LA IDONEIDAD EN LA FUNCÍON PÚBLICA MUNICIPAL

 

Un principio clave para el funcionamiento de la administración pública es la idoneidad, que consiste en la aptitud técnica, legal y moral del servidor. Este principio se establece como condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. Ello se encuentra establecido con claridad en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, N.° 27815.

➢Uno de los delitos que tiene mayor incidencia en el funcionamiento de la administración pública es el tipificado por el artículo 381 del Código Penal, que es el de nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo, o simplemente nombramiento ilegal.

En este punto es justo señalar que este delito fue modificado por la Ley N.° 31676, que modifica el Código Penal, con la finalidad de reprimir las conductas que afectan los principios de mérito, idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública.

Ahora bien, la cuestión a dilucidar cuando se establecen requisitos para los diversos cargos públicos que existen en el Estado es como se deben acreditar para efectos de asegurar el principio de idoneidad del cargo que hemos señalado al inicio de este texto, lo cual es relevante además para determinar la comisión del delito de nombramiento ilegal tipificado en el Código Penal.

En este orden de ideas, la experiencia de un servidor en labores equivalentes permite establecer el cumplimiento del requisito de manera satisfactoria.

➢Mediante Informe Técnico N° 00706-2023-SERVIR-GPGS, SERVIR señala que como ente rector del sistema de recursos humanos (SAGRH), define, implementa y supervisa las políticas de personal de todo el Estado, por lo cual no debería entenderse que como parte de sus competencias se encuentre el constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones individuales que adopte cada entidad.

Asimismo, señala que si bien tiene la facultad para emitir opinión técnica sobre las normas y el funcionamiento del SAGRH, se debe precisar que, de conformidad con el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM (en adelante, ROF de la PCM), la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros tiene la competencia funcional para coordinar con las entidades responsables de materias vinculadas a la promoción de la ética pública, integridad y lucha contra la corrupción los aspectos normativos u operacionales requeridos para el cumplimiento de sus funciones, siendo el órgano que ejerce técnicamente la rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, conforme lo establece su artículo 77.

¿Qué consecuencias podría conllevar la selección de una persona no apta para servir en la administración pública? Las consecuencias específicas dependerán de qué tanto se adolezca de uno u otro aspecto o de la posición ocupada en la entidad. Sin embargo, el desempeño de un servidor, directivo o funcionario sin la aptitud moral necesaria podría traer como consecuencias:

• Afectación de derechos

• Afectación de servicios • Pérdida o desvío de bienes o recursos de la entidad

• Afectación de la confianza de los públicos de interés

• Afectación a la continuidad de la gestión

➢Si toda esta parafernalia de leyes, normas y reglamentos de la administración pública fueran ciertos, no veríamos casos como el que mostramos a continuación, el DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS DE SANTA ROSA DE QUIVES, al 19 noviembre de 2024:

➢ ¿Dónde quedó la meritocracia, la idoneidad, la ley 31419, el DS 053, la ley 27815 y la ética en la función pública? pura letra muerta y nada más.

CORRUPCIÓN MUNICIPAL AL ROJO VIVO, CON PREMEDITACIÓN, ALEVOSÍA Y VENTAJA

 

El título del artículo puede sonar escandaloso y hasta ser calificado de amarillista, pero no, nada de eso, este caso en especial es uno de los más condenables por su naturaleza misma: debemos ver el caso desde la perspectiva correcta y esa es la pandemia de COVID 19 en 2020.

El brutal confinamiento vizcarrista que impedía a los peruanos salir a las calles a ganarse el diario sustento, la pandemia en sí misma sumada a la falta de medicamentos, la falta de oxígeno y camas UCI, fueron los motivos para que el gobierno de turno decidiera apoyar a los más necesitados, a la gran mayoría de peruanos, con víveres, con alimentos y así se fueron afectando partidas con este fin. Pero ni la pandemia pudo con la costra corrupta que envuelve nuestro Perú y así hemos sido testigos de incontables canalladas y delitos en agravio de estas personas, especialmente en los gobiernos locales, donde muchos alcaldes y funcionarios no corrían sino volaban en alas de la más feroz y putrefacta corrupción, como veremos a continuación:

Fuente

➢Corría el 27 de mayo del 2020, cuando la Dra. Neyde Cachay Chávez, fiscal del segundo despacho de la Fiscalía anticorrupción de Lima Este disponía iniciar una investigación preliminar por 60 días contra los que resulten responsables del delito de PECULADO AGRAVADO en agravio de la municipalidad de Cieneguilla. Posteriormente, el 17 de julio del mismo año, la fiscal decidió ampliar las investigaciones por un periodo de 8 meses, ya que a su juicio la investigación resultaba compleja y el tiempo era corto y la numerosa cantidad de investigados en esta aparente organización criminal.

