el ciudadano común y que se desenvuelve
dentro de la normalidad.
Se trata de
actividades aparentemente normales que se desarrollan dentro de empresas
legalmente constituidas, como parte de las operaciones comerciales habituales,
los negocios, los contratos legalmente válidos, los fideicomisos permitidos por
la ley y las operaciones financieras.
Me refiero a una
nueva dimensión de la delincuencia vinculada con el poder y el abuso, que se
desenvuelve con una habilidad particular para pasar inadvertida.
No requiere
violencia, amenazas, mecanismos de terror ni sometimiento mediante el miedo,
como sucede con la delincuencia tradicional.
Por el contrario,
busca aparentar una conducta plausible, loable y creíble, recurriendo en la
mayoría de los casos a los propios márgenes que permite la ley. No necesita
armas, medios violentos, intimidación ni nada parecido, pues esta clase de
actividades se despliega dentro de las estructuras societarias y del sistema
financiero permitido por la ley.
El delincuente impalpable
Se trata de reducir
al mínimo la exposición pública, con el propósito de pasar desapercibido y no
despertar la atención ni el interés colectivo.
El delincuente
invisible no aparece en las fotografías policiales, en los registros judiciales
ni en los titulares de los medios de comunicación, y mucho menos tiene apodos o
sobrenombres que permitan identificarlo, como ocurre con los delincuentes
comunes.
Hablamos de una
mutación visual y sensorial compleja y sofisticada que se desarrolla en
distintos niveles como parte de una estrategia, frente a la cual los mecanismos
tradicionales de control o fiscalización poco o nada pueden hacer.
Una enraizada
encrucijada que incluso pone en entredicho al propio derecho penal y, por consiguiente,
a la justicia como entidad rectora e imparcial.
La corrupción invisible
La corrupción
invisible constituye posiblemente uno de los ejemplos más claros de lo que
significa esta clase de delincuencia.
A diferencia del
delito común o la delincuencia callejera, que son públicos y notorios, una de
las características más resaltantes de la corrupción en general es su carácter
intangible, pues permanece oculta y encubierta durante mucho tiempo hasta que
es descubierta.
El corrupto y el
corruptor comparten un interés común: que nadie descubra sus relaciones
ilícitas. A ello se suma que no existe una víctima en particular que denuncie
inmediatamente lo sucedido, pues el perjuicio se distribuye de manera
generalizada entre toda la sociedad.
Por eso, la corrupción
posee una extraordinaria capacidad para perpetuarse en el tiempo y una gran
cantidad de casos permanece impune, sobre todo por sus vínculos con la política
y las altas esferas del poder.
Puede mantenerse
durante años y convertirse en una práctica permanente, e incluso adquirir
matices de normalidad, especialmente en sociedades altamente permeables y
vulnerables frente al poder.
Hablamos de una
licitación pública que aparenta ser correcta y transparente, pero que esconde
acuerdos previos; de una consultoría legal que justifica un pago ilícito que no
corresponde; de una empresa offshore que oculta a los verdaderos propietarios y
beneficiarios; o de una transferencia financiera deliberadamente fragmentada
para impedir que se identifique su verdadero origen.
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