¿HASTA CUÁNDO SE SEGUIRÁ LLENANDO LA MUNICIPALIDAD DE COMAS CON ABOGADOS TRAIDOS DEL MONTÓN?

 

¿POR QUÉ EL ALCALDE DE COMAS PERMITE QUE UN FUNCIONARIO DE UN ÓRGANO DE LÍNEA DICTE DISPOSICIONES RESERVADAS A LA ALTA DIRECCIÓN, Y QUE NO SE ENCUENTRAN ENTRE SUS ATRIBUCIONES?

¿POR QUÉ PONE LOS EMPRENDIMIENTOS DE MILES DE COMEÑOS EN MANOS DE PERSONAS SIN PREPARACIÓN E INHÁBILES LEGALES?

Vamos por lo sano, si don Jara Alvarado, José Carlos, abogado de la cachina, y Subgerente (e) de Control y Operaciones de Comas, ha requerido personal locador en la función o cargos de OPERARIOS MUNICIPALES, entonces que carajo significa: “DESIGNAR COMO INSPECTORES MUNICIPALES ADSCRITOS A LA SUBGERENCIA DE CONTROL Y OPERACIONES, ¿al personal que se detalla a continuación?

1.       Briceño Barrera Fiorella Astrid, con DNI Nº 47094598

2.       Calvo Vega Armando Javier, con DNI Nº 08010706

3.       Castañeda Sedano Rosmery, con DNI Nº 44543993

4.       Checa Tobaru Luis Ricardo, con DNI Nº 08097925

5.       Leyva Machuca Joao Eduardo, con DNI Nº 46487863

6.       Milla Piña Cintia Mayra, con DNI Nº 48417359

7.       Morales Muñoz Emilio Bernardo, con DNI Nº 40597090

8.       Núñez Barrera Pedro Antonio Vicente, con DNI Nº 10747950

9.       Pizarro Obregón Daniel, con DNI Nº 25456605

10.   Rabanal Saldaña Oscar Abel, con DNI Nº 41390313

11.   Reyna García Lee Denyelly, con DNI Nº 70097890

12.   Roncal Vargas Percy Antonio, con DNI Nº 42809014

13.   Urcuhuaranga Medina Hugo, con DNI Nº 42198355

14.   Vásquez Vilca Edwin Jeancarlos, con DNI Nº 48148336

15.   Guadalupe Ramírez Yolanda, con DNI Nº 40963944.

 

Así reza la Resolución Gerencial, no publicada (siguiendo el ejemplo del peor alcalde de Comas) y escondida del escrutinio público, que, mediante su Artículo Primero, “DESIGNA” a los 15 locadores de servicios listados, requeridos inicialmente como OPERARIOS MUNICIPALES, por la Subgerencia de Control y Operaciones, y que, ahora, por designio del Gerente de Fiscalización y Transporte, de Comas, estrenan los novísimos cargos y encargos de INSPECTORES MUNICIPALES.

¿REQUERIR OPERARIOS Y DESIGNAR A LOS MISMOS COMO FISCALIZADORES? NOS HUELE A ADULTERAR O TRAMPEAR

Salgamos de las dudas primero. Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española -RAE, con el término Operario se nombra a los trabajadores manuales u obreros.

De otro lado, el vocablo “DESIGNAR”, no se encuentra establecido en la relación de naturaleza civil, propia de los locadores de servicios, regulada por el Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, promulgado el 24-julio-1984) y la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 082-2019-EF, TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado).

Por el contrario, es un concepto ampliamente establecido y usado en el régimen laboral de la actividad pública, regulada mediante Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público (a través de su Art. 14º y Novena Disposición Complementaria, Transitoria y Final), el Decreto Supremo Nº 005-2010-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276 (a través de su Art. 77º), y, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil (a través del Art. 81º), que han definido la designación como un procedimiento de desplazamiento de un personal de carrera, o el desempeño de cargo directivo público o de confianza.

