El 31 de enerodel año pasado escribíamos un artículo al que titulamos:
Ahora vayamos al meollo de este asunto y veamos
el cinismo y la falsedad mostrada por esta señora en la tramitación del Exp. Nº
59040-2022, a través de la Resolución Nº 00026-SGGRD-GGTDE/MDC, Vicente Muñoz
nos dice que el Exp. de referencia fue presentado el 14 DIC 2022 solicitando
una ITSE para un establecimiento comercial con nivel de riesgo medio, lo cual
es mentira, el expediente en mención fue presentado en mesa de partes el día 15
de diciembre del año pasado, para tales efectos cita el art.18.1 del DS Nº
002-2018-PCM, aparentemente hasta aquí se cumple con lo dispuesto por el DS
002, también nos dice la Vicente Muñoz que el día 10-01-2023 se llevó a cabo la
ITSE para riesgo medio, percatándose el inspector que el local a inspeccionarse
era de riesgo muy alto, ¿cómo llegó a esa conclusión el inspector de la ITSE de
riesgo medio o bajo? Misterios del Orinoco, decimos esto por una razón muy
importante, porque tenemos la grabación de las cámaras de video del
establecimiento del día 10 de enero y no hay ninguna ITSE, lo único que hay es
la presencia de una señora vestida con un chaleco de defensa civil que en todo
momento no quiso identificarse, luego viene una serie de referencias a la ley
27444, ley 27972, DS 002-2018, RJ 016-2018-CENEPRED y la OM Nº 584-2020-MDC,
luego viene la RSG Nº 00026-SGGRD del 13 enero del 2023 que da por concluido el
Exp. 59040-2022 al haberse verificado que el local NO CUMPLE con las
condiciones de seguridad en el inmueble objeto de inspección conforme al nivel
de riesgo existente, quedando nuevamente claro que la descerebrada de la
Vicente en toda la extensión de su mamarrachenta resolución subgerencial nunca
hizo mención ni de broma al silencio administrativo positivo.
Pero ¿es cierto lo dicho y firmado por la susodicha funcionaria de confianza de la gestión ulisista? NO, la resolución emitida por la funcionaria de marras es inaceptable desde todo punto de vista ya que viola o infringe el silencio administrativo positivo, art. 199.1 del TUO de la ley 27444:
199.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio
administrativo positivo quedarán automáticamente
aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo
establecido o máximo, al que se adicionará el plazo
máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24, la
entidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. La declaración jurada a la que se refiere el
artículo 37 no resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del
silencio administrativo positivo ante la misma entidad.
199.2. El silencio positivo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el artículo 213.
Podríamos añadir el art. 21 del DS Nº 002-2018-PCM, que dice al pie de la letra los plazos establecidos para realizar la ITSE correspondiente a un certificado nuevo de Defensa Civil, para cuyos efectos no interesa si el riesgo es medio o muy alto al vencerse los plazos y entrar en aplicación el art. 21 del referido decreto supremo:
Artículo 11.- Silencio administrativo en la ITSE
Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento, en la ITSE opera el silencio administrativo
positivo cuando al vencimiento de los plazos establecidos en el Reglamento no
haya pronunciamiento por parte del Órgano Ejecutante o
no se hubiese realizado la ITSE. Ello sin perjuicio de la subsistencia de la
obligación a cargo del Órgano Ejecutante de efectuar la verificación, a través de
una VISE, del cumplimiento de condiciones de seguridad declaradas por el/la
administrado/a, bajo responsabilidad.
Artículo 21.- Plazo máximo de la diligencia y
finalización de la ITSE
La diligencia de ITSE debe ser programada y puesta en conocimiento del/de la administrado/a con la notificación de la licencia de funcionamiento, y debe ejecutarse en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles. El plazo máximo para la finalización del procedimiento es de nueve (9) días hábiles computados a partir de dicha notificación, sin perjuicio de una eventual suspensión del trámite, conforme a lo señalado en el presente Reglamento.
Que al inicio de esta
gestión hayamos denunciado el desprecio de la Sra, Evelin Vicente Muñoz por la
ley, desprecio manifestado por su reiterada negativa a reconocer los derechos
que otorga el silencio administrativo positivo a los administrados,
denuncia que nunca fue tomada en consideración por autoridad alguna, pese a que
conversamos personalmente con la entonces gerente municipal, Yanina Abanto
Abanto, a la que le entregamos una docena de cargos de expedientes donde los
administrados solicitaban el cumplimiento del silencio administrativo
positivo producido en sus expedientes de defensa civil.