Aparte o en paralelo, lo que nos llama poderosamente la atención en este caso de corrupción de funcionarios de la muni de Cieneguilla de la mano del entonces alcalde, Edwin Subiletti y una gran cantidad de funcionarios en su gran mayoría mujeres, es la responsabilidad demostrada por la fiscal Cachay Chávez en todos o casi todos sus actos. Por ejemplo, la decisión de solicitar a la DEPIAC (DIVIAC) el uso de técnicas de video vigilancia contra los denunciados, es poco frecuente en investigaciones por corrupción que no sean los casos mediáticos, en casos llamados pequeños tanto por el monto como por las personas involucradas ni en broma se estila el uso de medidas como las tomadas por la Dra. Cachay Chávez, este caso de corrupción de funcionarios aunado al PECULADO DOLOSO y la COLUSIÓN AGRAVADA. Este artículo periodístico lo vamos a tratar en dos partes, dado que a la presentación de los documentos fiscales vamos a denunciar con pruebas a la mano la comisión del delito de nombramiento y aceptación indebida de los funcionarios involucrados en esta investigación fiscal. 

➢Lo valioso de la actuación fiscal de la Dra. Cachay Chávez no radica solamente en su accionar fiscal sino en la dedicación y hasta donde se percibe, unas ganas de hacer justicia como se ve pocas veces en la Fiscalía. No es que la Cachay Chávez haya tomado medidas poco usuales en estos casos, como las filmaciones y grabaciones, sino el ahínco y la determinación mostrada a lo largo de las investigaciones fiscales. 

Luego tenemos el plazo para las investigaciones, ni bien terminó la investigación, de inmediato comunicó la culminación de la investigación preparatoria al juez para las acciones pertinentes.  No como aquí en Lima Norte donde a las fiscales les falta tiempo para sus "investigaciones" y sus "silencios" sobre los expedientes a su cargo, bueno ahora la cancha está en manos del juez de la causa.

Continuara...

LOS LOCADORES DE SERVICIOS NO SON SERENOS, SEGÚN LA LEY 31297

 

 En infinidad de videos, artículos periodísticos, columnas de opinión y esencialmente impreso en leyes, normas y reglamentos, leemos y vemos que no hay alcalde que se respete que no diga muy orondo “cuento con mi serenazgo”, “pongo a disposición mis serenos, en la lucha contra la criminalidad, la delincuencia, el crimen y todo lo que atente contra la seguridad ciudadana de los peruanos”, pero en la práctica solo vemos a muy poca personas vestidas con los auténticos uniformes autorizados de serenos: la camisa y el pantalón de color celeste y azul marino tipo Pantone.

Lo que vemos mayoritariamente son tipos usando vestimenta de color negro, borceguíes, chalecos, cascos y demás elementos de seguridad junto a nombrecitos de toda clase: HURACAN, OLAYA, YAPANAQUI, GIR, etc. etc. Pero, cuidado, ese ropaje no está autorizado para el serenazgo, ¿por qué? Porque es uno de los uniformes que utilizan algunas unidades policiales como Los Halcones, SUAT y el escuadrón de emergencia, el verdadero sereno no puede vestir esas prendas no contempladas por la ley 31297, Ley nacional del sereno.

Pero, aquí está el pero que nunca falta, los “serenos” de los que hablan los alcaldes, ¿son verdaderamente serenos conforme a ley? NO, no lo son ni podrían serlo, ¿por qué? Porque son LOCADORES DE SERVICIOS y el uso de estas personas en labores que implican subordinación, horario, uniforme y remuneración mensual, implica la infracción a la ley 31298, art. 3, literal 1. Que algunos imbéciles digan que al no haber denunciados ni sentenciados por las flagrantes violaciones a esta ley, no constituyen delito, y podrían tener razón porque desgraciadamente la violación de esta ley es aceptada como algo común y corriente, pese a que la contratación y uso de estas personas en tareas que desnaturalicen la locación de servicios está penado. Porque no sean denunciados los funcionarios que permiten y alientan estas prácticas, eso no quiere decir que sean legales.