Los Operarios municipales que se listan líneas abajo (así fueron requeridos por el Subgerente de Control y Operaciones), ahora llamados Fiscalizadores Municipales (por el mismo abogado, ahora en a condición de Gerente de Fiscalización y Transporte), claramente no son servidores de carrera, ni directivos públicos o de confianza, y, claramente tampoco pueden ser DESIGNADOS para cargo público alguno.

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público

Artículo 14.- El servidor de carrera designado para desempeñar cargo político o de confianza tiene derecho a retornar a su grupo ocupacional y nivel de carrera, al concluir la designación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

Novena.- Los servidores públicos de Carrera que han ascendido a la condición de funcionarios antes de la vigencia de la actual Constitución Política del Estado conservarán todos sus derechos adquiridos. A los ascendidos con posterioridad se les aplicará, en caso de concluir su designación, lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ley.

DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM, REGLAMENTO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA

Artículo 77º.- LA DESIGNACION

La designación consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad; en este último caso se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y del consentimiento del servidor. Si el designado es un servidor de carrera, al término de la reasignación reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la entidad de origen. En caso de no pertenecer a la carrera, concluye su relación con el Estado.

LEY Nº 30057, Ley del Servicio Civil

Artículo 81. Desplazamiento

El desplazamiento de personal es el acto de administración mediante el cual un servidor civil, por disposición fundamentada de la entidad pública, pasa a desempeñar temporalmente diferentes funciones dentro o fuera de su entidad, teniendo en consideración las necesidades del Servicio Civil y el nivel ostentado. Los desplazamientos son:

a) Designación como directivo público o como servidor de confianza.

Y SALGAMOS DE LAS DUDAS POR SEGUNDA VEZ: LA MUNICIPALIDAD DE COMAS Y EL FUNCIONARIO DE MARRAS ¿TIENEN ATRIBUCIÓN PARA DESIGNAR A LOCADORES DE SERVICIOS?

Hemos revisado los Artículos, 138º, de la Gerencia de Fiscalización y Transporte, y el Artículo 140º, de la Subgerencia de Control y Operaciones, del actual Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad distrital de Comas, aprobada con la Ordenanza Nº 584/MDC, y no encontramos, por ningún lado, atribución o función alguna, que faculte, a ninguno de los funcionarios de estas 2 unidades orgánicas estructurales, a DESIGNAR a personas naturales en su condición de Contratados por Locación de Servicios, en cargos y funciones de naturaleza permanente.

Y esto nos lleva a la natural conclusión de desconocimiento de la legislación laboral, que felizmente para el funcionario involucrado no se encuentra penada la ignorancia, pero si la invasión del fuero y las competencias, ejercido ilegalmente por el mal funcionario, en las etapas de Requerimiento (a cargo del Subgerente de Control y Operaciones), y posterior “designación” (a cargo del Gerente de Fiscalización y Transporte), en una real usurpación de funciones que corresponde ser desarrollada más ampliamente.

A ello se suma la práctica omisión de funciones de control no ejercida por el Abogado en su condición de Gerente, y el desconocimiento de las funciones de ley (establecidas en las leyes generales e instrumentos de gestión), que el Subgerente tiene la obligación de conocer, en cuyo defecto se estaría configurando, además, la aceptación indebida de cargo, lo que nos lleva a otra arista de este problema, que, también, corresponde ser desarrollada con más amplitud.

PERO ¿QUÉ PASÓ ENTRE EL MOMENTO EN QUE EL ABOG? JARA ALVARADO JOSÉ CARLOS EFECTÚA EL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS, EN SU CONDICIÓN DE SUBGERENTE DE CONTROL Y OPERACIONES, Y EL MOMENTO DE LA “DESIGNACIÓN” DE LOS 15 ANGELITOS, EFECTUADA POR ESTE MISMO SEÑOR, EN LA CONDICIÓN DE GERENTE DE FISCALIZACIÓN Y TRANSPORTE?

