RICARDO REYNA TORRES Y LAS REPOSICIONES JUDICIALES EN COMAS

Todo parece indicar que las palabras “reposición judicial” son las que producen náuseas y vómitos además de cefaleas o terribles migrañas al “todopoderoso” jefe de RR.HH. de la infame gestión municipal del actual alcalde de Comas, claro está que hablamos de Javier Ricardo Reyna Torres, abogado de profesión aunque parezca inverosímil y magister en Gestión Pública. Hacemos hincapié en esto porque se supone que por angas o por mangas el susodicho conoce la ley y los procedimientos administrativos de la gestión pública, por lo que resulta inaceptable el desprecio que se maneja ya que desconoce de lo aprendido en su formación académica durante los 5 años de estudios universitarios de Derecho tomados por este sujeto.

¿Qué razones, motivos, causas o circunstancias motivan a que Reyna Torres se niegue sistemáticamente, reiteradamente  a cumplir con las resoluciones  judiciales de reposición laboral de decenas de trabajadores municipales comeños? Capricho, política de gestión o pura sociopatía, odio malsano a los trabajadores, sea lo que fuere el resultado es uno solo: la total indefensión de los trabajadores ediles ante el abuso indiscriminado de este señor, por llamarlo de alguna manera. A partir del próximo párrafo vamos a seguir en la redacción del presente artículo con la ayuda del Informe  de la Defensoría del Pueblo que se pinta de cuerpo entero en estos casos específicos de incumplimiento de las resoluciones judiciales de reposición laboral.

“La Constitución peruana de 1993, en su artículo 139°, establece los principios y derechos de la función jurisdiccional. En el inciso 3) de dicha norma, se dispone como integrante de éstos: "La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional". En consecuencia, el derecho a una tutela judicial efectiva se encuentra plenamente garantizado en nuestro ordenamiento constitucional, por lo que cabe exigir su vigencia y eficacia. Una regla fundamental en materia procesal, es aquella que dispone que “las sentencias se ejecutarán en sus propios términos”. Luciano Parejo3 , al referirse a los principios y límites de la ejecución, señala que la misma: “debe estar en línea de continuidad con el título jurídico que le sirve de fundamento. Tiene por finalidad llevar a puro y debido efecto (realizar en la práctica) los pronunciamientos judiciales contenidos en la Sentencia o resolución, por lo que debe comprender todo, pero al mismo tiempo sólo lo necesario, a tal fin, de suerte que el resultado sea la identidad entre lo ejecutado y lo estatuido”. De poco serviría obtener una decisión final favorable en un proceso si esta sentencia no logra cumplirse y ejecutarse; mal podría afirmarse, en tal supuesto, que el derecho a la tutela judicial ha quedado efectivamente realizado y garantizado”.

En la práctica vemos que esta recomendación de la Defensoría del Pueblo no pasa de ser un saludo a la bandera por parte de los funcionarios municipales de Comas, quienes creen que sus “derechos” como señores feudales en la aplicación de la ley siguen inalterables como en tiempos medievales, pero sigamos leyendo amigos míos.

“No en vano el profesor García de Enterría ha cuestionado la continuidad de estos privilegios de la Administración, a los que denomina “un asombroso fósil medieval viviente fuera de su medio”. Y es que si el cumplimiento de las sentencias queda librado a la discrecionalidad de la Administración, se vulnera la noción misma del Estado de Derecho y se crean condiciones para un régimen de arbitrariedad e imprevisibilidad, contrario a principios constitucionales como la separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial. A su vez, se rompe notoriamente el derecho de igualdad que debe asistir a las partes en el proceso, al supeditarse la ejecución de la sentencia judicial a la voluntad de una de éstas, paradójicamente la parte derrotada. La persistencia de excepciones en favor del Estado o de las entidades públicas, que dificultan o tornan impracticables los mecanismos procesales previstos para la ejecución forzosa de las decisiones judiciales, ante la renuencia o resistencia al cumplimiento por parte del obligado, convierten en ilusorio el derecho de los justiciables a alcanzar una tutela judicial real y efectiva. Debemos tener presente que la Administración no se justifica en sí misma sino en función de los intereses generales o públicos. Por ello, resulta razonable la existencia de ciertos privilegios estatales, establecidos con la exclusiva finalidad de preservar los mencionados intereses. A pesar que pudieran subsistir algunos privilegios especiales, de carácter excepcional, en ningún caso puede admitirse que ello conlleve dejar librada la ejecución y el cumplimiento de la sentencia a la voluntad unilateral del ente estatal. Por el contrario, nuestro sistema constitucional consagra una obligación de cumplimiento, cuando en el artículo 118° inciso 9) de la Constitución, se establece entre las funciones y atribuciones del Presidente de la República, "cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos judiciales”.

