📄Uno de los grandes problemas que hoy por hoy aquejan a los peruanos, pero que no tienen mayor impacto en los medios de comunicación ni en las redes sociales, pese a que sus consecuencias son devastadoras y terribles en el manejo de las economías municipales, se trata de los nombramientos o designaciones indebidas, así como de las aceptaciones indebidas de cargos o puestos entre los funcionarios mal llamados de confianza en la administración pública. Recuerden el artículo 381 del Código Penal y las consecuencias de nombrar o designar a una persona en quien no concurren siquiera los requisitos mínimos de la ley 31419, DS Nº 053 y los instrumentos de gestión de la entidad, MOF, MCC, etc.
➤Aquí juegan un papel muy importante
primero: la creencia o no de muchos alcaldes que se consideran autónomos en una
corrupta y sinvergüenza deformación de los alcances del art. 194 de la Constitución,
se tiene la idea de que este artículo ha sido hecho para ellos y no para los
municipios. Y segundo: aquellos alcaldes y funcionarios que cometen delitos
porque saben muy bien que cuando sean juzgados ya habrán pasado de 8 a 10 años
y para esas épocas las sentencias habrán sido negociadas con fiscales y jueces
corruptos, esos que demoran una investigación preliminar de 4 a 6 años y los
jueces que para iniciar los prolegómenos de un juicio esperan que el infierno
se congele o Ulichusco se vuelva honesto, Jean Pool trabaje o Saldaña se vuelva
inteligente y Raúl Díaz deje de ser un parásito aullador.
Hoy vamos a ocuparnos de dos temas que importan o deberían importar a la mayoría de comeños, se trata de la enésima vez que Mónica Acuña Jara, alcaldesa por sucesión y no electa por el pueblo comeño, mete la pata hasta las cangallas, ¿qué hizo esta vez la señora? No encontró mejor manera de promocionarse que ordenando la distribución de miles de sobres plásticos con imágenes de su figura en diversas actividades municipales con ella de protagonista. ¿Eso está prohibido por las leyes electorales y el Código Penal? Claro que sí y sin la menor duda. Y ahora mejor veamos parte de la denuncia presentada ante el JNE y la CGR:
➤Aquí hay por lo
menos la comisión de dos delitos: proselitismo político y peculado de uso. Esos
sobres plásticos con broche y la impresión de las diversas imágenes de Mónica
Acuña Jara tienen un costo económico y es casi seguro que se han pagado con fondos
públicos (municipales), cientos de trabajadores municipales, CAS y locadores de
servicios contratados por esta gestión corrupta intervienen en el reparto o
distribución de este material dirigido a los contribuyentes. Ya tenemos a la primera
candidata al título de conchuda, cínica y caradura del año.
📄CORRERÍAS Y ACEPTACIONES INDEBIDAS DE DEYSI LINN ORTIZ TARAZONA
➤Las tres designaciones analizadas de la Lic. Deysi Linn Ortiz Tarazona en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra infringen de manera flagrante las normas de idoneidad y configuran indicios del delito de nombramiento y aceptación ilegal de cargo público (Artículo 381 del Código Penal). Su titulación en noviembre de 2021 destruye matemáticamente la legalidad de toda su línea de carrera como alta directiva.
El análisis de ilegalidad cronológica y técnica demuestra lo siguiente:
1. El Impedimento Matemático de Origen (Ley 31419)
La Ley 31419 y su Reglamento exigen de
manera estricta y obligatoria para funcionarios del nivel de Gerentes y
Subgerentes locales:
- 4
años de experiencia general (computados
desde la condición de egresado o titulado).
- 3
años de experiencia específica (en
puestos de dirección o jefatura en el sector público o privado).
Dado que la funcionaria se tituló en noviembre de 2021, al momento de sus primeros nombramientos en octubre de 2023, ella solo acumulaba 1 año y 11 meses de experiencia general total. Era matemáticamente imposible que cumpliera con los 4 años de experiencia general o los 3 años de experiencia específica en puestos directivos.
2. Desglose Técnico de las Designaciones Ilegales
A. Gerente de Participación Vecinal y Desarrollo Social (RA N° 177-2023)
y Jefa de Talento Humano (RA N° 200-2023)
- Fecha: Octubre de 2023.
