Ellos son los burócratas, los funcionarios de confianza de las gestiones municipales y como no podía ser de otra manera, también están los locadores de servicios encargados de atender a los administrados en busca de lograr los documentos necesarios para insertarse en el mercado económico, por otro lado están los trabajadores estables que laboran en áreas como Fiscalización, las ejecutorias coactivas, tanto tributarias como administrativas.
Nosotros somos los agraviados por
las prácticas corruptas de ellos, somos las víctimas de la tramitología,
de la ignorancia supina de funcionarios y locadores, sin dejar de lado a
los trabajadores estables mecanizados que durante años han desarrollado una
coraza que los aísla de los padecimientos del sufrido vecino, comerciante, mype
o emprendedor, salvo cuando se escucha la palabra mágica: billete, que
es el inicio de la coima, provocada por ese aislamiento indolente del burócrata
de turno.
Pero no son las causas o los orígenes de la corrupción manejada por trabajadores estables o locadores de servicios lo que nos importa en este artículo, lo que queremos es saber cómo combatirlos y ganar esa lucha aparentemente desigual contra la mafia municipal enquistada en el 99.9 % de los municipios del Perú y es en esa tarea que necesitamos entrevistar a César Gonzales, ex empleado edil con más de 40 años de experiencia y conocimiento del monstruo por dentro.
CB: Según tu conocimiento y experiencia, ¿a qué se debe la institucionalización de la corrupción en los municipios del país?
CG: Amigo Burmester, le agradezco de antemano esta oportunidad y espero estar a la altura de las expectativas del publico que sigue al blog noapaguenlaluzvol2.
En general el estado peruano es paquidérmico, lento e ineficiente y los casi 2,000 gobiernos locales no escapan de esta realidad.
El Estado no ha crecido por el lado de la meritocracia y la tecnocracia, sino por la puerta chica, por el lado del compadrazgo o tarjetazo como se decía antes, y el “apoyo” en las campañas electorales y políticas que, escasamente, aportan a los mejores hijos de la comunidad.
Y por ello, la ineficiencia estatal se explica por su lógico proceso de formación:
A.-En la ausencia de la carrera publica, que mantiene a muchos miles de trabajadores en un mismo nivel por muchos años, sin incentivos, sin progresión y sin futuro (una carrera pública que nunca se cumplió con el DL. 276 y que sigue detenida en el tiempo con la Ley 30057).
Al dictarse el DL. 276, la carrera administrativa se concibió en función del conocimiento y la acumulación de experiencia, pero solo se avanzó con la implementación de la primera etapa llamada “incorporación a la carrera” de los casi 2 millones de trabajadores públicos y hasta hoy no se ha dado ni un solo paso más, reemplazando la ideal valoración de la formación académica o profesional o meritocrática, por la valoración del tiempo de servicios, es decir reemplazando en la práctica, la valoración del conocimiento por la valoración de la experiencia empírica, un retroceso que nos ha costado la formación de un Estado INEFICIENTE.
B.- En la ausencia de filtros meritocráticos, tanto de trabajadores como de funcionarios y en el caso de los funcionarios, estos mayoritariamente son designados en puestos para los que no se encuentran preparados y con escasa o nula experiencia a pesar que la designación y la recepción indebida de cargo público constituye un delito.
De nada han servido normas tales como la Ley N° 31419 -Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción- y el D.S. Nº 053-2022-PCM -que aprueba su Reglamento, cuando a diario, muchos alcaldes designan a cientos de funcionarios públicos que carecen de la formación establecida para el puesto, y que tampoco cuentan con los mínimos tiempos de experiencia exclusiva y general para el cargo- letra muerta por obra y gracia de autoridades que no respetan la ley ni a sus vecinos.
El estado no es una escuela, es una alta gerencia resolutiva de problemas macro de la sociedad.
¿Pero cómo afrontará el inexperto o empírico las tareas del profesional o el especialista?
¿Pero que resolverá un profesor donde debe estar un ingeniero ambiental?
¿Y cómo lo hará un abogado donde debe designarse a un ingeniero?
Cuando la máxima autoridad le concede al iniciado la “oportunidad” de aprender a través de un cargo público, está sacrificando el bienestar general a cambio de la adquisición de experiencia del novel, acto irresponsable y nada ético, que nos sigue conduciendo a un Estado errático e INEFICIENTE.
