EJECUCIÓN DIFERIDA, EL AS BAJO LA MANGA

 

SALA PENAL TRANSITORIA APELACIÓN Nº 21-2019 LIMA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO SOBRE EL PEDIDO DEL PROCESADO RODOLFO ORELLANA RENGIFO PRIMERO.

El procesado Orellana Rengifo, mediante el escrito del seis de mayo de dos mil diecinueve

1 , solicitó lo que denominó “Revisión de oficio de ejecución inmediata de sentencia recurrida”, con base en los siguientes argumentos: 1.1. La Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia Lima, el dos mil diecinueve, lo condenó conjuntamente con su co sentenciado Luis Guillermo Arellano Martínez, a la pena privativa de libertad de seis años. En la sentencia se dispuso la ejecución inmediata de la pena para su persona; sin embargo, al citado Arellano Martínez, le suspendieron la ejecución de la pena impuesta por el mismo tiempo hasta que se emita la resolución de segunda instancia. No se expresaron las razones que motivaron tal distinción, puesto que ambos se encontraban en condición de procesados libres.

8.4. Los delitos de corrupción son de lesa de humanidad por ser un grave flagelo a la sociedad, de conformidad con los tratados internacionales. Por tanto, el derecho a la salud de Orellana Rengifo debe ponderarse considerando ese punto y, además, el derecho a la tutela jurisdiccional.

 NOVENO. De conformidad con el inciso 5, artículo 424, del CPP, se escuchó al procesado Orellana Rengifo, quien señaló que él y Arellano Martínez fueron condenados por el delito de cohecho respecto del primer hecho, y ambos impugnaron dicho extremo. Sin embargo, la Sala Superior suspendió la ejecución inmediata de la pena de su coacusado, pero no motivó porque no se usó el mismo criterio para su caso. Estimó que la ejecución provisional de la pena que le impusieron es inconstitucional.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DECIMOPRIMERO.

El legislador, en el Código Procesal Penal, se decantó por el sistema de la ejecución provisional del extremo condenatorio referido a la pena privativa de la libertad, cuando la decisión es impugnada. En ese sentido, el inciso 1, artículo 402, del Código acotado es claro, pues textualmente prescribe que: “La sentencia condenatoria, en su extremo penal, se cumplirá provisionalmente, aunque se interponga recurso contra ella, salvo los casos en 11 SALA PENAL TRANSITORIA APELACIÓN Nº 21-2019 LIMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA que la pena sea de multa o limitativa de derechos”. Esta disposición debe ser leída, interpretada y aplicada conforme con el artículo 412 del CPP, según el cual: “Salvo disposición contraria de la ley, la resolución impugnada mediante recurso se ejecuta provisionalmente, dictando las disposiciones pertinentes si el caso lo requiere”. En términos similares, el párrafo primero, inciso 2, artículo 418, del CPP establece: “Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente”.

DECIMOSEGUNDO. Los jueces de la Salas Supremas en lo Penal de esta Suprema Corte, en el Acuerdo Plenario N.° 10-20099 , sobre Ejecución de la pena de inhabilitación y recurso impugnatorio, efectuando un análisis literal y sistemático de las citadas disposiciones, dejó establecido: Ello significa, entonces, que solo las sentencias que imponen penas privativas de libertad y restrictivas de libertad que consignan los artículos 29 y 30 del Código Penal –en adelante, CP– se cumplen provisionalmente pese a la interposición de un recurso impugnatorio contra ellas.

DECIMOTERCERO. No obstante la regla general, se han establecido supuestos de excepción, como es el caso del inciso 2, artículo 402, del CPP, cuyo texto enuncia: “Si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso”.

DECIMOCUARTO. Algo similar ocurre con el segundo párrafo, del inciso 2, artículo , 418, del CPP, ya anotado, conforme con el cual: En todo caso, el Tribunal Superior, en cualquier estado del procedimiento recursal, decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse.

DECIMOQUINTO. El citado Acuerdo Plenario, luego de señalar que como regla general rige el sistema de la ejecución provisional del extremo condenatorio de la pena privativa de la libertad, también efectúa un análisis de las dos últimas disposiciones, por lo que menciona la otra opción que tiene un juez: la suspensión de la ejecución provisional de la pena, la cual solo es aplicable en el contexto de que el procesado se haya encontrado en libertad. Si se opta por la suspensión, se deben dictar las medidas que sean necearías para asegurar el juzgamiento en segunda instancia. El texto de lo acordado es el siguiente:

Por tanto, si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el juez penal, interpuesto el recurso, según lo autoriza el artículo 402.2 NCPP, podrá optar por su inmediata ejecución o por imponer alguna restricción de las previstas en el artículo 288 NCPP. A su turno, el Tribunal de Revisión, en caso se hubiera optado por la inmediata ejecución de la pena impuesta, podrá suspenderla, atendiendo a las circunstancias del caso, según el artículo 418.2 NCPP. Tal efecto suspensivo concluirá cuando la sentencia queda firme.

DECIMOSEXTO. En conclusión, a diferencia de otros países en los cuales la pena privativa de libertad no se ejecuta hasta que adquiera firmeza –como es el caso de Brasil- en nuestro ordenamiento procesal penal, la regla general es la ejecución provisional del extremo condenatorio referido a la pena privativa de la libertad, y la excepción, es la suspensión de la misma. Se trata de una facultad que se otorga al juez que sentencia y al que conoce la apelación, quien puede optar por esta medida, luego de evaluar la naturaleza y gravedad de los hechos, y el peligro de fuga.

Hasta aquí el arroz con mango que significan los  entripados de los que dispone la ley en el Perú cuando quiere favorecer a alguien con poder económico y los jueces se sacan los ases bajo la manga para conceder libertad pese a haber una sentencia condenatoria de por medio, como en el caso de Ulises Villegas Rojas, la ejecución diferida, que no existe en nuestro ordenamiento jurídico penal y el criterio de conciencia que pasa a llamarse una “facultad” que se otorga al juez que sentencia y al que conoce la apelación, el mismo que puede optar por esta medida, luego de evaluar la naturaleza y gravedad de los hechos más el peligro de fuga.

Pero con todo esto de por medio, la Primera sala penal de apelaciones transitoria que ve la apelación de Villegas Rojas y sus cómplices, solo tiene un camino y ese, es confirmar la sentencia condenatoria de 6 años de carcelería por COLUSIÓN AGRAVADA, veamos el porqué de nuestros dichos: