La corrupción, entendida como el mal uso del poder
político-burocrático por parte de camarillas de funcionarios, es uno de los
flagelos más grandes, sino el más importante, que afronta el país. La colusión
de los trabajadores municipales con los mezquinos intereses privados para
obtener ventajas económicas, la malversación o el desvío de recursos públicos,
además de la distorsión de políticas e instituciones (Quiroz, 2013, p.38), no
hace sino perjudicar a la ciudadanía y a las propias instituciones que
representan. La discusión sobre este fenómeno ha venido incrementándose gradualmente,
al punto de posicionarse como un tema principal en los últimos años. Es así
como hoy la corrupción se investiga de manera especializada y se cifra para evaluar
su efecto en las distintas esferas de lo social, lo político y lo económico.
Las consecuencias de la corrupción se traducen en la inestabilidad política de
los Estados, la ineficiencia y el desaprovechamiento de los recursos, la mala
implementación de las políticas públicas y la desconfianza recíproca entre los
ciudadanos y la institución (Montoya, 2011) (Jaramillo y Bardález, 2019), lo
que obliga a pensar si la descentralización genera mayores o menores niveles de
corrupción. De acuerdo con Tanaka (2005), la centralización aumenta las
posibilidades de corrupción, en tanto que un pequeño grupo concentra el poder y
uno de sus objetivos consiste en no tener competencia de ninguna clase.
Asimismo, cuando el poder se encuentra disperso, las posibilidades de
visibilidad de los actos de corrupción son mayores, puesto que actúan en
competencia y autónomamente, generando la pérdida de legitimidad estatal. Sin
embargo, Kahhat (2005) propone que la corrupción centralizada es menos nociva
económicamente que cuando es descentralizada, debido a que, en el segundo caso,
se multiplican las posibilidades de tener acceso a la toma de decisiones. De
esta forma, pese a que en la corrupción centralizada los montos tienden a ser
mayores y las estrategias son más sofisticadas, existe la posibilidad de
monitorear los procesos y los patrones de corrupción conocidos.
Es a partir de procesos como estos que la mirada se
centra en los gobiernos locales, entidades que se encuentran en la base de la
organización territorial del Estado y son canales inmediatos de participación
vecinal en los asuntos públicos. Asuntos públicos que, además,
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
colectividades, además de elementos esenciales como el territorio, la población
y la organización. Sin embargo, estos procesos se ven amenazados por el déficit
de profesionales y de personal bien capacitado a nivel descentralizado para
garantizar un mínimo de estabilidad administrativa que haga sostenible a la
administración. Otro elemento que desafía esta situación es que, a partir de la
prohibición de reelección inmediata, los alcaldes tienen que resolver la
situación en un mandato electoral único. En el Perú, quien ejerce el gobierno
local es la municipalidad, institución que está constituida por un alcalde, un
concejo municipal (presidido por el alcalde y los regidores) y un cuerpo
administrativo a cargo de directores, funcionarios, empleados y obreros. Los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. Se puede afirmar, pues, que las municipalidades
son órganos autónomos de gobierno local (Muñoz, 2010, p. 9), lejos de la idea
de que son solo un cuerpo técnico para la planificación y la gestión del
desarrollo local. La dificultad sobre el modo en que se aprecian las
municipalidades yace en que, de acuerdo con Muñoz (2010), la relación entre
política y desarrollo local ha sido insuficientemente estudiada en el Perú. Lo
mismo ocurre con el rol de la alcaldía y el concejo municipal en su lucha
contra la corrupción, aunque autores como Huber (2008), Pajuelo (2009), Muñoz
(2013) y Mujica (2005 y 2006) han realizado algunos avances. En estos se puede
encontrar la dinámica que liga las redes interpersonales y el patrimonialismo o
clientelismo, así como las prácticas de poder, informalidad y corrupción que
albergan. De hecho, Mujica (2011, p. 42) explica que “así como la corrupción
resulta ser un lenguaje, es también un modo de transgredir, de ahí que la
transgresión pueda ser entendida como un lenguaje, como un acto con sentido”,
es decir, lo que interesa es la relación del delito o la transgresión con la
ley, y no su oposición, que estructura relaciones de poder y supera la lógica
económica.
