A diferencia de cuando decidí estudiar Derecho, hoy existen más de 20 facultades solo en Lima, por lo que resulta indispensable mantener una permanente campaña de imagen para competir exitosamente con tanta oferta. La primera pregunta que deben responder nuestros jóvenes colaboradores se refiere a la conveniencia de estudiar principios, normas y reglas, en un país donde no respetar el orden jurídico es considerado una muestra de inteligencia; donde dos tercios de la economía se desarrolla de manera informal por las excesivas regulaciones; un Estado en el que la corrupción predomina, generando zonas exentas de autoridad, ya sea en beneficio del narcotráfico, de la minería ilegal o del contrabando; una comunidad política que tolera la manipulación de concursos públicos para que la organización mafiosa que sirve desde hace 25 años a la empresa constructora más corrupta de Sudamérica, designe a personas desprovistas de moral y de formación jurídica en los cargos más importantes de la administración de justicia, sometiéndolas, por su mediocridad, a su antidemocrático control.
➤Estas sabias
palabra del Doctor en Derecho y ex magistrado constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, ponen los puntos sobre las ies en torno a un agudo e
institucionalizado problema nacional: el desprecio por las leyes de las
autoridades de nuestro país. La anomia imperante en la sociedad peruana, desde
el más chico hasta el más grande. Sin embargo, hoy queremos hacer especial
énfasis en los alcaldes tanto provinciales como distritales.
Son
precisamente las municipalidades y sus alcaldes quienes amparados en la
autonomía que les brinda el art. 194 de la constitución, que la terminan convirtiendo
en una suerte de carta blanca para toda clase de tropelías en perjuicio del
pueblo al que representan y es en la designación de los famosos funcionarios de
confianza donde se muestra en toda su dimensión a los alcaldes y gerentes municipales,
contando con la complicidad de los jefes
de RR HH en la elaboración de los “informes” que avalan la designación de gente
que no reúne los requisitos de idoneidad que señala la ley 31419 y su
reglamento, el DS 053. Y como señala esa misma ley, de ser estos requisitos muy
suaves o blandos, tiene la entidad -léase municipios- la obligación de usar los
instrumentos de gestión como el MOF, MCC, CAP, ROF, y demás. Tal como podemos
ver en la siguiente explicación del OCI del municipio comeño en el Informe Nº
017-2023-OCI:
➤Con anterioridad,
en nuestro blog noapaguenlaluzvol2 hemos expuesto las designaciones de funcionarios
de “confianza” de tres municipalidades en Lima Norte y hemos demostrado ninguna
de ellas ni siquiera cumplen con los requisitos de la ley 31419, mucho menos
con los de los MOF de cada entidad. Esto
nos lleva a hacernos una pregunta y con toda razón: ¿por qué recurren a
estas personas que pueden tener y algunas veces tienen título profesional, pero
que no cumplen con la ley en cuanto se refiere a experiencia general y
específica en el puesto o cargo que ocupan?
Aquí es donde
reside el problema central de estas designaciones truchas, bambas, trafas: si
un alcalde designa a la persona idónea para X cargo, con el aval de un informe de
RR HH que sea honesto y verdadero, la entidad no debería tener problemas a
posteriori con dicho funcionario, pero sabemos que eso no sucede en un altísimo
porcentaje de las designaciones. Los informes de RR HH son hecho a la medida
que ordenen los alcaldes porque necesitan funcionarios sometidos, serviles y
chupamedias, ¿por qué? Porque de esta forma les deben sus cargos a esos
alcaldes corruptos que necesitan gerentes y subgerentes chicheñó, que firmen
todo documento que les pongan por delante, sin pedir explicaciones, verdaderos
funcionarios 4 x 4 / todo terreno.
Personalmente
consideramos los casos del subgerente de Logística de Carabayllo, como el más
referencial si se trata de corrupción y desprecio por la ley, sin que se quede atrás
el actual gerente de Desarrollo urbano y rural, SERGIO BRANDO INCA SUAREZ y NEY
FRANCK BALCAZAR ELLESCAS.
➤Queremos terminar esta pequeña nota agregando las palabras del Dr. Luis Lama Puccio, cuando se refiere a dos de los problemas centrales de nuestra sociedad, la corrupción e impunidad:
“Me refiero a la necesidad de modificar la actual Constitución Política para que, una vez agotados todos los procedimientos necesarios, finalmente se incorpore un artículo específico en el que se establezca, como principio rector en materia constitucional, la prevención y fiscalización de la corrupción como parte de una política de Estado. En los mismos términos y condiciones, se debería hacer referencia a la impunidad, incluso con un mayor alcance, en razón de que el problema que trasciende y marca la ruta de los acontecimientos históricos hacia el futuro es la impunidad”.
La Constitución Política
Hago referencia a un tema de alcance constitucional porque nuestra actual carta magna no señala nada sobre este particular, a pesar de la trascendencia, las consecuencias y los alcances que tiene para una nación como el Perú la corrupción y todo lo que la rodea. Un tema que debería tener incluso preeminencia sobre otros debates parlamentarios.
Hablamos de la moral pública y ciudadana, tan necesarias en los momentos actuales, frente a la proliferación de casos de corrupción y una serie de modalidades conexas que la circundan. Hago esta referencia porque nuestro marco constitucional actual no hace ninguna mención específica a la corrupción ni a la impunidad. Solo se hace una mención tímida y retraída al derecho amplio que tiene toda persona a su integridad moral.
En realidad, debería haber una mención expresa a la corrupción y la impunidad como parte del desarrollo de una política de Estado, en igualdad de derechos y exigencias que otros aspectos fundamentales, como el derecho a la salud, el trabajo, la educación, la lucha contra el narcotráfico y otros temas esenciales para cualquier sociedad que aspira a ser democrática y respetuosa de los derechos humanos.
➤Un gran aporte de Lamas Puccio sobre la impostergable necesidad de sumar a nuestra Constitución
estos dos agudos problemas de la sociedad peruana que corrompen y malogran día
a día la vida de los peruanos, especialmente en la relación, alcaldes y
vecinos, contribuyentes, comerciantes y mypes.
