➤Cuando corría el año 2020 y Raúl Díaz Pérez era alcalde de Comas, no se le ocurrió mejor idea que designar a Maybi Georgina Pérez Silva como subgerente de Salud y Programas Sociales, con R. de A. Nº 148-2020-AL/MDC de fecha 03/03/2020… al momento de efectuarse la designación, la entidad aún no contaba con un Manual de Organización y Funciones específico actualizado para dicha subgerencia recientemente creada, razón por la cual correspondía aplicar los criterios generales contenidos en el Clasificador de Cargos institucional y las disposiciones técnicas emitidas por SERVIR respecto al acceso a cargos directivos.
En ese contexto, existirían indicios razonables de que la funcionaria designada no contaba con experiencia específica suficiente en conducción, dirección, supervisión o jefatura dentro de la administración pública para asumir válidamente un cargo directivo del nivel funcional correspondiente. Pese a ello, fue incorporada y permaneció ejerciendo funciones hasta el 01 de octubre de 2022, fecha en la cual se aceptó su renuncia mediante Resolución de Alcaldía N.º 096-2022-AL/MDC.
Es fácil y notorio darse cuenta del riesgo que para la legalidad y correcta administración pública habría causado y causó la permanencia de la susodicha funcionaria de confianza en la administración pública, en este caso la Municipalidad de Comas, durante 31 meses.
📄Los hechos descritos evidenciarían una posible afectación a:
- El principio de meritocracia en el acceso a cargos públicos.
- El principio de legalidad administrativa.
- El deber de cautela en las designaciones de funcionarios de confianza.
- La correcta administración de recursos públicos.
- Los estándares mínimos de idoneidad exigibles a funcionarios directivos.
La eventual designación de personal sin cumplimiento del perfil requerido habría permitido el ejercicio de funciones públicas estratégicas sin acreditar capacidad técnica suficiente conforme a los estándares establecidos.
➤Así las cosas, tenemos un caso que por sus características especiales debió ser denunciado hace años, pero no se hizo y tal vez, solo, tal vez, los sinvergüenzas protagonistas de esta grosera violación al art. 381 del CP, puedan creer que su caso ya prescribió y colorín, colorado este cuento se ha acabado… nada de eso, el caso está fresquito y listo para la fiscalía anticorrupción, la CGR y hasta la Corte Internacional de La Haya si es necesario.
Veamos -porqué según algunos letrados de quinta, la prescripción obra entre los 3 y 4
años, dependiendo de si hay daño patrimonial al estado o no, ¿hay daño
patrimonial al Estado en este caso? Claro que lo hay, veamos por qué:
📄PRESCRIPCIÓN PARA RAÚL DÍAZ PÉREZ y MAYBI PÉREZ SILVA:
Es exactamente correcto. Al acreditarse un daño patrimonial al Estado mediante el cobro ilegal de sueldos, se activa plenamente la duplicación del plazo de prescripción de la acción penal.
Esta figura jurídica está blindada constitucionalmente y se ejecuta de manera estricta bajo los siguientes fundamentos del marco legal peruano:
1. Activación del Artículo 41 de la Constitución
La Ley N.° 30650 (Ley de Reforma del Artículo 41 de la Constitución) establece de forma taxativa que el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado.
- Dado que el delito imputado en este escenario es el de Nombramiento o aceptación ilegal de cargo (Artículo 381 del Código Penal), e involucra un perjuicio económico directo (los sueldos cobrados sin cumplir los requisitos de la Ley N.° 31419), la duplicidad opera de manera automática.
2. Cómo se calcula el tiempo para perseguir el delito
Si el delito de nombramiento ilegal tiene una pena máxima de 4 años de cárcel: [1]
- Prescripción ordinaria: Normalmente el Estado tendría solo 4 años para procesar a los implicados.
- Con la duplicidad constitucional: Al existir afectación al patrimonio estatal, el plazo ordinario se eleva a 8 años.
- Prescripción extraordinaria: Si la Fiscalía ya inició la investigación e interrumpió el plazo, se suma la mitad del plazo duplicado, permitiendo al Estado perseguir penalmente a los responsables hasta por un máximo de 12 años.
3. El destino de los sueldos: No es remuneración, es daño
La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han dejado en claro que el dinero público entregado a un funcionario ilegal no goza de la protección constitucional del derecho al trabajo ni a la remuneración. Al ser nula la designación, el pago pierde su causa jurídica lícita, transformándose íntegramente en un desembolso indebido que lesiona los fondos públicos.
4. Responsabilidad Civil Solidaria y sin escape
Además de la vía penal con plazo duplicado, la Contraloría General de la República inicia un proceso civil de indemnización por daños y perjuicios. En este proceso:
- El funcionario ilegal y la autoridad que lo designó responden de manera solidaria.
- El Estado puede embargar los bienes y cuentas personales de ambos para recuperar hasta el último sol de los sueldos emitidos.