- Ilegalidad: Para asumir la gerencia y
la jefatura encargada de Talento Humano, debía acreditar los mínimos de la
Ley 31419. Al faltarle más de dos años de experiencia general y carecer de
los 3 años de experiencia específica dirigiendo personal antes de 2023, la
emisión del informe favorable por Recursos Humanos y su posterior
aceptación vulneraron las normas de orden público.
B. Gerente de Seguridad Ciudadana (RA N° 059-2025-ALC/MDPP)
- Fecha: 16 de septiembre de 2025.
- Ilegalidad
frente al MOF de la MDPP: El
Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) exige taxativamente ser Oficial
Retirado de las FF. AA. o PNP, O acreditar una
experiencia mínima de tres (3) años en labores relacionadas con el cargo
(seguridad ciudadana, serenazgo, orden público, defensa nacional).
- Ilegalidad frente a la Ley 31419: A septiembre de 2025, la funcionaria apenas alcanzaba los 3 años y 10 meses desde su titulación (aún sin cumplir los 4 años generales obligatorios de la ley nacional). Además, sus únicos cargos directivos previos habían sido la Gerencia de Participación Vecinal y Talento Humano en esa misma municipalidad. Esos puestos no constituyen labor relacionada con la seguridad ciudadana, por lo que tampoco cumplía el requisito de experiencia específica del MOF. Su designación fue doblemente ilegal.
Status de la funcionaria:
➤Cabe precisar que la funcionaria fue formalmente removida de dicha
Gerencia de Seguridad Ciudadana mediante la Resolución de Alcaldía N.°
018-2026-ALC/MDPP del 19 de marzo de 2026. Sin embargo, en el ámbito penal, el
cese del cargo no extingue el delito. El acto ilícito penal de
aceptación ilegal (Art. 381) se consumó en el momento exacto en que tomó
posesión de cada una de las gerencias sin cumplir el perfil.
Este es otro caso idóneo para ser incorporado en una Denuncia de Control ante la Contraloría General de la República (CGR) contra la funcionaria y la Oficina de Recursos Humanos de Puente Piedra, ya que los documentos oficiales de la propia plataforma del Estado demuestran que las fechas de titulación y los requisitos normativos jamás cuadraron.
📄Si no registra empleo alguno entre noviembre de 2021 y octubre de 2023, su experiencia real en ese lapso es de cero (0) meses.
Bajo este escenario de desempleo absoluto previo, toda su línea de carrera no solo es "irregular", sino abiertamente delictiva, ya que ingresó directamente a una gerencia municipal con cero días de experiencia laboral previa.
➤Revisando el historial oficial de la Contraloría, se confirma que tras ser removida de Puente Piedra en marzo de 2026, ha sido premiada en Comas el 7 de abril de 2026 mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 0115-2026-GM/MDC,con Informe Nº 605-2026-ORRHH-OGA-AL/MDC del 07 de abril de 2026, designándola como Subgerente de la Oficina de Atención al Ciudadano, Tránsito Documentario y Archivo.
Esta nueva designación en Comas también es ilegal. Aunque
para una subgerencia como la de de Atención al ciudadano la valla de idoneidad
es menor que para una Gerencia, la Ley 31419 y el Clasificador de Cargos de
Comas exigen como mínimo 2 o 3 años de experiencia general y
al menos 1 o 2 años de experiencia específica en el sector
público o conduciendo personal. Al ser sus únicos puestos previos los cargos
ilegales de Puente Piedra, esa experiencia "delictiva" no es válida
para convalidar su perfil en Comas.
Segunda candidata a conchuda, cínica y caradura del 2026.
➤Un detalle alarmante que salta a la vista: la resolución de Comas que nombra a esta funcionaria viene firmada digitalmente nada menos que por José del Carmen Huamanchumo Bernal (el Gerente Municipal que analizamos antes). Esto demuestra el nivel de blindaje y el "carrusel" de favores entre los mismos personajes de la gestión.
La última designación de Deysi Linn Ortiz
Tarazona ha ocurrido el 20 de mayo de 2026 mediante la RGM Nº 140-2026-AL/MDC,
con informe Nº 906-2026-ORRHH-OGA-AL/MDC del 20 de mayo de 2026 para el cargo de subgerente informe Nº 605-2026-ORRHH-OGA-AL/MDC del 07 de
abril de 2026. Aquí hay 3 actores involucrados en la infracción del art. 381 del
Código Penal: JOSÉ DEL CARMEN HUAMANCHUMO BERNAL en su condición de GERENTE
MUNICIPAL, ELBA MERCEDES GAMARRA LÓPEZ en su calidad de subgerente de ORRHH y
DEYSI LINN ORTIZ TARAZONA como subgerente primero de Atención al Ciudadano y
Trámite Documentario y desde el 20 de mayo como subgerente de Educación,
Cultura, Juventud y Deportes.
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No dejo de admirar a César Burmester y su blog, noapaguenlaluzvol2, ocuparse sin rendirse de los problemas de los comeños, problemas que afectan la vida y trabajo de los comeños, vecinos, administrados, contribuyentes, comerciantes, mypes y emprendedores que ven peligrar sus patrimonios cuando son intervenidos por gente ignorante y necia (fiscalizadores) dirigidos por seudo funcionarios de confianza de alcaldes corruptos que sin temor alguno por la ley nombran a sujetos que no cumplen ni de cerca con los requisitos que pide la ley 31419 y su reglamento, lo que causa indignación y rabia es que esta gentuza sabe lo que hace, no pueden alegar desconocimiento ni ignorancia, porque en verdad cada uno sabe lo que tiene en su haber, ese trío al que Burmester denuncia son para meterlos a la cárcel en una.
ResponderBorrarLo que jode es que el resto que se dicen periodistas o comunicadores sociales, están más preocupados en ofrecer entrevistas complacientes con sus entrevistados, buscando que agradarlos con preguntas intrascendentes y dejando a oscuras lo que realmente la opinión pública quisiera saber, como dice el amigo Burmester, cuando se ejerce el periodismo como negocio se deja de ser periodista y se vuelven publicistas.
ResponderBorrarCésar, ¿y para cuándo el resto de funcionarios de confianza truchos de la organización criminal que gobierna Comas? no solo los que siguen estafando y robando, sino esos y esas que ya se fueron forrados y forradas de plata mal habida, gente como Kelly Cachique, Fanny Flores, Oliver Huamanyauri, esos que siguen inamovibles como Guillermo Nue Olazábal, Evelyn Vicente Muñoz, Rolando Malásquez Ramos, Laura Huamán, Kike Anampa Vílchez, los recién llegados como Héctor Asencios, el filosofo, José Huamanchumo, George Navarro, Eduardo Franco Aguilar Gonzales, esos que están escondidos en el silencio como Víctor Salazar Cotera y su presidencia en el comité de selección de las 40 camionetas del serenazgo groseramente sobrevaloradas.
ResponderBorrarUna opinión Seria.
ResponderBorrarJuntos por el Perú, un partido que fundamenta su doctrina en la lucha de clases jamás podrá unificar a un país. La verdadera unidad no se logra dividiendo a la sociedad entre buenos y malos o enfrentando a unos peruanos contra otros. El Perú no necesita discursos populistas de cambio que en la práctica ahuyentan la inversión privada, la cual es la única que genera el empleo real y la seguridad que tanto pedimos. El verdadero retroceso es insistir con fórmulas ideológicas que ya fracasaron.
Es contradictorio hablar de recuperar el empleo y la confianza de la mano de un proyecto de izquierda radical que históricamente genera lo contrario. La estabilidad institucional y el crecimiento económico no se logran con discursos que confrontan al pueblo con los sectores productivos. Para que las familias peruanas tengan oportunidades reales se necesita seguridad jurídica y atracción de capitales, no agendas políticas que polarizan bajo el pretexto del cambio.
Hablar de "unión" desde una plataforma política que promueve la división social y la lucha de clases es una total contradicción. No se puede construir el futuro del país excluyendo o satanizando a los sectores que dinamizan la economía. El Perú necesita soluciones técnicas y libertades, no discursos ideologizados que prometen bienestar pero terminan destruyendo la confianza y la institucionalidad. Este 7 de junio demos el paso hacia el cambio, con fuerza, unidad y compromiso por el futuro de nuestro país. ¡El Perú despierta Izquierda nunca mas!