Es curioso recordar
esta anécdota ya que al principio Yanina Abanto se mostró muy molesta por la
negligencia o incapacidad de la citada funcionaria, pero 48 horas después su
temperamento era radicalmente diferente, la producción de una docena y más de
silencios administrativos positivos ya no era condenable.
Durante 20 meses
Evelin Vicente Muñoz ha producido una inmensa cantidad de silencios administrativos
positivos en contra de miles de administrados sin que a la fecha nadie haya
tenido el coraje y la valentía de denunciar estos hechos a INDECOPI con los
resultados que pasamos a poner en conocimiento de nuestros lectores y la
opinión pública.
16 de Agosto 2024, y
la entidad a cargo de ver los casos de barreras burocráticas en el Perú,
INDECOPI, emite la siguiente resolución:
Tarde o temprano se tenía que imponer la razón y aquí está la prueba, la resolución de INDECOPI está centrada en la negativa de la mencionada funcionaria a respetar los beneficios del silencio administrativo positivo, ahora bien, esta conducta de la Vicente Muñoz no es un acto aislado sino una conducta reiterante durante los 20 meses a los que alude Burmester, no son uno, dos o tres expedientes, son miles de expedientes que produjeron sendos silencios administrativos que jamás quiso respetar esta señora, han pasado tres gerentes municipales y ninguna fue capaz de ordenar una investigación sobre estos delicados asuntos, ha tenido que ser INDECOPI quien le ponga el cascabel a la gata y no es una sola resolución, son 4 resoluciones y cada una conlleva 20 UIT, ¿y ahora quién pagará este brutal monto de las 4 multas que asciende a 412,000 soles? honor al mérito Cesítar Burmester por tu constancia y tesón en denunciar estos abusos de la incapaz, ineficiente funcionaria, ¿o es acaso una modalidad de corrupción? ya se verá en su momento.
ResponderBorrarCarajo, son 4 multas por cada caso y eso hace la suma de 80 UIT, hay que estar alertas para evitar que las multas las pague la muni comeña, las cosas claras, aquí hay una responsable de estas pendejadas y no es otra que la Vicente Muñoz, punto final.
ResponderBorrarEsa mujer no tiene el menor sentido del respeto por las leyes, si tuviera un mínimo de dignidad y vergüenza nunca debió aceptar ese puesto, es una cuestión de ética y moral, si sé que no estoy capacitado para el puesto, sencillo, no lo acepto, pero pedir honestidad y decencia en el Perú en estos momentos es como pedirle a los alcaldes peruanos que no roben y a Dina algo de materia gris.
ResponderBorrarLAMPADIA
ResponderBorrarCon un Estado empobrecedor
¿Inseguridad alimentaria o… estatismo hambreador?
Fernando Cillóniz
27 de Agosto de 2024
Y no tienen trabajo porque el Estado traba – descaradamente – todos los procesos de inversión y operación empresarial en nuestro país.
En ese entierro tienen vela todos los ministerios que ponen mil trabas a las inversiones empresariales – sobre todo, Medio Ambiente, Cultura, Trabajo, y demás –, y los Gobiernos Regionales y Municipales que cierran locales industriales y comerciales por quítame-estas-pajas. O sea, por las puras.
En realidad, los empresarios – grandes, medianos y pequeños… pero, sobre todo, los pequeños – estamos ante un Estado chantajista y coimero, que se zurra en los trabajadores del país. Los cada vez más frecuentes cierres de bodegas, restaurantes, y pequeños talleres y negocios son – en gran medida – una de las principales causas del desempleo en nuestro país. Y – por ende – del hambre de millones de compatriotas.
Después tenemos el desmadre municipal en materia de servicios de agua potable y saneamiento… empezando por Lima, la capital. ¡Cómo no van a ser hambreadores los pésimos – o inexistentes – servicios de agua potable! ¡Cómo no van a ser hambreadores los pésimos – o inexistentes – sistemas de desagües! ¡Cuántas enfermedades causa el Estado – en este caso, las municipalidades – suministrando aguas contaminadas a nuestros compatriotas pobres! ¡Acaso las letrinas y vertimientos inmundos no causan enfermedades, y por ende, empobrecen – más de lo que están – a los pobres de nuestro país!