Ahora bien, ¿qué es un sereno y cuáles son sus obligaciones y cuáles sus derechos conforme a ley? Esto no debería ser problema ya que la ley es sumamente clara al respecto, como veremos a continuación:

DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL

Sería más fácil para este blog simplemente escribir "Feliz día trabajadores municipalidades de todo el Perú?", pero no lo vamos a hacer, escribiremos unas pocas líneas denunciando las eternas maldades, felonías y traiciones de los sucesivos alcaldes que han tomado el control del gobierno municipal y han echado al olvido sus promesas electorales de trabajar codo a codo, de la mano con los trabajadores ediles. Las palabras se las lleva el viento, pero en Comas, no solo las palabras son las que se lleva el viento, también, el respeto por la ley y la buena voluntad para con aquellos que dedican sus vidas al servicio municipal, trabajando año tras año con los mismos sueldos de porquería, otros como los jubilados y cesantes, esperando la buena voluntad del alcalde de turno y no el correcto cumplimiento de la ley.

Como felicitar a estos señores trabajadores municipales de Comas, cuando en una demostración de abuso e irrespeto por los trabajadores municipales, el alcalde Ulises Villegas ofrece un almuerzo para dicha personas y a la reunión asisten locadores de servicios que no son trabajadores municipales, como fraternizar con aquellos que de manera abusiva y sinvergüenza usurpan las funciones de los verdaderos trabajadores municipales, realizando labores propias de los trabajadores con vínculo laboral, pero sobre todo ganando sueldos elevados sin ningún sustento técnico ni profesional y mucho menos con la experiencia debida. Los trabajadores municipales no deben olvidar jamás, que el último aumento les fue dado por Nicolas Kusunoki el 2014, vía resolución de alcaldía que fue anulada por Miguel Saldaña en enero de 2015, luego de largos juicios que llegaron hasta la casación, esta fue desconocida por Raúl Díaz Pérez y luego por el actual alcalde Ulises Villegas, ¿con esta gente ni a la esquina y menos aceptar un almuerzo compartido?

A los trabajadores municipales de MUNICOMAS que pese a tener 20 y más años de servicios siguen ganando sueldos de mierda, sueldos que en muchos casos no pasan de los 1,500 soles a 2,000 soles y locadores que en su mayoría apenas escriben sus nombres, ganan a partir de 2,500 para adelante hasta llegar a los 8,000 soles. Sus nombres están en la relación de proveedores del Estado y en las relaciones de locadores que las pueden pedir por transparencia.

A los verdaderos trabajadores municipales, nuestros respetos y felicitaciones por este 5 de noviembre, vendrán mejores años, amigos. No pierdan la Fe.

DAMACEN NO PUDO, INVERSIONES DORDIS EIRL, SI

 

 Al leer el Acuerdo de Concejo Nº 021-2024/MDC, fechado el 19 de julio pasado, sentimos una vergüenza ajena que nos escarapela el cuerpo, pero, es porque tenemos la capacidad de indignación de la que carecen los chicheños que fungen de regidores que creen que tiene el “derecho” a delinquir o pasar por agua caliente el delito de sus demás pares regidores.

Un ciudadano se percata que el regidor  José Paulino Damacen Diaz tenía la condicion de socio mayoritario de la empresa DAM SERVIS VIAL PERU SAC, y por tanto, responsabilidad en sus actos. 

Aquel mismo ciudadano se percata que ese mismo regidor era Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Transportes de la Municipalidad de Comas, a mérito del Acuerdo de Concejo Nº 005-2023/MDC de fecha 19 de enero-2023. Y esa misma autoridad “recibe” los Expedientes que contenían las propuestas de fiscalización del servicio público especial de pasajeros en unidades menores (o sea mototaxis) de manos de la Subgerencia de Tránsito, Transportes y Vialidad de Comas.

En su condición de Presidente de la citada Comisión, pone a votación las propuestas en mesa, y, oh sorpresa, la Comisión de regidores que preside APRUEBA el Dictamen Nº 04-2023-SCFT/MDC de fecha 12 de Abril-2023 que Recomienda al Pleno del Concejo Municipal aprobar el llamado “Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Comas y DAM SERVISVIAL PERU SAC” y recomendando que “deberá aprobarse con la dispensa del trámite y aprobación del Acta”, o sea ipso facto, como por un tubo.

Este Dictamen sube al Pleno del Concejo y como no podía ser de otra manera, en Sesión de Concejo de fecha 19 de abril-2023 toman el Acuerdo de Concejo Nº 017-2023/MDC y la mayoría de regidores aprueba la suscripción del Convenio: es decir un acto de tramite entre el Municipalidad de Comas y la empresa de propiedad del Regidor Damacen Díaz.

El funcionario a cargo de la Subgerencia de Tránsito, Transportes y Vialidad tuvo a la mano los Expedientes presentados por los ofertantes, cuya documentación incluía la Copia literal de las empresas en las que aparecían los Directorios y los socios de las mismas, pero en esta etapa NO se dio cuenta que el regidor municipal era dueño de una de las postoras (Inf. Nº 0102-2023-SGTTV-GSCFT/MDC, 27.03.2023).

