¿QUÉ OCURRE EN COMAS?

 

En nuestra última entrega nos ocupábamos de la “reactivación económica” en nuestro distrito, sobre la falta de empatía del alcalde Raúl Díaz Pérez, los borregos que fungen de regidores y esencialmente de la gran mayoría de sus ineptos, ineficientes y corruptos funcionarios. Seamos claros y precisos con esto, de los cuarenta y tantos funcionarios muy pocos son rescatables, ya sea porque obedecen órdenes o simplemente porque no saben ni papas de las funciones y  obligaciones que conllevan sus cargos. Ejemplos de estos casos se han suscitado con una frecuencia rayana en lo sistemático.

Sería ocioso y necio traer de vuelta las vergonzosas actuaciones de personas como Cindy Guzmán en Licencias; Paul Chinchón, en Desarrollo Económico; de todos los gerentes que han pasado por dicha gerencia, sin excepciones. Lo mismo sucede en Administración y Finanzas, desde el inicio de la gestión, con Lem Ramírez Rojas, han pasado sin pena ni gloria. De forma idéntica ha sucedido, y sigue sucediendo, en Seguridad Ciudadana, con compras sospechosas de vehículos y centrales de monitoreo, la formación de grupos de “inteligencia” entre los serenos que conforman esa caricatura de Tukuy Rikuy, de cuyos integrantes solo dos tiene relación laboral con la Municipalidad de Comas vía medida cautelar por juicios de reposición, el resto son locadores de servicios o terceros.

Señores lectores de este Blog., permítanme hacer la siguiente pregunta, ¿quién o quiénes asumirían la responsabilidad penal, civil y funcional si algo les pasara a uno de los Tukuy Rikuy, Dios no lo quiera? A ver, ¿quién dijo yo?

Pero estamos dejando de lado las acciones de nuestro querido alcalde para reactivar la economía del distrito, en medio de esta feroz pandemia de Covid-19 que amenaza con una tercera ola, y el nuevo gobierno que también amenaza con una nueva cuarentena y ahí sí nos vamos de cabeza a la mela…

¿Raúl Díaz Pérez alguna vez ha tenido intenciones de reactivar algo que no sean sus bolsillos y los de sus protegidos o favoritos? No, absolutamente no. Lejos de apoyar a los comerciantes, emprendedores y MYPES, inclusive a los pequeños negocios familiares, esos que funcionan en pequeños espacios que servían de cocheras, ventanas que dan a la calle y venden abarrotes en cantidades mínimas, todos esos negocios, chicos y grandes, han pasado por las horcas caudinas o la guillotina de los fiscalizadores municipales y tributarios:

-Multas exorbitantes y alejadas de la diaria realidad que vivimos los comeños.

-Multas y clausuras ilegales impuestas por personas sin la menor idea de los alcances de la Ley 27444, procedimientos generales.

-Fiscalizadores que no saben lo que es una ordenanza y cuándo está vigente, así como desconocen, o no les importa, que no cuenten con un RAS debidamente legal, como ocurre actualmente en Comas.

Desde el 1.° de marzo de 2020, a la fecha todas las multas y clausuras impuestas en Comas son nulas de pleno derecho. Para muestra un botón, ingresen a la página web de la muni comeña y busquen instrumentos de gestión, entre las ordenanzas que utilizan los funcionarios, van a encontrar la OM Nº 584, que en su artículo 4.° ordena la derogación de la OM Nº 515 y todo lo que se oponga a dicha Ley, claro como el agua.

¿Qué error material corrigió la tan cacareada OM Nº 590? Ninguno. No se puede corregir lo que no existe. Tal vez, algunos cacasenos piensen que una vez terminada la gestión también se acabarán sus responsabilidades. Mala suerte, en 2023 estaremos al pie del cañón para seguir bregando en defensa de los vecinos comeños y trabajadores municipales de Comas. Vale la pena recordar que por estos días quien ejerce la gerencia de FISCALIZACIÓN y TRANSPORTE es una abogada, doña Erika Milagros Mercado Aguilar, que tiene ante sí la disyuntiva de respetar la Ley y el Derecho que estudió a lo largo de su carrera.