A los Locadores de Servicios, requeridos oficialmente como Operarios Municipales, ahora “designados” Fiscalizadores Municipales, se les irroga las funciones de: Erradicación del comercio ambulatorio, Fiscalización de establecimientos comerciales y predios, e Imposición de Notificaciones Municipales de Infracción, en nombre de la Municipalidad distrital de Comas.

No hay duda de que, los requeridos Locadores de Servicios requeridos oficialmente como Operarios municipales, ahora “designados”, invaden atribuciones de orden general y funciones de naturaleza permanente, reservadas a personal de planta o con vínculo laboral.

Así, la función de Erradicación del comercio ambulatorio (que no es otro que el Ordenamiento territorial, se encuentra regulado con Art. 73º y otros de Ley Nº 27972, LOM), la función de Fiscalización de establecimientos comerciales y predios (se encuentra dispuesta con Art. 79º de la Ley Nº 27972, LOM, y el segundo, a través del Art. 70º de la Ley Nº 27972, esta última desarrollada a través del párrafo 2do del Art. 5º del Decreto Legislativo Nº 776 o Ley de Tributación Municipal), y la función de Imposición de Notificaciones Municipales de Infracción (atribuida como atribución exclusiva del gobierno local, y en ejercicio de la capacidad sancionadora, Art. 46º de Ley 27972).

Y por ello, tampoco cabe duda de que los locadores de servicio, en esas condiciones, son personas objeto de la prohibición expresa de la Ley Nº 31298, Ley que prohíbe a las entidades Públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada, ordenada a través del numeral 3.1 de su Art. 3º.

En otras palabras, la Ley Nº 31298, tiene como objeto impedir que se desarrollen contratos de naturaleza civil para cubrir servicios de naturaleza laboral, es decir: redunda en que las prestaciones de carácter personal, subordinado y remunerado no deben ser prestadas a través de un contrato de locación de servicios, incidiendo en que tal prohibición se aplica a todas las entidades del sector público:

Ley Nº 31298, Ley que prohíbe a las entidades Públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada

Artículo 3. Prohibición de contratos para cubrir puestos o funciones

3.1. Prohíbase a las entidades mencionadas en el artículo 2, contratar personal a través de la modalidad de locación de servicios para cubrir puestos o funciones de carácter permanente o no permanente, bajo responsabilidad administrativa, penal y civil, de corresponder, de los funcionarios o servidores que soliciten o autoricen la contratación.

 

Pero ¿por qué el cambio de Operario Municipal al de Fiscalizador Municipal?

Tal vez no sea difícil de entender, cuando los instrumentos de gestión de la Municipalidad de Comas, a los que el Abogado Jara Alvarado, José Carlos, Subgerente (e) de Control y Operaciones, y Gerente DESIGNADO de Fiscalización y Transporte, ha querido “adecuarse”, a la mala, señalan otro norte.

Mediante Resolución de Alcaldía Nº 14-2009-AL/MC, del 04-febrero-2009, que aprueba el Manual de organización y funciones - MOF de la Municipalidad de Comas, cuya Sugerencia de Control Municipal (el antecedente de la actual Subgerencia de Control y Operaciones), tiene como personal encargado de las labores de fiscalización a los llamados Policías Municipales, con funciones exactamente iguales a las señaladas en la Resolución de Gerencia sin número que “designa” a los 15 angelitos:

4.4 Denominación del Cargo: Policía Municipal II

4.4.1 Código: 1006APT2

4.4.2 Funciones específicas:

a) Hacer cumplir las leyes, ordenanzas, Decretos, Reglamentos y demás disposiciones municipales vigentes.

b) Coordinar y ejecutar actividades relacionadas con las competencias de la Sub Gerencia de Control Municipal, manteniendo informado a la superioridad.

c) Controlar la labor diaria del personal a su cargo que efectúa la fiscalización y control municipal, dando cuenta a la superioridad.

d) Instruir al personal encargado de fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones municipales.

e) Emitir un resumen diario de las notificaciones municipales impuestas por su personal a su cargo.

f) Notificar a los infractores por el incumplimiento de las normas municipales vigentes.