Amigo Burmester, dígame por favor, ¿por qué hasta ahora no han denunciado a ningún jefe de personal de la muni comeña, pese a que hay decenas de informes de verificación de datos bambas que han avalado las designaciones de igual cantidad de funcionarios truchos? el caso de muñeco de torta, Chi Atuncar, como lo conocían al periodista metido a jefe de RR HH, por transparencia se sabe que elaboró y firmó decenas de informes falsos sin que le hayan abierto un PAD, menos una denuncia penal, parece que pesa el hermanito fiscal.
ResponderBorrarEn enero del presente año, una vecina comeña presentó por mesa de partes del centro cívico, 4 solicitudes de transparencia, pidiendo al amparo de la ley 27806 los CV y copias de los informes de verificación de datos de 4 funcionarios de confianza de Mónica Acuña Jara, los exp, son los siguientes, 4303, 4304, 4712 y 4713, de fechas 26 y 28 de enero de 2026, a escasos 2 y 4 días de cumplir los 4 meses sin atención, sin ningún tipo de respuesta, ¿a qué le tiene terror, pavor, la subgerente de OHHRR, abogada, Elba Mercedes Gamarra López? a los SI CUMPLE que le ha otorgado a los 4 informes de verificación de datos de los 4 funcionarios de confianza, piña pues, no los quiere entregar por las buenas, a la malas tendrá que entregárselos a la CGR, tarde que temprano se hará justicia.
ResponderBorrarIgual sucede con el MEMO Nº 137-2026-PPM/MDC del 11 de febrero 2026, dirigido al Gerente Municipal, José del Carmen HUAMANCHUMO BERNAL por el Procurador Público Municipal en fecha 11 de febrero 2026 solicitándole la remisión de los Perfiles y Curriculum Vitae de los siguientes funcionarios:
ResponderBorrarJOSÉ DEL CARMEN HUAMANCHUMO BERNAL, GERENTE MUNICIPAL
HECTOR CELSO ASENCIOS CARRANZA, GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
EDUARDO FRANCO AGUILAR GONZALES, SUBGERENTE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
GEORGE ALEXANDER NAVARRO CHIRIELEISON, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EVELYN MARISOL VICENTE MUÑOZ, SUBGERENTE DE RIESGO DE DESASTRES y
ROLAND TOMAS MALASQUEZ RAMOS, SUBGERENTE DE CATASTRO Y OBRAS PRIVADAS.
Han transcurrido 3 meses y 13 días y hasta ahora no hay respuesta a la solicitud de información del Sr. Procurador Municipal, defensor de los intereses del estado, nada menos, no un pezuñento ni mediocre gerente municipal, amigo personal de la alcaldesa de hace 20 años, como si eso fuera un argumento sólido para haberlo designado gerente municipal de Comas, no sereno, ni fiscalizador, tampoco, seguridad interna, gerente municipal, lo mismo pasa con el resto de ineptos y corruptos dizque funcionarios de confianza.
César, que cagados estamos en Comas para que la alcaldesa Mónica Acuña, tenga que recurrir a uh sujeto conocido como Chiquito Flores para promocionar la colocación de la primera piedra de un Polideportivo que estará listo dentro de 100 años, nada de eso le interesa a la alcaldesa, solo el oportunismo y el figuretismo del momento, ¿quién asesora a esta señora? Héctor o Norka o tal vez, Evelyn Marisol, no, es Anita Cementerios, la coimera.
ResponderBorrarPara la colocación de la primera piedra de un futuro Polideportivo, no estamos hablando de la inauguración de la obra, se está gastando buena plata en traer a viejos panzones, jugadores de medio taco que "brillaron" en el futbol peruano y ese tal Loco Vargas en un equipó de media tabla de Italia, quieres "glorias" del futbol peruano, págales con tu plata, Mónica Acuña, recuerda, Comas no es tu chacra, puedes terminar como Ulises y ya estás tía.