Si tan solo la decima parte de los agraviados por la negativa de la sub gerente de Riesgo de Desastres y Defensa Civil de Comas, Evelin Vicente Muñoz , denunciaran a INDECOPI, la negativa terca y vengativa de esta ilegal funcionaria de confianza a reconocer los derechos que concede la ley al silencio administrativo positivo, la muni de Comas tendría que usar todo su presupuesto para pagar las miles de UIT que le pondrían de multa, esperemos que la regidora Rosa Corzo Saldarriaga tome cartas en este asunto y cuide que pague la culpable de estos desmadres y no como siempre la pagana sea MUNICOMAS, eso no sería justo.
ResponderBorrarOjo, pestaña y ceja, son 4 multas por 4 resoluciones en contra de la Municipalidad de Comas por culpa exclusiva de Evelin Vicente Muñoz y sus caprichos y soberbias, desde un principio esta señora empezó su "trabajo" desconociendo el valor del silencio administrativo positivo, como bien dice el director del blog, estos 4 casos que ha perdido la mui comeña son de absoluta responsabilidad de esta mediocre y corrupta dizque funcionaria de confianza, son 80 UIT nada menos, no jodan, que los pague ella, no la muni de Comas.
ResponderBorrarEXPRESO 27 AGOSTO 2024
ResponderBorrarJNJ destituye a fiscal y juez por graves faltas éticas en el Poder Judicial
Junta impone sanciones drásticas.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió destituir a dos magistrados por cometer faltas graves que atentan contra la ética y el correcto desempeño de sus funciones.
Entre los sancionados se encuentra Esteban Genaro Herrera Carthy, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa, quien fue removido de su cargo por un comportamiento que generó indignación en la comunidad judicial.
Vale precisar que Herrera Carthy fue encontrado conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, situación que derivó en un accidente de tránsito. Según reportes, el letrado intentó resistirse al arresto, escudándose en su posición, lo que agravó su situación.
Por otro lado, la Junta también destituyó a Julio César Mollo Navarro, juez supernumerario del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Callao. Mollo Navarro fue inhabilitado tras descubrirse que participó en relaciones extraprocesales con la intención de favorecer a un litigante, lo cual constituye una grave violación a los principios de imparcialidad y ética judicial.
A pesar de que presentó un recurso de reconsideración, la JNJ ratificó la sanción, destacando que su conducta afectó gravemente la confianza en la administración de justicia.
EXPRESO
ResponderBorrarContra la criminalización de la prensa
Hugo Guerra
27 Ago 2024
Es urgente manifestar nuestra plena solidaridad y denunciar el atentado contra la libertad de prensa ante la persecución política y el acoso fiscal contra los periodistas de Contra Corriente de Willax Televisión, encabezados por su director Carlos Paredes y el conductor Augusto Thorndike.
El equipo ha sido denunciado –entre otras cosas– por IDL debido a que el programa emitió un reportaje sobre su información bancaria, lo cual es considerado absurdamente como violación del secreto de las comunicaciones.
Sin embargo, la imputación es insostenible porque al programa televisivo le llegó, en sobre cerrado, el reporte de siete cuentas bancarias que IDL tiene en bancos locales, y que es el dinero que recibe de la fundación Open Society y otras. Los periodistas consideraron que, previa verificación de que se trataba de dos cuentas en soles, dos en dólares y una en euros, debían publicar un informe porque era material de interés público al tratarse de que el Instituto de Defensa Legal es una ONG polémica que impacta en la vida política, en el sistema de administración de justicia, en la vida social y en las comunidades nativas. Además, porque ese dinero llega sin control del Estado.
El criterio editorial fue correcto puesto que existen antecedentes en la jurisprudencia local e interamericana que establecen que cuando un periodista recibe, de manera anónima, una información que considera de alto interés público, y verifica que es verdadera, no comete ningún delito al publicarla.
GESTIÓN 28 AGOSTO 2024
ResponderBorrarAsí están los funcionarios para la contratación pública: ¿básico, intermedio o avanzado?
Especialistas analizan la situación de cara a la nueva Ley de Contrataciones y el Ministerio de Infraestructura.