g) Notificar las Multas administrativas o Resoluciones de Sanción, de acuerdo a lo dispuesto por la Sub Gerencia de Sanciones Administrativas.

h) Emitir informes técnicos relacionados a la imposición de notificaciones y ejecución de operativos de fiscalización y control municipal.

i) Ejecutar las sanciones no pecuniarias o medidas complementarias impuestas por infracciones a las disposiciones municipales, de conformidad a la normatividad legal vigente.

j) Levantar actas en las intervenciones y operativos de fiscalización y control municipal.

k) Llevar el Libro de registro de la mercadería o bienes retenidos o decomisados.

l) Educar y difundir el cumplimiento a las disposiciones municipales que establezcan prohibiciones u obligaciones de hacer o no hacer.

m) Efectuar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar el inicio del procedimiento sancionador y emitir el informe técnico respectivo.

n) Emitir informes de inspecciones relacionados a expedientes administrativos.

o) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y capacitación.

p) Prestar apoyo a las demás unidades orgánica de la municipalidad cuando lo soliciten y sean aprobados por la superioridad.

q) Portar y mantener en buen estado los implementos de trabajo tales como: talonario de notificaciones, carnet de identidad y otros que sean requeridos para el servicio.

r) Las demás que le asigne el Sub Gerente de Control Municipal.

A los que se les exige como requisitos mínimos, entre otros, los siguientes: • Instrucción secundaria completa. • Capacitación técnica en el centro de instrucción especializado. • Experiencia en labores propias de la Policía Municipal.

 

4.5 Denominación del Cargo: Policía Municipal I

4.5.1 Código: 1006APT1

4.5.2 Funciones específicas:

a) Hacer cumplir las Leyes, Ordenanzas, Decretos, Reglamentos y además disposiciones municipales vigentes.

b) Ejecutar las acciones de fiscalización y control municipal destinadas a verificar el cumplimiento de las normas municipales, así como de carácter nacional, manteniendo informado a la superioridad.

c) Notificar a los infractores por el incumplimiento detectado de las normas municipales vigentes y elevar un informe al Sub Gerente por cada notificación municipal impuesta.

d) Emitir un reporte diario de las notificaciones municipales impuestas.

e) Notificar las Multas administrativas o Resoluciones de Sanción, de acuerdo a lo dispuesto por la Sub Gerencia de Sanciones Administrativas.

f) Emitir informes de ejecución de operativos de fiscalización y control municipal.

g) Ejecutar las sanciones no pecuniarias o medidas complementarias impuestas por las infracciones a las disposiciones municipales, de conformidad a la normatividad legal vigente.

h) Levantar Actas en las intervenciones y operativos de fiscalización y control municipal.

i) Llevar el control de la mercadería o bienes retenidos o decomisados.

j) Educar y difundir el cumplimiento a las disposiciones municipales que establezcan prohibiciones u obligaciones de hacer o no hacer.

k) Efectuar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar el inicio del procedimiento sancionador.

l) Emitir informes de inspecciones relacionados a expedientes administrativos.

m) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y capacitación relacionados con la Sub Gerencia.

n) Prestar apoyo a las demás unidades orgánicas de la municipalidad cuando lo soliciten y sean aprobados por la superioridad.

o) Portar y mantener en buen estado los implementos de trabajo tales como: talonario de notificaciones, carnet de identidad y otros que sean requeridos para el servicio.

p) Las demás que le asigne el Sub Gerente de Control Municipal.

A los que se les exige como requisitos mínimos, entre otros, los siguientes: • Instrucción secundaria completa. • Capacitación técnica en el centro de instrucción especializado.

 

En cualquier caso, los cargos funcionales que ocupan los 15 angelitos requieren que estos cuenten con requisitos mínimos que el Requerimiento efectuado por el Abogado Jara Alvarado, José Carlos, en su condición Subgerente (e) de Control y Operaciones, ha obviado, al establecer que los contratistas solo deben cumplir con: a). Experiencia en entidades públicas o privadas mínimo de 3 meses, y, b). Contar con RUC, o sea nada de nada.