Y si alguien piensa que vivo obsesionado denunciando la falta de profesionalismo y el cumplimiento de los requisitos necesarios para ocupar cargos públicos, sería bueno que lea los siguientes párrafos del excelente artículo de opinión, del reputado vocal supremo del Poder Judicial, Dr. Ángel Romero Díaz, en EXPRESO:

"El ingreso de funcionarios o empleados de confianza en las empresas del Estado en las cuales este sea accionista mayoritario no está sujeto al capricho del gobernante  o a sus cambiantes estados de ánimo. Se rige por los procedimientos establecidos en la ley de funcionarios públicos y empleados de confianza, en la ley marco del empleo público o en lo normado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que parece desconocer por quienes han accedido hoy al gobierno. Caso contrario, no se podría entender cómo designan empleados de confianza a personas que tienen antecedentes policiales o judiciales, han hecho apología al terrorismo, no tienen la experiencia requerida o, simplemente, son activistas de Perú Libre, como única carta de presentación.

La ley es muy clara. Parte de una precisión: función pública, es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Mientras que designación es el acto administrativo por el cual la autoridad determina la contratación de un empleado de confianza. La designación se sujeta únicamente a la voluntad de la autoridad competente. Y como para evitar las malas prácticas en su aplicación, señala limitaciones expresas para una contratación. Una de ellas, tiene que ver con los cargos que pueden ser designados. Se dice, “son aquellos técnicos o políticos que se ubican en el entorno de los funcionarios públicos o que sean necesarios para una adecuada gestión de la entidad, señala. Y como resulta obvio, será imposible de cumplir una “adecuada gestión” si se optan por personas incompetentes o sin experiencia alguna. Es el riesgo de no cumplir con la ley.

Si bien la designación de funcionarios o empleados de confianza en los más altos cargos de la administración pública ha sido una atribución de siempre de los gobiernos de turno, ninguno como el actual para convocar a personas de tan controvertida expertise. Con ello sólo se ha puesto en evidencia la orfandad que tiene Perú Libre de tener cuadros propios lo suficientemente preparados para asumir las responsabilidades de gestión púbica y, al mismo tiempo, su vocación autoritaria de resistirse a convocar a los mejores, sin importar su procedencia ideológica (...).

No puedo terminar esta entrega sin referirme a los eternos candidatos a nuestra alcaldía, sea quien sea, millonario o pobre, empresario o trabajador común, politiquero o amateur (aficionado) de la política. Todos por igual van a pasar por la debida y necesaria resonancia magnética, modernidad que le dicen, ya no Rayos X, a la antigua. Así que es en vano que gasten en hackers o cojudeces parecidas. Siempre hemos dicho la verdad y la hemos sustentado con documentación o información de primera mano.

No nos cansaremos de repetir, como un mantra, que no buscamos mermelada municipal ni apoyos publicitarios privados. Tampoco queremos ser alcalde o regidor. Esa es la diferencia, señores. Nuestro único objetivo es la búsqueda de la verdad y que los corruptos no disfruten de sus dineros mal habidos, contando con la complicidad de fiscales y jueces corruptos.

No nos vengan con sus repetidos cuentos: “somos comeños de corazón”. Carajo, ¿dónde han estado estos 31 meses y 13 días? Mientras Díaz Pérez y su gente nos hacía, y nos sigue haciendo, mierda con sus sanciones truchas, embargos coactivos en plena pandemia, y esencialmente con la contratación de cientos de vagos inútiles, ya sea como funcionarios o CAS, gente que, en muchos casos, ya iniciaron juicios por reposición, sin haber sido despedidos, el uso de proveedores y terceros, estando prohibidos por Ley.