ResponderBorrarEXPRESO 24 MAYO 2026
ResponderBorrarProyecto del Ministerio Público debilitaría funciones de la Policía Nacional: propuesta de nueva ley orgánica bajo la lupa
El Ministerio Público (MP), bajo la gestión del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, presentó formalmente ante el Congreso el Proyecto de Ley N.° 14224/2025-MP, el cual propone una nueva Ley Orgánica para reemplazar al Decreto Legislativo 052, vigente desde 1981. Actualmente, la propuesta se encuentra en cuarto intermedio en la Comisión de Constitución para su evaluación y posibles modificaciones antes de su votación final.
Ante la Comisión de Constitución, el fiscal de la Nación señaló que el proyecto de ley está orientado a modernizar la estructura del MP y fortalecer su rol en la lucha contra la delincuencia.
Durante su exposición, el titular del Ministerio Público destacó que la propuesta busca consolidar la función fiscal como responsable de dirigir la investigación del delito desde su inicio, así como reforzar la defensa de la legalidad, los derechos fundamentales y los intereses públicos.
El general (r) PNP Gastón Rodríguez, exministro del Interior, afirmó que nuestro ordenamiento jurídico legal está siendo atropellado por la pretensión del MP.
En ese sentido, sostuvo que la Constitución Política del Perú es clara en cuanto a las funciones de la Policía sobre estos temas en particular.
“Estoy en absoluto desacuerdo, toda vez que desde el punto de vista jurídico contraviene la Constitución Política del Perú, que en su artículo 166 fija claramente que la Policía previene, investiga y combate la delincuencia. La ley contra la criminalidad organizada y la sentencia 150 del TC han establecido que la prevención y la investigación son funciones netamente de la PNP. Entonces, partimos desde un ordenamiento jurídico legal que está siendo atropellado por la pretensión de una ley orgánica por parte del Ministerio Público”, aseveró.
“Ese proyecto de ley está pretendiendo facultar a los fiscales a dirigir y ejecutar directamente las investigaciones, desde el inicio, es decir, dejando a un lado el tema de la coordinación con la Policía Nacional. En ese sentido, hay que establecer bien que la sentencia del Tribunal Constitucional establece que el Ministerio Público es el que conduce jurídicamente la investigación, pero la estrategia operativa es patrimonio de la Policía Nacional. Ahora, en la prevención propiamente dicha, los fiscales quieren hacer prevención. Yo no sé cómo realmente pretenden hacer prevención, lo que generaría, yo creo, una doble condición táctica que va a poner en riesgo la seguridad ciudadana”, puntualizó.
La mayoría de fiscales peruanos no servirían ni de conserjes en la PNP, sarta de resentidos y envidiosos de las funciones de la policía, abogaduchos mediocrones e ineptos que se meten al MP porque no tienen la capacidad ni la calidad para ejercer su profesión, ¿por qué no vemos a Ghersi, Quiroga, Pacheco, Medina, por citar unos ejemplos metidos a fiscales? ver casos ridículos y patéticos de tipejos como José Domingo Pérez investigando LAVA JATO o el caso COCTELES, ese miserable de haber sido policía ya lo hubieran metido preso sus propios colegas.
ResponderBorrarEXPRESO 24 MAYO 2026
ResponderBorrarLUIS GARCÍA MIRO ELGUERA
El juego de palabras que busca comunizar al Perú
Si Roberto Sánchez y su entorno están tan convencidos de su propuesta, ¿por qué no la exponen con claridad? ¿Por qué no precisan abiertamente qué modelo político buscan, qué tipo de Estado imaginan, qué libertades están dispuestos a restringir y qué poderes quieren concentrar? ¿Por qué no decir claramente que su proyecto incluye liberar al condenado por golpista Pedro Castillo, apelando a la “reconciliación nacional y a las prerrogativas presidenciales”? Su propuesta no es intrascendente: implica reinterpretar la justicia desde el ángulo político, una manipulación que en Perú y Latinoamérica ha tenido consecuencias devastadoras.