Es decir, para ser contratados para labor tan importante como fiscalizar predios y comercios, a los 15 nuevos locadores de servicios, se les ha requerido tan solo saber leer y escribir, y nada más y nada menos que ningún conocimiento previo en materias tan diversas como: Licencias de Funcionamiento (además reguladas con la Ley Nº 28976 y modificaciones, diversas normas para giros especiales, y las numerosas y obligatorias modificaciones producidas de los Instrumentos de Gestión municipal), Anuncios y publicidad (además de la ingente doctrina, la abundante casuística y pronunciamientos jurisprudenciales y otros como el INDECOPI), sobre Seguridad en edificaciones (propia de personal especializado, además de las reglas establecidas con DS. Nº 002-2018-PCM, que aprueba el Nuevo Reglamento Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, y la RJ-016-2018-CENEPRED, que aprueba el Manual ITSE de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad Edificaciones), Salubridad pública (con abundante reglamentación y legislación vigente, y tecnicismos incrementados exponencialmente a propósito de la aún latente pandemia del Covid-19), el Control de los espacios públicos (además de los conceptos generales señalados en la Ley Nº 27972, LOM, las establecidas con Reglamento Nacional de Edificaciones, Código Tributario y Ley de Tributación Municipal, etc., y otra vez, además de la ingente doctrina, la abundante casuística y pronunciamientos jurisdiccionales y jurisprudenciales y otros como del Tribunal Fiscal, Tribunal Constitucional, e INDECOPI, etc.), Tenencia y responsabilidad de animales domésticos (filosofía establecida en normas de alcance nacional, y normas especiales vigentes), sobre el control de Ruidos molestos y ruidos nocivos (establecida en normas de alcance nacional, y norma marco provincial y norma especial, vigentes, etc.), etc.

Respecto de la excepción contenida en numeral 3.2 del Art. 3º de la Ley Nº 31298, Ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada, y, en correspondencia con el espíritu de la norma y la opinión especializada, habría que precisar que: La excepción debe entenderse en el marco de la tipología de los contratos de naturaleza accidental, situada en el Título II del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, de tal manera que los casos amparados por la excepción serían los siguientes:

1. Casos de suplencia: Necesidad de sustituir a un trabajador, cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente, o por efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de trabajo. Y ese no es el caso, ya que, la entidad municipal comeña, cuenta con numeroso Personal Fiscalizador y expolicías Municipales, de amplísima experiencia, en actividad.

2. Casos de emergencia: Cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor. Hecho que tampoco se puede argüir ya que, la única emergencia, la Pandemia del Covid-19, se encuentra en franca retirada y el gobierno nacional en etapa de levantamiento de todas las restricciones sanitarias impuestas por esta emergencia.

Y como puede comprobarse fácilmente, la contratación efectuada por la entidad municipal, de los 15 locadores de servicios, no se encuentra en ninguno de los supuestos señalados líneas arriba, por lo que es claro que la Municipalidad de Comas en la persona del Abogado Jara Alvarado, José Carlos, en su condición Subgerente (e) de Control y Operaciones, y Gerente de Fiscalización y Transporte, ha infringido la ley, al colocar el producto administrativo, de naturaleza permanente, en manos de personal con contrato civil.

Además, de acuerdo con la Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobada con Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, norma vigente y aplicable a todas las entidades públicas en los tres niveles de gobierno, se prohíbe –bajo responsabilidad del titular de la entidad– celebrar contratos de locación de servicios para realizar labores subordinadas o no autónomas, las cuales comprenden el desarrollo de las funciones propias de los puestos previstos en los instrumentos de gestión de la entidad.

DECRETO SUPREMO Nº 040-2014-PCM, Aprueban Reglamento General de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

SEXTA.- Precisiones de la locación de servicios

Las entidades sólo pueden contratar a personas naturales bajo la figura de Locación de servicios prevista en el artículo 1764 del código civil y sus normas complementarias, para realizar labores no subordinadas, bajo responsabilidad del titular.