Para prevenir la corrupción, el concejo municipal y la
alcaldía no solo tienen el desafío de enfocarse en la búsqueda de “soluciones
de laboratorio” (Huber, 2008) sino en la comprensión del problema en el espacio
local. Para ello se hace imprescindible que las disposiciones normativas o el
diseño organizacional de las instituciones públicas puedan resultar eficaces
contra la corrupción porque, si bien la reelección inmediata de alcaldes ya no
está permitida, el diseño institucional vigente da origen a cuerpos políticos
alcaldistas y con mayoría absoluta en el concejo, dificultando la posibilidad
de que este último se convierta en un primer nivel de control interno en las
municipalidades (Muñoz, 2005) y, además, facilitando las intrincadas formas de
corrupción y la no responsabilidad de la gestión municipal. Aunque, por
supuesto, tampoco se sabría cómo gobernaría el alcalde si tuviera una mayoría
opositora en el concejo. Lo cierto es que la corrupción revela el modo en que
la municipalidad re[1]produce los males de
los órganos de gobierno del Estado, lo que se expresa en la pugna por una mayor
jerarquía y preeminencia de los miembros de cada uno de los órganos (Rodríguez,
1987). En este contexto, la lucha contra la corrupción solo aparece como un
discurso y una herramienta contra el adversario. Si se requiere hacer un
cambio, todo dependerá de la relación que se establezca entre las principales
fuerzas de gobierno: “alcalde fuerte–concejo débil, alcalde débil–concejo
fuerte o equilibrio de poderes” (Rodríguez, 1987, p. 45). FUENTE: Instituto de Ética y Desarrollo.
Si bien es cierto que este valioso material
fue creado entre 2019 a 2020, eso no
quita su vigencia para el 2023 y los años venideros. Como podemos
apreciar, la corrupción municipal se ha institucionalizado de forma feroz y
perversa en la mayoría de los distritos de Lima Norte, más no así en Comas, como lo
demuestra esta interesante y verdadera nota del DIARIO WORD PRESS sobre los logros
de Ulises Villegas en materia de seguridad ciudadana. Haber conseguido, por el
momento, reducir la delincuencia y criminalidad en Comas como para estar entre
los 13
distritos finalistas en buenas prácticas de seguridad ciudadana es todo un
logro donde no cabe la corrupción...
COMAS ESTÁ ENTRE LOS 13
DISTRITOS FINALISTAS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Con solo 10 meses de Gestión y después
de medir a 1874 distritos, son 13 de ellos los finalistas a las Buenas
Prácticas en Seguridad Ciudadana, divididos en 3 categorías, por ello, el
Director General de Seguridad Ciudadana, en su condición de Secretario Técnico
del CONASEC y Coordinador Territorial del Programa Presupuestal 0030 “Reducción
de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana», en mérito a la Cuarta
disposición del Decreto Supremo N° 011-2014-IN, que fomenta el intercambio de
buenas prácticas entre los gobiernos locales.
Es así que el Ministerio del Interior
informa que son solo 13 Municipalidades, dentro de 1874, las que han calificado
para la fase final, entre las que se encuentra el distrito de Comas con el
“Sistema de Monitoreo y Seguimiento de Incidencias por Cuadrantes reportadas
por las Brigadas y Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana para la Convivencia
Pacífica del Distrito de Comas».
El Alcalde de Comas Ulises Villegas,
tienen el compromiso y confía en acabar primero en su categoría, respaldado por
su Plan Macro “Comas Seguro 24/7», conformado por distintas Estrategias de
Seguridad como lo son:
Plan Cuadrante.
Plan Cerco.
Plan Paraderos y Puentes Seguros.
Plan Colegios Seguros.
Plan de Patrullaje Destello.
Plan Patrullaje Integrado.
Plan de Monitoreo Integrado.
Planes Específicos por Fechas.
Así
desfilan los heroicos y valientes SERENOS GIR, cuya lucha diaria contra el
crimen y la delincuencia nos permiten a los comeños contar con un distrito con
full seguridad ciudadana…
bajo responsabilidad”, en una tacita prohibición de la ilegal imposición de dos-sanciones simultaneas: la multa y la clausura (disfrazada de medida correctiva o provisional o como se le quiera llamar), y prohibiendo el pago de la multa, como condición para el levantamiento de la clausura temporal, es decir eliminando de un plumazo, la fiscalización como otra forma de abusiva recaudación municipal.