Sánchez sostiene ¡“no soy estatista ni comunista, sino socialcristiano”! Su afirmación, más que aclarar, engaña. ¿Cómo conciliar esta etiqueta con su alianza con sectores que promueven una Asamblea Constituyente al estilo de los procesos impulsados en Cuba, Venezuela o Nicaragua? ¿Cómo armonizarla con su cercanía política con un sujeto tan arrebatado como Antauro Humala, con quien coincide en la necesidad de “imponernos una nueva Constitución”?
¡La propuesta de una nueva Constitución es nefasta! Preocupan, y muchísimo, su contexto, los actores y la metodología. En muchísimos países de la región procesos constituyentes impulsados por gobiernos con vocación zurda –como la sanchista– fragilizan la separación de poderes, concentrando la autoridad en el Ejecutivo y pisoteando las libertades fundamentales.
Una opinión seria
ResponderBorrarEn los comentarios se plantea dos aspectos distintos:
1.- El incumplimiento de requisitos legales para ocupar cargos de confianza en la municipalidad.
2.- La negativa u omisión reiterada de entregar información pública solicitada bajo la Ley de Transparencia.
Desde un punto de vista jurídico y administrativo en el Perú, si efectivamente los funcionarios designados no cumplen con la Ley N.º 31419 y su Reglamento, podrían existir responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, dependiendo del grado de conocimiento, participación y ocultamiento de información.
La Ley N.º 31419 exige requisitos mínimos de experiencia y formación para funcionarios y directivos público, incumplir puede generar nulidad de designaciones, responsabilidad funcional y observaciones de la Contraloría General de la República.
Entre las posibles infracciones o delitos que podrían evaluarse están:
• Nombramiento o aceptación ilegal del cargo
Si una autoridad designa o acepta a una persona que no cumple los requisitos legales obligatorios del cargo, podría analizarse la configuración de este delito previsto en el Código Penal.
• Abuso de autoridad
Podría evaluarse si funcionarios usan indebidamente su cargo para favorecer designaciones contrarias a ley o impedir el acceso a información pública.
• Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales
La falta reiterada de respuesta a solicitudes de transparencia dentro de los plazos legales podría encuadrarse en este supuesto, especialmente si existe negativa deliberada.
• Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo
Si se acreditara favorecimiento personal, político o amical en designaciones sin cumplir requisitos técnicos.
• Responsabilidad administrativa funcional
Independientemente del aspecto penal, la Contraloría puede determinar responsabilidad administrativa por emitir “SI CUMPLE” sin sustento técnico suficiente o por no verificar adecuadamente la documentación.
Respecto a las solicitudes de acceso a la información pública bajo la Ley N.º 27806, los plazos legales ordinarios son breves y la no respuesta puede constituir una denegatoria ficta. Si han transcurrido casi cuatro meses sin contestación, la solicitante podría:
• Presentar denuncia ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Formular denuncia ante la Contraloría General de la República.
• Interponer una acción constitucional de hábeas data.
• Presentar denuncia penal por omisión de actos funcionales si se acredita conducta dolosa.
También es relevante lo que menciona sobre el MEMO N.º 137-2026-PPM/MDC remitido por el Procurador Municipal. Si un funcionario no atiende un requerimiento formal del propio procurador público —quien representa jurídicamente los intereses del Estado— ello podría agravar la evaluación administrativa y funcional, especialmente si se trata de documentación vinculada a requisitos legales de funcionarios de confianza.
Si el procurador municipal solicita información al gerente municipal y este se toma la libertad de demorar 3 meses y 13 días para no contestar hasta la fecha, eso nos dice dos cosas, o Hidalgo Reátegui es un huevón o es un puto oportunista, ¿por qué? si es el defensor de los intereses del estado y esos intereses están siendo burlados por un pobre diablo, amigo de la alcaldesa y punto, no hay más méritos en dicho sujeto, el procurador hace rato debió denunciar penalmente a Huamanchumo Bernal por desacato y a los que resulten responsables, como por ejemplo, Gamarra López.
ResponderBorrarEXPRESO 24 MAYO 2026
ResponderBorrarSandro Stapleton
Fuerza Popular llega al debate con ventaja: la izquierda ya gobernó y dejó al país en crisis
No se trata únicamente de escuchar promesas, diagnósticos o planes de gobierno. Se trata, sobre todo, de contrastar propuestas con resultados. Y, en ese terreno, Fuerza Popular llega con una ventaja evidente: no carga con la responsabilidad directa de haber sido parte del fracaso de los últimos años.
