LA RESERVA DE LA INVESTIGACIÓN O EL ENCUBRIMIENTO DE LA CORRUPCIÓN

Que solo las “partes” y encima de manera directa o por medio de sus abogados, con todas las facilidades del mundo, puedan enterarse de la investigación de inicio a fin, lo que va de la mano con la prohibición de la publicación de los avances de las investigaciones, pone en evidencia el enorme sesgo de los autores del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) a favor de los investigados y nos conduce a la conclusión de que la reserva de la investigación es una forma legalizada de encubrir la corrupción, de todo lo sórdido que pueda ocurrir tras las bambalinas del Ministerio Público y/o el Poder Judicial.

Pruebas sobre ello abundan, desde un abogado que defiende a un alcalde denunciado por corrupción y poco tiempo después es contratado como proveedor del municipio hasta una fiscal superior penal con años en el cargo y que incumple con presentar el recurso de casación penal y con esta omisión permite la exclusión definitiva de empresarios procesados penalmente también por corrupción, todo esto bajo la clandestinidad y sin que alguien tenga la posibilidad de hacer frente a dichos actos.

El NCPP, al igual que su predecesor el Código de Procedimientos Penales, contempla en su art. 324, inc. 1 esta reserva de la investigación -en el de procedimientos lo tenía en el art. 73- y nadie en la comunidad abogadil peruana ha tenido el valor de cuestionar este secretismo pese a que padece de una orfandad teórica pues el código de marras nunca tuvo exposición de motivos –el de la web del MINJUS pese al título, no califica como tal– nunca hubo debate para su elaboración, este es el código de César Eugenio SAN MARTÍN CASTRO, así con todas sus letras.

En una entrevista del 2014, Javier VILLA STEIN señaló que no hay dogmática penal peruana, sino que se importa lo que hace España y Alemania. Precisamente esto nos condujo a la antiquísima pero vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1882, en cuyos arts. 301 y 302 desarrolla el secretismo y prohibición de publicación de las diligencias salvo excepciones y que las partes podrían acceder previa autorización del juez cuando se necesiten para ejercer derechos. Pero con la Ley 53/1978, se eliminó la autorización del juez y bastaba con que las partes se apersonen para que puedan conocer de las actuaciones e “intervenir en todas las diligencias del procedimiento” (sic).

Ese modelo español influyó en el derecho peruano, sin embargo, la Ley n.° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 2002 dispuso que para que una información de determinada materia sea clasificada como confidencial su acceso haya sido previamente restringido o por la Constitución o por una ley aprobada por el Congreso de la República, ni más ni menos. Pero Toledo y sus ministros Ferrero y Kresalja aprobaron el 2004 el código de San Martín con un decreto legislativo, en lugar de haber enviado el proyecto al Congreso para su trámite correspondiente y eventual aprobación mediante ley congresal, incumpliendo lo normado por la ley de transparencia y transgrediendo así el principio de legalidad.

La reserva de la investigación en España, al menos hasta donde hemos hurgado, sigue intacta, en cambio en otros países de Latinoamérica también influenciados por ese código procesal español la transparencia ha entrado en escena, es el caso de Colombia cuyo Código de Procedimiento Penal del 2004 también contempló dicha reserva, pero en el 2018 con la Ley n.° 1908, se agregó este cambio importantísimo: “En todo caso, la Fiscalía podrá revelar información sobre la actuación por motivos de interés general.”

Por increíble que parezca, el Perú no ha sido ajeno a esta tendencia, pues en el 2019 se promulgó la Ley n.° 30934 que impuso al Ministerio Público la obligación de publicar en su portal por lo menos “todos los dictámenes fiscales (sic.)” -en el caso del Poder Judicial todas las sentencias judiciales-, abordando por primera vez la transparencia en dicho organismo autónomo. El problema está en que los congresistas no incluyeron la respectiva modificación del art. 324, inc. 1 así como del art. 139, inc. 1 del NCPP. Esta omisión que muestra a este código aparentemente como intacto a la transparencia, le permite a muchos fiscales penales mantener todavía bajo siete llaves sus dictámenes fiscales y los investigados siguen teniendo la sartén por el mango. Pronóstico reservado.

La respuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) en el “MEMORANDO N° 119-2022-JUS/CEI-CPP” notificado mediante correo electrónico “Gmail” de fecha 23 de mayo del 2022 a las 21:41 Hrs. sobre los integrantes de la Comisión Especial de Alto Nivel (César San Martín a la cabeza) encargada de las modificaciones y mecanismos del NCPP y qué partes trabajaron de este código: “no contamos con los documentos”.