💸 CORRUPCION COACTIVA CONTRA PETROGAS SAC

9.  Principio de causalidad

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

[…] 8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.

•El principio de causalidad, al servirse del nexo de causalidad entre el sujeto infractor y la conducta infractora, busca que la sanción recaiga sobre quien haya vulnerado efectivamente el ordenamiento, tanto de manera activa como omisiva[1].

Sobre el particular, la norma citada establece un criterio de responsabilidad objetiva, puesto que el objeto del principio de causalidad es exigir responsabilidad e imponer sanción administrativa a la persona que realiza directamente la conducta que ha sido previamente tipificada como infracción[2].

•Asimismo, la doctrina señala que el principio de causalidad, según los términos expuestos en el num. 8 del art. 230 del TUO de la LPAG, descarta la aplicación del criterio de causa próxima y opta por una causalidad adecuada. En otras palabras, la causalidad no debe entenderse como aquella causa sin la cual la infracción no hubiera ocurrido, sino como aquella que sea idónea y tenga aptitud suficiente para producir la lesión que cataloga como una vulneración al ordenamiento[3]. 

En suma, el principio de causalidad dicta que la asunción de responsabilidad debe corresponder a quien incurrió en la conducta prohibida por la ley (principio de personalidad de las sanciones); por ello, no podemos ser sancionados por hechos cometidos por otros, tales como la responsabilidad del subordinado, la imputación de responsabilidad a un integrante de un colectivo, entre otros. En síntesis, en sede administrativa, se es responsable únicamente por hechos propios, no por los ajenos.

•No obstante, aparentemente, el Tribunal Constitucional[4] ha introducido el principio de culpabilidad como otro de los límites de la potestad sancionadora: 

[…] un límite a la potestad sancionatoria del Estado está representado por el principio de culpabilidad. Desde este punto de vista, la sanción penal o disciplinaria, solo puede sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de un bien jurídico. En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que una persona sea sancionada por un acto o una omisión de un deber jurídico que no le sea imputable.

En resumen, el principio de causalidad está relacionado con la determinación de la persona responsable de la autoría de la infracción cometida, es decir, asegurar que la sanción a imponer recaiga sobre la persona que cometió la infracción. Como advierte el destacado Morón Urbina, la aplicación de este supuesto excluye la invocación de sanción para un subordinado, al integrante de un cuerpo colegiado que no votó o salvó su voto, o por las denominadas responsabilidades en cascadas[5]. Además, debe resaltarse que, a diferencia del ámbito del derecho penal, la aplicación de este principio exige y demanda que la sanción sea infringida únicamente a quien cometió de manera directa la conducta punitiva y no alcanza, por ejemplo, a aquellos que pudieron actuar como instigadores.

➤Queda claro, sumamente claro para tirios y troyanos la responsabilidad de la infracción a la que alude la ex ejecutora coactiva de Comas Dina Vega Palomino, posteriormente  el ex subgerente de sanciones administrativas Fernando Castillo Ramírez así como la actual ejecutora coactiva administrativa Claudia Mayori Manziny Lazo y que entre estos tres sujetos siempre estuvo la presencia malsana del auxiliar coactivo Fernando Rivero Segura, el mismo que actúa como una especie de asesor de los ejecutores coactivos, no siendo más que un auxiliar coactivo del montón y no una especie de oráculo coactivo, cuando no es más que un tipo con “suerte” que ganó un concurso con reglas de juego no muy claras.

Pero a los hechos nos remitimos, el caso que se remonta a más de dos años tuvo como protagonista e infractor del CUIS de Comas -INFRACCIÓN 03-02-02- a un sujeto llamado Fernando Junior Calla Jesús, quien fue plenamente identificado por los fiscalizadores de Comas. Tanto así que la NMI Nº 005187-CO del 09 marzo de 2023 ha sido emitida a nombre del referido individuo, de igual manera fue con la RSA Nº 142 SGECA, GFT, bla, bla, bla. Han transcurrido dos años y 4 meses, y contra todo pronostico el proceso coactivo continua con local clausurado, tapiado y con muretes en la puerta, hecho una mierda, vandalizado por los vecinos y que se han robado todo lo que se puede robar de un predio secuestrado por funcionarios corruptos que actúan, presumimos que en venganza por un pedido de “apoyo” que fue rechazado. La negativa de la Manziny Lazo a levantar la clausura del predio de PETRO GAS con el pretexto de no ser su Ejecutoría coactiva la indicada sino la gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Transporte es puro cuento.

➤Todos los actores de esta farsa deben y tiene que ser denunciados por ABUSO DE AUTORIDAD ante la fiscalía anticorrupción de Lima Norte, 2 años y 4 meses cagándose en la ley, invocando pretextos a cada cual más cojudo y simplón. Regresen PETRO GAS a sus legítimos dueños, banda criminal organizada para sangrar a los comeños.