Juntos por el Perú y sus aliados no pueden presentarse ante los peruanos como si fueran nuevos en la política o como si no hubieran tenido oportunidad de influir en el rumbo nacional. Roberto Sánchez, candidato presidencial de dicha agrupación, fue ministro durante el gobierno de Pedro Castillo. Su candidatura representa a un sector de izquierda que ya participó del poder y que, por tanto, debe responder por lo hecho y también por lo que dejó de hacer.
Por eso, todo lo que sus equipos técnicos digan este domingo debe ser evaluado con una pregunta sencilla: si tenían las ideas, los cuadros y las soluciones, ¿por qué no las aplicaron cuando estuvieron en el gobierno?
Durante estos años, el Perú no ha avanzado hacia una mejor salud, una mejor educación ni una mayor seguridad ciudadana. Por el contrario, millones de ciudadanos siguen enfrentando hospitales desabastecidos, falta de medicamentos, largas listas de espera, colegios con enormes brechas de infraestructura y una inseguridad que golpea diariamente a familias, trabajadores y emprendedores.
EXPRESO 24 MAYO 2026
ResponderBorrarFRANCISCO DIEZ CANSECO
No a la corrupción
La corrupción no es un asunto secundario. Es la madre de gran parte de los males nacionales. Sin corrupción no existirían mafias enquistadas en las instituciones públicas, obras paralizadas, hospitales inconclusos ni carreteras convertidas en monumentos al robo y la impunidad. Con corrupción es imposible eliminar la terrible inseguridad ciudadana.
Resulta inaceptable que en un debate presidencial no se obligue a los candidatos a explicar con claridad cómo enfrentarán este cáncer nacional. El pueblo peruano tiene derecho a saber qué reformas concretas impulsarán para destruir las redes corruptas que capturaron el Estado y cómo garantizarán una justicia verdaderamente independiente.
En ese contexto, Keiko Fujimori tiene la obligación política y moral de asumir un compromiso claro y hoy inexistente en la lucha contra la corrupción, si quiere efectivamente ganar esta elección pese al evidente antivoto que la acompaña y frente a Sánchez que encarna a una izquierda corrupta y radical.
EXPRESO 24 MAYO 2026
ResponderBorrarMartha Meier M.Q.
TikTok evaporó el pensamiento
Con la nariz pegada a ese ecosistema de desinformación hay una generación que cree ser gestora de las libertades que hoy disfruta. Los jóvenes hablan del Perú como si la estabilidad económica, la libertad de empresa y el consumo masivo hubieran aparecido espontáneamente. Critican el modelo que les permitió estudiar, emprender, viajar y expresarse libremente, sin ni siquiera intuir (y menos creer) el aterrador país previo a las reformas de los años noventa.
No vivieron la hiperinflación. No escucharon coches bomba ni crecieron entre apagones. No estuvieron bajo la amenaza diaria del terrorismo, pero opinan sobre esos tiempos con la arrogancia que producen las redes sociales y la ignorancia histórica.
TikTok representa exactamente lo contrario a leer: velocidad, impulso y shot de dopamina inmediata. Mientras que un libro obliga a detenerse, pensar y confrontar ideas incómodas.
Nuestra sociedad esta siendo debilitada desde la degradación cultural y la destrucción de la atención. Mientras China comunista evita que los contenidos banales circulen entre sus jóvenes y promueve la disciplina, el estudio y la productividad, en Occidente millones pasan horas atrapados en la distracción perenne.
La competencia del siglo XXI no es económica o militar, es cognitiva.
PERÚ 21 05/24/2026
ResponderBorrarJaime Bedoya
Cojudignos, cojuporkys, cojufujis
Si hay algo que nunca falla en el Perú en los peores momentos —aparte de los terremotos— es la aparición rotunda e incontestable de la cojudez en estado puro.
Se manifiesta como un arcoíris difuso y amorfo, pero igual de majestuoso en una exactitud esférica que cubre de cojudez la bóveda celeste que nos ampara.