C.-En la ausencia de protocolos y procedimientos administrativos estándar (que deja en manos, casi siempre inexpertas, el futuro de las pretensiones de los vecinos). Que, termina ralentizando los procesos, elevando los costos de los servicios públicos y administrativos y lo que es peor, elevando los muros de la discrecionalidad absoluta que en términos prácticos, se traduce en una actuación impune y sin control.
¿A cuántos vecinos y cuantas veces se nos ha respondido que nuestra solicitud “ha pasado a tal cual oficina”?
Y no entendemos porque, si el trámite es uno de licencia de funcionamiento, que hace la solicitud en la Alcaldía o la Gerencia Municipal o si es uno de Defensa Civil, que hace en Catastro, o si es uno de Anuncios que hace en Obras Privadas, etc.
La carencia generalizada del Manual de Procedimientos -MAPRO y del Mapa de Procesos –MP en cada entidad, lo que nos conduce a caminos discrecionales también generalizados en donde los funcionarios públicos no tienen una ruta obligatoria sino un “criterio” o una decisión personal discrecional en cada caso.
De nada han servido disposiciones dictadas para este efecto, como la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP de “Implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública”, aprobada con Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP o la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, etc. Cuando a diario, los vecinos nos encontramos expuestos a la voluntad, al estado de ánimo de los funcionarios públicos y a procedimientos siempre impredecibles o impredictibles.
Por este camino, el resultado es conocido, para el común, aumentan los pasos de atención de todos los casos y para los amigos disminuyen y se vuelven benignos, pero en general, se encarece el producto administrativo porque cada procedimiento requiere cada vez más y más pasos, y cada vez más y más personal y como consecuencia cada vez más y más gasto público y, más demora y tiempo de atención. Todo esto favoreciendo el lobby, el tráfico de influencias y la corrupción, en una carencia irresponsable que nos sigue conduciendo a un Estado desorganizado e INEFICIENTE.
D.- En la ausencia de voluntad de mejora, retroalimentación, y búsqueda de la calidad, que impide dar el salto a la informatización y estandarización de los procesos.
¿Existe algún lugar en el estado, pero principalmente en el gobierno local, en el que se discutan y se registren los avances y errores recurrentes?
¿Cuáles con las nuevas ineficiencias que se deben desechar?
¿Cuáles son los procedimientos obsoletos?
¿Cuáles son las conductas nocivas?
¿Cuáles son las rutas y procesos ineficientes?
¿Se identifican los sobrecostos y los puntos ciegos en los procesos?
¿Cuáles son las quejas más recurrentes de los administrados?
¿Y, entonces, es posible pensar en políticas de atención de los servicios públicos y administrativos, de cara al elector?
En general en la administración pública, pero principalmente en el gobierno local no existe ni un solo proceso de evaluación, ni un solo plan de investigación. No existe un observatorio ni laboratorio de procesos, menos aún un plan de mejora continua o modernización.
Estamos librados a la suerte y a la fórmula más recurrida y absurda: el aumento de la carga labora, y el incremento del gasto corriente.
Basta con preguntar:
¿Por qué se siguen usando papeles (que encarece y ralentiza los procesos) en un mundo que, hace rato, dio el salto a la informatización de los procesos?
¿Por qué se prefieren procesos lentos y caros (que necesitan más personal y más insumos) y se evita la Digitalización de los archivos?
¿Por qué se evita la Modernización y el propio Gobierno electrónico, porque se evita la transparencia en las decisiones y el gasto público?
La mayoría de Municipalidades del país tiene más de 50 o 60 años, pero, ¿Cuántas gestiones, y años más, vamos a seguir escuchando las culpas del que se fue, mientras la nueva autoridad nos cuenta que no tiene dinero para implementar mejoras? Y esa es solo la punta del iceberg, de la evidencia de la carencia eterna, vitalicia e irresponsable de un plan de mejora continua y de búsqueda de la calidad y es la evidencia de la desconexión entre oferta estatal y demanda del usuario o administrado, y lo que nos sigue conduciendo a un Estado que no se atreve a mirarse a sí mismo como un Estado absolutamente INEFICIENTE.
Continuará...
