 

Esta norma, además, prohíbe, tácitamente, la asignación de funciones de naturaleza permanente a personas que no cuenten con vínculo laboral vigente, dicho de otro modo, siendo reiterados los pronunciamientos de SERVIR, en ese sentido.

INFORME 002327-2021-SERVIR-GPGSC

Sobre los contratos de locación de servicios en la Administración Pública

2.6 Las personas que brindan servicios al Estado bajo la modalidad de servicios no personales, es decir como locadores de servicios, no están subordinados al Estado sino que prestan sus servicios bajo las reglas del Código Civil [2] y sus normas complementarias, asimismo, su contratación se efectúa para realizar labores no subordinadas, de manera autónoma por un tiempo determinado a cambio de una retribución, sin que ello implique en modo alguno una vinculación de carácter laboral o estatutaria con el Estado, es decir, se trata de un contrato distinto a los contratos laborales, los cuales sí contemplan beneficios para los trabajadores por existir un vínculo laboral.

2.7 Así, las personas que brindan servicios a la Administración Pública bajo las reglas del artículo 1764 del Código Civil prestan sus servicios a éste de manera independiente por un determinado tiempo a cambio de una retribución, sin que ello implique una vinculación y reconocimiento de derechos de naturaleza laboral o estatutaria con el mismo; precisando que no existe base legal que permita reconocer derechos laborales por las actividades de carácter civil.

2.8 En ese sentido, a los locadores de servicios, en su condición de prestadores de servicios autónomos, se rigen únicamente por el marco normativo del código civil no siendo factible extenderles las disposiciones exclusivas de los regímenes laborales del Estado (como los son los regímenes de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057).

2.9 Por tales motivos, SERVIR no tiene competencia para emitir pronunciamiento sobre las relaciones de naturaleza civil que se den en la Administración Pública dado que sólo es competente para interpretar las normas pertinentes al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, en su calidad de ente rector del referido sistema [3].

2.10 Sin perjuicio de ello, podemos indicar que de acuerdo con la Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento General de la Ley N° 30057, norma vigente y aplicable a todas las entidades públicas en los tres niveles de gobierno, se prohíbe –bajo responsabilidad del titular de la entidad– celebrar contratos de locación de servicios (servicios no personales, órdenes de servicios, terceros, etc.) para realizar labores subordinadas o no autónomas, las cuales comprenden al desarrollo de las funciones propias de los puestos previstos en los instrumentos de gestión de la entidad.

(2) Artículos: 1756, literal a), 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770.

(3) Los contratos de locación de servicios se rigen por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

EL PERSONAL LOCADOR DE SERVICIO, EN FUNCIONES DE FISCALIZADORES MUNICIPALES INOBSERVA LA LEGALIDAD Y EL DEBIDO PROCESO, EN SUS INTERVENCIONES, ORIGINANDO LA NULIDAD DE PLENO ERECHO.

En el ejercicio de la actividad denunciada, y de la potestad sancionadora, ejercida con personal con contrato civil, se vienen inobservando, reiteradamente, los principios del procedimiento administrativo, a la LEGALIDAD y el DEBIDO PROCESO, dispuestas a través del Art. IVº (numerales 1.1 y 1.2) del D.S. Nº 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley 27444:

D.S. Nº 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

 

Para cerrar, por ahora, intentando un resumen de los numerosos casos detectados, y que originan el presente artículo, los operativos de fiscalización y las notificaciones, están siendo realizados por 15 ciudadanos legalmente inhábiles y sin vínculo laboral vigente que los faculte para esta actividad, y, obvio, las notificaciones y actos, llevados a cabo por este mismo personal, incumplen requisitos esenciales de validez de todo acto administrativo, los que corresponden ser anulados y denunciados, tanto a los actos mismos como a las personas y funcionarios responsables de los ilícitos en curso.

Atentamente, Salomón Márquez