Este voluminoso Expediente ha pasado por las manos de los funcionarios, de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Transporte (Inf. Nº 012-2023-GSCFT/MDC, 17.03.2023), la Oficina General de Planificación y Presupuesto (Inf. Nº 22-2023-OGPP/MDC, 27.03.2023), Gerencia Municipal (Prov. Nº 431-2023-GM/MDC, 27.03.2023), Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Transporte (Inf. Nº 22-2023-GSCFT/MDC, 30.03.2023), Oficina General de Asesoría Jurídica (Inf. Nº 311-2023-OGAJ/MDC, 11.04.2023), Gerencia Municipal (Prov. Nº 544-2023-GM/MDC, 11.04.2023), Oficina General de Atención al Ciudadano (Carta Nº 038-2023-OGAC/MDC, 11.04.2023), los que debemos suponer, han leído cuál es su obligación. Aunque el gallo cante tres veces y nieguen conocer al escurridizo y casi anónimo regidor Damacen Díaz, NADIE se dio por enterado de que el dueño de la empresa DAM SERVIS VIAL PERU SAC, era un postor.

Y así llego este voluminoso expediente a la Sesión de Concejo de Comas, de fecha 19 de abril-2023, con copias que llegaron a manos de todos los regidores que suponemos tampoco saben leer ni escribir, porque en esa instancia tampoco objetaron el Convenio de la Municipalidad con su colega regidor y tambíen dueño de la empresa agraciada. Así, levantaron la pezuña y votaron a favor de este contrato.

El denunciante, que no tiene la obligación de conocer la ley, cumplió con valentía su deber ciudadano, pero algo que no calculó es que los regidores en su mayoría hicieron espíritu decuerpo con el denunciado y protegieron al corrupto. Los Regidores de Comas con una o dos solitarias excepciones, se olvidaron, porque para cumplir la ley no están ahí, que como en todo ilícito, la tentativa es una modalidad del delito: efectivamente, no se firmó el Convenio pero se hizo todo el trámite y el Regidor denunciado timó a funcionarios y regidores con el fin de conseguir el fin ilícito. 

Y todos, absolutamente todos los involucrados, voltearon a un lado, silbaron, levantaron la pezuña con miedo al cocainómano y a pesar de la seria evidencia que estaba en sus manos, votaron el ilícito: consumando complicidad en la modalidad denunciada.

No hay que ser un genio para darse cuenta que los regidores son una cascara que no le sirve al pueblo, no le sirve a la democracia y mejor sería que desaparezca esta instancia inútil y complaciente con el amo de turno.

El ciudadano denunciante tiene la razón. Los funcionarios, todos, se hicieron los Shakiros. El Concejo Municipal una vez más se zurro en la ley. Y el alcalde, en su mundo ideal.

Para eso elegimos, para que pasen 4 años dándole la mano a sus amigos y a sus socios, es decir, para que favorezcan la corrupción? 

Salomón Márquez

LA RESERVA DE LA INVESTIGACIÓN O EL ENCUBRIMIENTO DE LA CORRUPCIÓN

Que solo las “partes” y encima de manera directa o por medio de sus abogados, con todas las facilidades del mundo, puedan enterarse de la investigación de inicio a fin, lo que va de la mano con la prohibición de la publicación de los avances de las investigaciones, pone en evidencia el enorme sesgo de los autores del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) a favor de los investigados y nos conduce a la conclusión de que la reserva de la investigación es una forma legalizada de encubrir la corrupción, de todo lo sórdido que pueda ocurrir tras las bambalinas del Ministerio Público y/o el Poder Judicial.

Pruebas sobre ello abundan, desde un abogado que defiende a un alcalde denunciado por corrupción y poco tiempo después es contratado como proveedor del municipio hasta una fiscal superior penal con años en el cargo y que incumple con presentar el recurso de casación penal y con esta omisión permite la exclusión definitiva de empresarios procesados penalmente también por corrupción, todo esto bajo la clandestinidad y sin que alguien tenga la posibilidad de hacer frente a dichos actos.

El NCPP, al igual que su predecesor el Código de Procedimientos Penales, contempla en su art. 324, inc. 1 esta reserva de la investigación -en el de procedimientos lo tenía en el art. 73- y nadie en la comunidad abogadil peruana ha tenido el valor de cuestionar este secretismo pese a que padece de una orfandad teórica pues el código de marras nunca tuvo exposición de motivos –el de la web del MINJUS pese al título, no califica como tal– nunca hubo debate para su elaboración, este es el código de César Eugenio SAN MARTÍN CASTRO, así con todas sus letras.