El Gobierno está cerca de implementar dos cambios fuertes para la inversión pública. Uno es la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP) y el otro es la creación del Ministerio de Infraestructura (Minfra). En este contexto, ¿están preparados los funcionarios públicos encargados de las contrataciones en el Estado? Información que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene sobre la capacidad técnica da luces sobre la situación.
LP PASIÓN POR EL DERECHO 28 AGOSTO 2024
ResponderBorrarCondenan a exalcalde y siete personas por colusión y les ordenan pago de S/4 000 000
La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Pasco logró la condena de cinco años de pena privativa de la libertad, suspendida por cuatro años, en contra de Klever U. Meléndez G., exalcalde de la Municipalidad Distrital de Paucartambo (Pasco) por el delito de colusión desleal.
La condena, obtenida por el fiscal adjunto provincial Víctor Hugo Álvarez García, también se impuso contra otros cuatro exfuncionarios de la citada comuna distrital y tres contratistas.
Según la investigación fiscal, los ahora sentenciados concertaron para defraudar económicamente al Estado, en la ejecución de la obra Mejoramiento de la Carretera Carhuamayo – Paucartambo, entre los años 2007 y 2008.
La condena, obtenida por el fiscal adjunto provincial Víctor Hugo Álvarez García, también se impuso contra otros cuatro exfuncionarios de la citada comuna distrital y tres contratistas.
Según la investigación fiscal, los ahora sentenciados concertaron para defraudar económicamente al Estado, en la ejecución de la obra Mejoramiento de la Carretera Carhuamayo – Paucartambo, entre los años 2007 y 2008.
Como parte de la condena se impuso también el pago de una reparación civil a favor del Estado por un total de S/4 000 000, a ser pagada de manera solidaria.
Con información del Ministerio Público.
Esos alcaldes , funcionarios y regidores que siempre alucinan que la justicia nunca les va a llegar en la figura de una sentencia condenatoria, pase el tiempo que pase, salvo que opere la prescripción, colusión desleal y negociación incompatible son los delitos que gozan de las preferencias de esas lacras corruptas y traidores a los vecinos que los eligieron por sus falsas promesas..
ResponderBorrarLUIS GALARRETA DIXIT: 28 AGOSTO 2024
ResponderBorrarNo es posible que el juez Víctor Zúñiga Urday haya permitido que Domingo Pérez subsane unas 12 veces la acusación que presentó.
Eso no pasa en ninguna parte del mundo. ¿Por qué los medios no lo llaman y le preguntan eso? Seguramente hay cosas más importantes, como lo del ‘Gato Ron Ron’, que ver cómo un juez ha desnaturalizado la justicia en la cara de todo el Perú. Pero a nadie le interesa eso.
La respuesta de Galarreta a la pregunta del periodista resume de una u otra forma la corrupta forma de hacer periodismo en estos tiempos, la prensa a través de reporteros y conductores de TV mediocres así como de muchos redactores de la prensa escrita, no se preocupan de investigar las cosas serias e importantes que suceden en nuestra sociedad y se preocupan del "matrimonio" del alcalde de Surco, ¿cómo conoció a su "esposo" y cojudeces como esas, que en buena cuenta no interesan a nadie medianamente serio y capaz de usar su cerebro.
ResponderBorrarDice un dicho, un consejo, hasta de un conejo, tengo la impresión de que el local del anexo municipal 01, conocido como la 80, donde están las oficinas de fiscalización y transporte está casi, casi, abandonadas a su suerte, sin protección, el trabajo de los fiscalizadores, hombres y sobre todo mujeres, dejan mucha gente molesta y con ganas de venganza, algunas veces con razón, la mayoría y otros, no tanto, pero igual debería haber presencia policial en forma de rondas continuas, probado está que los "serenos" GIR solo sirven para ROBAR PLATANOS Y AGREDIR MUJERES INDEFENSAS, habla Verónica, tu también Eduardo Alfaro Seminario.
ResponderBorrarPOLIDATOS DE EXPRESO 28 AGOSTO 2024
ResponderBorrarCarlos ‘Techito’ Bruce está saltando de un pie porque anunció que se casó con su pareja en España, el día lunes, donde sí está permitida la unión homosexual. Para el exministro, excongresista y actual alcalde de Surco no hay límites, ni en la edad, porque su pareja se ve muy joven. El amor nunca hace daño, el odio sí. ¡A comer perdices!