Como un imán al hierro, la crisis invoca el fenómeno con una previsibilidad matemática. Al llegar, la cojudez se respira, se vuelve una sensación atmosférica. Por eso, razón tenía Sofocleto, nuestro primer cojudólogo, cuando decía que la cojudez no se define: se vive.
Unas elecciones críticas y determinantes como las que atravesamos no podían quedar al margen de esta manifestación natural de nuestra idiosincrasia histórica: hay cojudos que postulan, cojudos que votan y hay quienes votan como cojudos.
Seamos claros. El país ya está lo suficientemente polarizado como para andar repartiendo insultos. No se trata de eso. Se trata de lo que somos. Habrá quienes interpreten estas líneas como una cojudez rotunda de principio a fin, y nadie tendría por qué ofenderse: el tema en cuestión nos envuelve como si fuera una bicolor compasiva. Parafraseando al dramaturgo latino Publio Terencio: nada de lo cojudo nos es ajeno.
El uso de un informe falso para acceder a un cargo público destruye cualquier defensa de "buena fe" del funcionario. Este escenario activa consecuencias inmediatas:
ResponderBorrarDelitos Penales: El funcionario será denunciado ante el Ministerio Público por el delito de falsificación o uso de documento falso (Art. 427 del Código Penal), falsa declaración en procedimiento administrativo (Art. 411) y aceptación ilegal de cargo (Art. 381).
Inhabilitación: Paralelamente al proceso penal, SERVIR o la Contraloría General de la República procesarán su destitución e inhabilitación permanente para trabajar en el Estado.
Ahora se entiende objetivamente el porqué de la negativa cerril de la subgerente de RR HH de Comas, ELBA MERCEDES GAMARRA LÓPEZ y del GERENTE MUNICIPAL, JOSÉ DEL CARMEN HUAMANCHUMO BERNAL a entregar copias de los informes de verificación de datos que han avalado las resoluciones de gerencia municipal de designación de los seudo funcionarios de confianza, esos informes son bamba, truchos, mentirosos, a la reja carajo, delincuentes de mierda.
LIMA GRIS 24 MAYO 2026
ResponderBorrarRAUL ALLAIN
La reconquista del orden interno: el control territorial y la firmeza penal frente a la parálisis garantista
Esto no es un problema social que se resuelva con mesas de diálogo; es una parálisis del principio de autoridad provocada por un sistema judicial que muchas veces libera a los extorsionadores a las pocas horas de su captura bajo el argumento de que «no se configuró la flagrancia» o «faltaron elementos de convicción».
Las narrativas colectivistas, en su afán de diluir la responsabilidad individual, argumentan que el endurecimiento de las penas no disuade al criminal. Este es un sofisma que colisiona frontalmente con la praxeología de la acción humana. El delincuente, especialmente el que integra mafias organizadas de sicariato o redes de extorsión, opera bajo una lógica de costo-beneficio. Si la probabilidad de ser capturado es baja y la sanción penal es elástica o permisiva debido a beneficios penitenciarios absurdos, el incentivo para delinquir se multiplica. El beneficio de un marco penal estricto y de cumplimiento efectivo, desprovisto de tecnicismos garantistas que dilatan los procesos, radica precisamente en alterar esa ecuación. La pena de cadena perpetua para los cabecillas del terrorismo urbano y los extorsionadores no es un acto de venganza, sino de legítima defensa de la civilización frente a quienes han decidido colocarse al margen de la comunidad moral.
La inacción estatal es el caldo de cultivo del populismo punitivo informal, aquel que lleva a las poblaciones desesperadas a tomar la justicia por sus propias manos ante la parálisis de los juzgados y las fiscalías. Para evitar la anarquía, las instituciones deben recuperar la iniciativa con una legislación penal contundente. No podemos permitir que tratados internacionales o recomendaciones de comités foráneos ideologizados dicten la política de seguridad interna de una nación soberana. Cuando las cortes supranacionales priorizan los tecnicismos procesales de un criminal confeso por encima del derecho a la vida de millones de ciudadanos honrados, el pacto social se quiebra. La soberanía jurídica debe imponerse: las leyes del país deben redactarse pensando en el bienestar de las víctimas, no en el aplauso de los foros internacionales del bienpensantismo global.