ALCALDES, FUNCIONARIOS DE CONFIANZA Y REGIDORES CÓMPLICES EN LA CORRUPCIÓN

 

Sin más preámbulos, entremos de frente al meollo del artículo de hoy, la corrupción que existe en el Perú en torno a las designaciones o cualquier otro eufemismo que quieran utilizar los alcaldes corruptos para disfrazar las contrataciones de sus serviles, cuando no cómplices funcionarios de confianza de las organizaciones criminales formadas en torno al alcalde ganador de las elecciones ediles.

Al margen o en paralelo a las leyes que norman las designaciones de los funcionarios de marras, leyes como SERVIR, el DS 053-2022, las herramientas de gestión como el MOF, ROF, CAP son letra muerta para alcaldes deshonestos y funcionarios arrastrados por la codicia y el amor por el dinero fácil de los contribuyentes y comerciantes, mypes y emprendedores del distrito.

Designar a gente en los que no concurren los requisitos exigidos por ley nos ponen en manos de personas inescrupulosas a los que el respeto y acatamiento por la ley les importa un carajo, y eso nos hace vulnerables porque no hay la correcta fiscalización y sanción de los actos delincuenciales de estos sujetos.

Para mejor ilustración de los actos reñidos con la ley que conlleva la designación de personas incapaces, ineptas y corruptas en cargos para los cuales no están ni remotamente preparados, quiero usar algunos párrafos de la excelente tesis del Sr. abogado Carlos Marcelo Ponce Arpasi “La aplicación del acto de designación dentro del tipo penal de Nombramiento Indebido en las sentencias de Segunda Instancia, según las Sentencias de Vista de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, año 2012-2017”.

“Al respecto, desde una revisión doctrinal, puede interpretarse que la mayor parte de la doctrina, señala que no se hace alusión al nombramiento establecido por el Reglamento de la Carrera Administrativa.

Sino más bien a todo acto por el cual se pone en un cargo público a persona en quién no concurren los requisitos legales para dicho acto; dentro de los cuales pueden encuadrarse perfectamente las designaciones.

Ahora, con respecto a las designaciones, como ya se ha señalado con anterioridad, son actos que se realizan constantemente por las autoridades para poner a personas en cargos públicos. Al respecto, podríamos decir que sí encontramos dispositivo normativo que define la designación, entonces nos remitimos al artículo 4 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM – Reglamento de la Carrera Administrativa, de donde se infiere que la designación es un acto por el cual una autoridad hace que un ciudadano pase a ser funcionario público. Así, el problema radica específicamente en que muchas autoridades han realizado reiteradas designaciones de sus funcionarios públicos, no obstante, lo han realizado en personas que no cumplen con los requisitos para ocupar el determinado cargo público. Es decir, lo han realizado contraviniendo en muchos casos al ROF – Reglamento de Organización y Funciones, y al MOF – Manual de Organización y Funciones de sus entidades, y en otros casos a la Ley y hasta la misma Constitución”

Hasta aquí debemos suponer que ya ha quedado suficientemente claro que designar a persona incompetente en un cargo de funcionario público de confianza constituye delito de nombramiento y aceptación indebida de cargo, pero volvamos a la tesis del Dr. Carlos Marcelo Ponce Arpasi, cuando nos dice:

“Es que en la actualidad, designar a personas en los diferentes cargos públicos como servidores y funcionarios públicos, en el ámbito del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, y de los gobiernos locales (provincial, distrital y de los centros poblados); resulta una práctica muy común. 8 No obstante en una primera parte radica el problema en que muchas de las designaciones realizadas, se dan como producto de situaciones a las que se les conocen como las del “clientelismo político”.

“Es decir, aquellas por las cuales un grupo determinado de personas apoyan otra con el objetivo de que se convierta en autoridad; a fin de posteriormente ser promovidas en cargos públicos. Siendo que tales actos, evidentemente son efectuados por las autoridades de turno. Quienes, contravienen los documentos de gestión institucionales como los son: el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), y el Manual de Organización y Funciones (MOF). Y, aún más grave, en otros casos contravienen a la Ley y a la Constitución misma”.

De lo expuesto en la tesis de Ponce Arpasi queda establecido que designar, nombrar, encargar o contratar a una persona que no reúne los requisitos mínimos exigidos por ley constituye delito de nombramiento indebido de parte de quien designa y aceptación indebida de cargo en quien acepta, art. 381 del CP.

Entonces, señores, ¿quién nos puede decir bajo qué razones, motivos o circunstancias el alcalde de Lima Rafael López Aliaga ha designado a Isabel del Rocío Ayala Melgarejo en dos (2) gerencias en la MML, violando las normas y recomendaciones de la CGR en relación a varios cargos concentrados en una sola persona? ojo, que se habla de hasta 4 gerencias, ¿será cierto eso?

Por otro lado, la Ayala Melgarejo es licenciada en Administración y paren de contar.