Ven a lo que me refiero, por amor de Dios, ¿a quién le puede importar que este par se casen, se divorcien o se vayan de rumba? salvo a los surcanos, porque ahora los escritos y oficios dirigidos a MUNISURCO estarán dirigidos al señor alcalde o señora alcaldesa, esto viene a cuento porque el mismo Bruce ha dicho que ahora tiene esposo, ¿su estado civil es soltero o casada? fea nota para los vecinos de Surco.
ResponderBorrarUno de los grandes problemas del 99.9 % de los alcaldes es que no tienen poder de convocatoria de calidad, salvo honrosas excepciones. A todos les palpita aceleradamente el corazón cuando reciben “la llamada” invitándolos a ser gerente municipal o gerentes de lo que sea, se les nubla la mente y empiezan a salivar por el puesto o cargo. Indistintamente de la falta de experiencia o la falta de capacidad para desempeñarla no dudan en aceptar, ven en su futuro cercano lo que siempre han ambicionado, plata, poder, sexo, vía el acoso sexual, la camioneta del año y todo a cambio de qué, del más obsecuente y nauseabundo servilismo.
ResponderBorrarUn golazo de media cancha el tik tok de Comas Alerta Roja denunciando la identidad de la falsa serena GIR, Verónica Luján Quispe, la foto que la presenta bailando en los SS HH en horario de "trabajo" nos muestra a una mujer sin valores, inescrupulosa y abusiva, que no tuvo reparos en agredir violentamente a la comerciante aquella mañana en las a fueras del mercado Santa Luzmila, lo otro, es la ya reconocida calidad de mentiroso contumaz del alcalde de Comas, Ulises Villegas, no ha despedido a ninguno de los involucrados en ese bochornoso caso, la agraviada debería denunciar penalmente a todas esas lacras por robo agravado en banda y que no son trabajadores municipales y no se pueden escudar en el pretexto de una mala intervención, son locadores de servicios, no jodas Ulises Villegas Rojas.
ResponderBorrarLas supuestas gratuidades vienen acompañadas de intencionalidades encubiertas. El mejor ejemplo es la política. Los alcaldes, regidores y funcionarios de las instituciones públicas perfeccionaron esta degeneración. La gente es estafada por candidatos que montan campañas electorales con dinero ajeno, plata destinada a hacer de criminales figuras aparentemente populares y carismáticas. La ganancia llegará después con el manejo de millonarios presupuestos estatales a voluntad de esas mentes mafiosas. Haciendo números, los sueldos de esas mentes mafiosas no empatan con la inversión electoral y, por tanto, recurren al chantaje. Sus trabajadores hacen aportes para cubrir lo gastado y, asimismo, conservar el puesto laboral.
ResponderBorrarBuena descripción de parte de la realidad que viven los peruanos, claro que no son solo los alcaldes sino los gobernadores regionales y congresistas, en Lima Norte tenemos a los 8 alcaldes que están retratados en esta descripción, al azar tomen el nombre de uno de estos malandrines y verán que no se equivocaron al describir su forma de accionar.
ResponderBorrarQue hacían ayer por el centro cívico Mauricio Diez Canseco, dueño de la rustica y ese tal niño Alfredito. ¿Seguro buscaban al alcalde?
ResponderBorrarNota de prensa
ResponderBorrarContraloría General de la República
Municipalidad de Lima pagó de forma ilegal más de S/ 41 millones a funcionarios y servidores de confianza en el periodo 2020-2022
- Contraloría identificó a nueve trabajadores con presunta responsabilidad penal y administrativa
La Contraloría General detectó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizó el pago de S/ 41 131 152 a funcionarios y servidores de confianza, durante el periodo 2020-2022, contraviniendo la normativa legal aplicable, lo que ocasionó el gasto de recursos públicos en menoscabo de los intereses patrimoniales del Estado y la correcta administración pública. Nueve extrabajadores tienen presunta responsabilidad penal y administrativa por estos hechos.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 037-2024-2-0434-AC, los funcionarios de la MML efectuaron el trámite y pagaron por el concepto de “asignación por responsabilidad funcional” a 384 empleados de confianza, a pesar de que desde el 2006 existen restricciones de carácter presupuestal en las leyes anuales de presupuesto del sector público que prohíben el pago de asignaciones u otros similares, cualquiera sea su naturaleza, periodicidad, modalidad, entre otros.
