Gestión honesta de Raul Diaz

 

LOCADORES DE SERVICIOS ILEGALMENTE CONTRATADOS PARA REALIZAR LABORES DE NATURALEZA SUBORDINADA Y PERMANENTE, PROPIO DE PERSONAL CON REAL VÍNCULO LABORAL CON EL ESTADO, ATACAN LOS COMERCIOS DEL DISTRITO DE COMAS, IMPONIENDO MILES DE ILEGALES NOTIFICACIONES MUNICIPALES DE INFRACCIONES. 

Nos alegra sobremanera que la denuncia penal, presentada por la Regidora comeña Roxana Marilia Ari Acuña, contra los que resulten responsables de la ilegal contratación y “designación” de locadores de servicios (con contrato civil) para ejecutar labores reservadas por ley para personal con relación laboral, haya llegado a su primer puerto, con la formación de la Carpeta N.º 254-2022.

Y porque nos identificamos con los miles de comerciantes comeños agraviados con esta ilegal contratación efectuada por funcionarios de la Municipalidad de Comas, y por la valiente denuncia de la vecina Roxana Ari, es que insistimos en un apretado resumen de las razones más poderosas de la demanda, de la mano de normas que se encuentran en la cúspide de la estructura normativa nacional, y que, por ello, no nos cabe duda de que a los funcionarios del Alcalde Raúl Díaz Pérez, en algún momento les alcanzará el largo brazo de la justicia y sufrirán las consecuencias de sus ilegales actos.

A ver, veamos…

Por mandato expreso del Art. 1764º del Código Civil peruano, se establecen las características esenciales de la relación contractual conocida como locación de servicios, como una de naturaleza no subordinada, es decir, como una en la que no existe relación de jerarquía o de subordinación (en este caso: empleador – servidor público, obligación de dar cuenta de los actos encomendados o informar, etc.), ni horario (tiempo completo o parcial), etc., etc., lo que no ocurre con los 28 locadores de servicios que: siguen un plan, obedecen ordenes, tienen horarios definidos, dictan actos en nombre del estado (Notificaciones y Actas, etc.), usan bienes del estado (talonarios de notificaciones, camionetas del estado, etc..), rinden cuenta de sus actos (emiten informes al funcionario a cargo de la Subgerencia de Control y Operaciones, etc.) etc.

Asimismo, por mandato expreso de la Sexta Disposición Complementaria Final, del Reglamento General de la Ley N.º 30057 (Ley Servir), aprobada con el Decreto Supremo N.º 040-2014-PCM, se ordena a todos los funcionarios de las entidades del Estado (es decir también a los funcionarios de las municipalidades) que: “Las entidades sólo pueden contratar a personas naturales bajo la figura de Locación de servicios prevista en el artículo 1764º del código civil y sus normas complementarias, para realizar labores no subordinadas, bajo responsabilidad del titular”, es decir, que en estricto cumplimiento del Art. 1764º del Código Civil peruano, se encuentran PROHIBIDOS de efectuar contratos de locación de servicios para labores de naturaleza subordinada y permanente, y que la responsabilidad recae de manera directa en el titular de la entidad, es decir, el Alcalde Raúl Díaz Pérez.

Por ello, porque queremos seguir demostrando que la demanda es un acto de reivindicación contra los abusos de la entidad municipal, ahora resaltamos las diferencias legales entre las relaciones civiles (locación de servicios) y laborales (contrato en un régimen laboral especifico), y para ello hemos recurrido a excelentes trabajos y publicaciones de especialistas laborales, de diversas entidades públicas y privadas, autores del siguiente cuadro que no deja lugar a ninguna duda. 

¿Clarísimo, ¿no?

Las diferencias legales entre contrato laboral y el de locación de servicios, son abismales. Pero solo la miopía de los funcionarios municipales de Comas, o su desprecio por la ley, permiten la aberración jurídica denunciada.

Pero si de algo sirven esos contratos civiles, para funciones eminentemente laborales, y los miles de abusos cometidos por estos 28 ‘fiscalizadores’, los funcionarios que los han lanzado como perros de presa, es para entender que esos miles de Notificaciones Municipales de Infracción producidas bajo esta modalidad delictiva deben ser anuladas por ilegales.

Además, que jamás hay que bajar la guardia ni entregar una carta en blanco a ninguna autoridad, porque, en sus conciencias, la pretensión autoritaria les hará creer que el voto del día de elecciones ha dado vida a un gobierno monárquico y a toda una realeza… Y eso no lo vamos a permitir….

Martes 22 noviembre se ven los toros

Ese día la regidora Roxana Ari Acuña debe asistir al 2.º Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte para ratificarse en su denuncia contra el funcionario de la Municipalidad de Comas en el doble cargo de gerente de fiscalización y transporte, así como subgerente de control y operaciones, Jara Alvarado. Y, de paso, contra el seudofiscalizador Franco Lester Espinoza López por los delitos de Abuso de Autoridad y Usurpación de Funciones.

La ratificación de esta denuncia inicial contempla, conforme a ley, la ampliación de la misma por hechos similares cometidos por los demás personajes contratados como locadores de servicios de manera irregular por el referido José Carlos Jara Alvarado, infringiendo todo lo normado sobre dicho tema. Un subgerente de control y operaciones no debería reemplazar las funciones de subgerencias como Abastecimientos y RR HH, porque no son sus funciones, peor aún si sus motivos son nada santos, como estamos viendo.

Los ‘inspectores fiscalizadores’ de Jara Alvarado no tienen facultades para nada, a no ser que sea limpiar baños, podar césped o pintar paredes. Bueno, al menos estos locadores, queda medianamente claro que estos sujetos vienen violando la ley de manera sistemática en agravio de miles de comerciantes y emprendedores, sin que autoridad alguna tome las medidas correctivas correspondientes para poner punto final a estas diarias fechorías.

Roxana Ari ha logrado conseguir una buena cantidad de multas impuestas por estos tipos, las mismas que serán presentadas ante la fiscalía como pruebas del ilícito accionar de los falsos fiscalizadores y que determinarán la responsabilidad penal de los locadores de servicios y su jefe de banda criminal, así como del funcionario que los apadrina. 

Atentamente, Salomón Márquez.