De igual manera, el alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa Villegas, podría explicar bajo qué motivos o razones ha designado como gerente de rentas, subgerente de registro tributario, pero principalmente como ejecutora coactiva a la licenciada en Trabajo Social Carmen Rosa Chávarry Chimoy, sabiendo, o debiendo saber, que para el puesto de EJECUTORA COACTIVA debe contar con el título de ABOGADA:

Artículo 4.- Requisitos del Ejecutor.

4.1 El Ejecutor deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles;

b) Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley.

Sr. alcalde del Rímac, así mismo, díganos, por favor, cuáles fueron sus criterios para encargar la subgerencia de Riesgo de Desastres y Defensa Civil al bachiller en Derecho y magíster en Gestión Pública, Gregorio Quispe Alvino, quien carga con una incómoda mochila de actos rayanos en la inmoralidad, como los que efectuara en la muni de Independencia. Así sea encargado, Goyo no sabe ni mela de Riesgo de Desastres, lo suyo es la pendejada, la criollada, esta actitud es incoherente con un ninacaco como este tipejo.

El concejo de la Municipalidad Distrital de Independencia el día de ayer por la tarde aprobó la solicitud de vacancia interpuesta contra el Teniente Alcalde Gregorio Bernardino Quispe Alvino, por los causales de cobro indebido a empresario Aldo Asti Tejada, siendo autoridad municipal.

PRECISIÓN:

Según la solicitud de vacancia que pesa en su contra es: que el teniente alcalde Gregorio Quispe Alvino, habría  cobrado  la suma de  12 mil nuevos soles a un empresario para que realice los trámites administrativos para la instalación de una feria ambulatoria en el distrito de Independencia y que la feria fuera cancelada por no contar con la autorización de la municipalidad. Asimismo, a esto se suma los  370 nuevos soles que el teniente alcalde Gregorio Quispe, pidió al empresario Aldo Asti, para que  pague un impuesto de instalación de la referida feria  e incluso éste dinero  (Quispe Alvino) jamás hizo el pago respectivo  a la tesorería de la municipalidad por derecho de tributo. En sesión extraordinaria, la votación procedió porque se obtuvo los dos tercios del número legal de los miembros del concejo municipal; o sea, seis votos a favor y dos en contra. Sin embargo, será el Jurado Nacional de Elecciones  que decida  el futuro del  regidor número uno  en el concejo edil. El pedido de vacancia contra Gregorio Bernardino Quispe Alvino, fue presentado el mes de octubre por el ciudadano  Aldo Asti, quien se dedica a realizar Ferias en diferentes distritos de Lima Norte. Y,  quien en las causales de la vacancia aduce haber sido estafado  por el Teniente Alcalde por incumplimiento de contrato.

Mientras tanto, en la última instancia, que es el J.N.E., se espera la decisión para que el nuevo accesitario(a) asuma y complete la terna de regidores en el citado concejo edil de Independencia. Hasta el fin de tus días te perseguirá tu pasado, Goyoooooooo.

Otro ‘funcionario de confianza’ del buen Néstor es el subgerente de RR HH, Walter Yenque Lino, quien hasta hace muy poco tiempo era nada menos que gerente de Fiscalización de Pedro Rosario. Poca cosa el carguito ¿no?, aparte del tema de la falta de cuadros y la bofetada al pueblo rimense en designar a este sujeto cuyo único mérito es ser abogado y contar con un magíster en gestión pública, lo cual ni remotamente lo hace experto, ni siquiera conocedor de lo más elemental de los álgidos temas laborales y las relaciones con los trabajadores ediles de la muni del Rímac.

Hemos querido dejar para el final la feroz metida de pata del mal Néstor. Esta decisión sí que es estúpida. Designar a Mery Soto Trejo como gerente de Fiscalización no solo es un error, sino maltratar al Rímac, a sus vecinos, y poner en peligro de muerte la economía distrital ya castigada severamente por la Covid-19, ahora con esta amenaza andante y sus malas costumbres, de su desprecio por la ley del que siempre ha hecho gala en sus acciones de Control. Aquí les dejamos un video como muestra de lo que decimos.

Una pregunta a nuestros lectores: ¿quién o quiénes fiscalizan y sancionan a estos alcaldes y funcionarios lacras, si los que deberían cumplir esta función (los regidores) son sus cómplices al no fiscalizar, tal como exige la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reforzada en la labor de Fiscalización por la ley 31433? 

SR. ALCALDE DEL RÍMAC, ESTOS SON DELITOS, ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, USURPACIÓN DE FUNCIONES. MERY SOTO TREJO ERA, POR ESAS ÉPOCAS, EN COMAS, GERENTE DE FISCALIZACIÓN Y TRANSPORTE, Y NO EJECUTORA COACTIVA; AL IGUAL QUE CARMEN CHÁVARRY CHIMOY.