Durante la auditoría realizada se evidenció que no existe documentación que autorice o justifique legalmente el pago de la “asignación por responsabilidad funcional”. Tampoco se encontraron documentos que sustenten la evaluación o métodos aplicados para determinar el monto otorgado lo cual se habría definido de manera discrecional.
Según la normativa vigente, solo se pueden aprobar nuevas bonificaciones, asignaciones, beneficios u otros, mediante decreto supremo o norma con rango de ley dada por el gobierno central, lo cual no sucedió en este caso.
Que pena que estos dos ecoturísticos no tengan experiencia porque recién han terminado Pillaca el 2021 e Yslache el 2022, y lo peor es que tienes q tener 3 años de experiencia específica en ese cargo y también gestión publica el gerente lo llamó a su amigo, los dos son la de la misma universidad Villarreal, y no saben nada y son prepotentes
ResponderBorrarLo peor Abel Pillaca no es colegiado.
Ministra Hania Pérez de Cuéllar llega a Juliaca y hace insólito pedido: "Oren para que no seamos tentados a robar"
ResponderBorrarSus comentarios han causado revuelo entre críticos y seguidores, mientras se destaca la inversión de S/ 1,651 millones en esta iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Los comeños debieran rezar todos los días pidiéndole a Dios que Ulises Billegas deje de robar a dos manos junto a sus funcionarios corruptos en Comas.
ResponderBorrarTiene razón el amigo que comenta sobre los dos ingenieros ecoturísticos que han traído a Comas, uno como gerente ambiental y el otro como sub gerente de áreas verdes y ornato, no sean malos, ¿qué hace un puto ingeniero de ecoturismo en esa gerencia y el otro huevón en áreas verdes y ornato? esta gestión cada día está peor, es igualito que cuando estuvo Chicha Punil, ese payaso es profesor de secundaria y nos sale con una maestría y doctorado medio ambiental, por eso en el informe 017-2023.OCI, el gerente Villalobos Campó le exigió su titulo de ingeniero medio ambiental, no maestría ni doctorado, igual están esos dos soberbios y creídos, esos pobres diablos de los turistas, otra pendejada de la Lourdes Flores Purizaca.
ResponderBorrarTráfico de terrenos: títulos de propiedad de Cofopri impiden venta del inmueble por 5 años
ResponderBorrarLa entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señalo que esta medida busca disuadir el tráfico de tierras.
Cofopri informó que las personas que obtienen un título de propiedad de forma gratuita no podrán transferir o vender el predio formalizado durante cinco, años con la finalidad de evitar la comercialización de terrenos, principal accionar de los traficantes de tierras.
“La Ley N° 31056 que amplía los plazos de la titulación de posesiones informales establece un candado para evitar el tráfico de terrenos y, así, beneficiar con el título de propiedad gratuito, solo a familias que lo necesiten para el acceso a créditos, herencia para la familia o para vivir con la seguridad jurídica de ser propietarios formales de su vivienda”, indicó Víctor Crisólogo Galván, gerente general de Cofopri.
“Si se detecta que el lote titulado es transferido, en el marco de la Ley 31056 y de su reglamento, Cofopri está facultado a revertir inmediatamente el predio a favor del Estado, declarando la transferencia nula e impedida de ser inscrita en el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)”, remarcó el funcionario.
Leo con sorpresa y cólera la información sobre la presencia de la tal Evelyn Pizarro en fiscalización y como siempre jodiendo a la gente humilde, multa y le quita su vehículo mototaxi a un señor porque ella presume, sospecha, que las bolsas de desmonte dentro del vehículo van a ser arrojadas en la vía pública, esa bestia todavía no entiende que la ley no contempla la sospecha como motivo para sancionar y quitarle su mototaxi a alguien, eso es abuso de autoridad, en Comas y España, te hubieras quedado por allá miserable de mierda.
ResponderBorrarSiempre ha sido abusiva y prepotente con los comerciantes y ambulantes, aparte de ser una completa ignorante, es una callejonera con perdón de los que viven en esos sitios, siempre peleando con las personas, ya pues Flor, ponte los pantalones que no tiene ese administrador de empresas fulero.
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