Ya vamos viendo que sobre el papel la ley encarnada en la Constitución Política del Estado y demás herramientas jurídicas le dan la razón al trabajador, pero que en la vida real las cosas no son ni remotamente así, porque en el caso de Comas los trabajadores que van a la muni comeña con su resolución judicial de reposición se topan con un Julio Taype: leal mastín de los corruptos que fungen de jefes de turno, o en el caso de la actual gestión en las manitas de la grácil y delicada mujercita del regidor Jhoncito Esteban Moreno: la simpática locadora de servicios Amelu. ¿Cómo la ven? Ahora no digan que el regidor no tiene la capacidad de influir en la contratación de su mujercita en la sub gerencia de RR.HH, pero en tanto sigamos que ya acabamos, paciencia cachanchanes y démosle palante como el elefante.

“Por último, cabe advertir que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente Nº 006-96-AI/TC, de fecha 30 de enero, publicada el 7 de marzo de 1997, ha considerado lo siguiente: "Cuando (el Estado) contrata y se obliga ante particulares, ambas partes deben someterse a las mismas reglas y no puede el Estado tener un nivel de preeminencia; lo contrario sería ir contra el principio de igualdad ante la ley. La persona que acude en busca de justicia, a la función jurisdiccional, sea quien fuera, recurre pidiendo solución a un conflicto de intereses intersubjetivos y no Administrativo y Editorial Jurídica Venezolana, 1995, p. 518. 6 Cfr. García de Enterría, Eduardo. Hacia una nueva Justicia Administrativa. Madrid: Civitas, 1989, p. 151. 6 puede hacerlo con más privilegios que la otra parte o contrario, así sea éste el Estado, quien con mayor obligación debe acudir sin otro privilegio que la razón o el derecho; es decir, que ambos recurrentes deben hacerlo en igualdad de condiciones y con la plena confianza que van a obtener justicia en forma igualitaria, de tal suerte que no se merme la seguridad jurídica”

¿Hasta cuándo seguiremos soportando los comeños , los trabajadores municipales en actividad y los jubilados, pero con mucha más razón los que viene de batallar en el Poder Judicial para obtener una resolución judicial de reposición que Ricardo Reyna Torres se encapricha en no acatar dándose el lujo de interpretar dichas resoluciones, prevaricando de forma reiterativa y altanera? Basta ya señores y exijamos la aplicación de la ley con las medidas que esta misma ley nos otorga, las denuncias ante las personas e instancias pertinentes. JUSTICIA CARAJO YA Y AHORA, JUSTICIA QUE TARDA NO ES JUSTICIA.

 El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales constituye, pues, una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional y que no se agota allí, pues por su propio carácter tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (v. gr. derecho a un proceso que dure un plazo razonable). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido (STC N.º 15-2001-AI, 16-2001-AI, 4-2001-AI, Fundamento 11).

14.    Debe resaltarse, por otra parte, que nuestro ordenamiento jurídico está fundamentado en la necesidad de asegurar el valor de la justicia. Por ello, el artículo 44º de la Constitución establece que entre los deberes primordiales del Estado se encuentra el de “promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia”. La capital importancia que para el interés público tiene el cumplimiento de las sentencias obliga a los jueces y tribunales a adoptar las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales, lo mismo que a la parte vencida al cumplimiento oportuno de los fallos judiciales. El profesor González Pérez (Manual de Derecho Procesal Administrativo. Madrid: Civitas, 2001, 3ra. Edición, p. 425) enfatiza que la administración de justicia no sería efectiva si el mandato de la sentencia no fuera cumplido.

Alguien con conocimiento de las leyes en el municipio comeño debe recordarle al alcalde Raúl Díaz Pérez  que por razones desconocidas o por azares del destino  también es abogado y que las resoluciones judiciales no se interpretan solo se acatan, también que ambos terminarán sus quehaceres en Comas llevándose sus buenas denuncias penales en las fiscalías de Lima Norte, ah, algo más, con los fiscales y jueces corre eso de comida acabada, amistad terminada, después de acabada la comida todo es con la tuya chugurino.