En una entrevista del 2014, Javier VILLA STEIN señaló que no hay dogmática penal peruana, sino que se importa lo que hace España y Alemania. Precisamente esto nos condujo a la antiquísima pero vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1882, en cuyos arts. 301 y 302 desarrolla el secretismo y prohibición de publicación de las diligencias salvo excepciones y que las partes podrían acceder previa autorización del juez cuando se necesiten para ejercer derechos. Pero con la Ley 53/1978, se eliminó la autorización del juez y bastaba con que las partes se apersonen para que puedan conocer de las actuaciones e “intervenir en todas las diligencias del procedimiento” (sic).

Ese modelo español influyó en el derecho peruano, sin embargo, la Ley n.° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 2002 dispuso que para que una información de determinada materia sea clasificada como confidencial su acceso haya sido previamente restringido o por la Constitución o por una ley aprobada por el Congreso de la República, ni más ni menos. Pero Toledo y sus ministros Ferrero y Kresalja aprobaron el 2004 el código de San Martín con un decreto legislativo, en lugar de haber enviado el proyecto al Congreso para su trámite correspondiente y eventual aprobación mediante ley congresal, incumpliendo lo normado por la ley de transparencia y transgrediendo así el principio de legalidad.

La reserva de la investigación en España, al menos hasta donde hemos hurgado, sigue intacta, en cambio en otros países de Latinoamérica también influenciados por ese código procesal español la transparencia ha entrado en escena, es el caso de Colombia cuyo Código de Procedimiento Penal del 2004 también contempló dicha reserva, pero en el 2018 con la Ley n.° 1908, se agregó este cambio importantísimo: “En todo caso, la Fiscalía podrá revelar información sobre la actuación por motivos de interés general.”

Por increíble que parezca, el Perú no ha sido ajeno a esta tendencia, pues en el 2019 se promulgó la Ley n.° 30934 que impuso al Ministerio Público la obligación de publicar en su portal por lo menos “todos los dictámenes fiscales (sic.)” -en el caso del Poder Judicial todas las sentencias judiciales-, abordando por primera vez la transparencia en dicho organismo autónomo. El problema está en que los congresistas no incluyeron la respectiva modificación del art. 324, inc. 1 así como del art. 139, inc. 1 del NCPP. Esta omisión que muestra a este código aparentemente como intacto a la transparencia, le permite a muchos fiscales penales mantener todavía bajo siete llaves sus dictámenes fiscales y los investigados siguen teniendo la sartén por el mango. Pronóstico reservado.

La respuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) en el “MEMORANDO N° 119-2022-JUS/CEI-CPP” notificado mediante correo electrónico “Gmail” de fecha 23 de mayo del 2022 a las 21:41 Hrs. sobre los integrantes de la Comisión Especial de Alto Nivel (César San Martín a la cabeza) encargada de las modificaciones y mecanismos del NCPP y qué partes trabajaron de este código: “no contamos con los documentos”.

MOTOS LINEALES CON MÁS DE UN OCUPANTE: PARTE 2

VARIAS ORDENANZAS MUNICIPALES QUE PROHIBEN LA CIRCULACION DE MOTOS LINEALES CON 2 PERSONAS A BORDO E INICIATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA HAN TERMINADO DE IMPONER ESTE TEMA EN LA AGENDA CIUDADANA Y POLITICA

En estas dos últimas semanas, uno de los temas relacionados directa o indirectamente con la criminalidad y el sicariato, las motos lineales, ha sido materia de arduo debate y controvertidas medidas y opiniones.

Hagamos un recuento:

° Ordenanza Nº D000486-2024-AL-MDI, publicada el 16-octubre-2024 es la Ordenanza que fortalece la seguridad ciudadana en el distrito de Independencia durante el periodo de estado de emergencia. Prohíbe la circulación de motos lineales con más de un ocupante durante el periodo del estado de emergencia y la sanción de 1 UIT de multa a los conductores que incumplan esta norma.

° Ordenanza Nº 575-2024/MDSR, publicada el 25-octubre-2024 es la Ordenanza que fortalece la seguridad ciudadana en el distrito de Santa Rosa durante el periodo del Estado de Emergencia y ordena:

Prohibir que dos personas viajen en una sola moto lineal, el uso de cualquier tipo de casco que cubra totalmente el rostro del conductor, de tal manera que impida determinar los rasgos físicos y faciales del conductor, así como el uso de pasamontañas, máscaras u objetos similares que impidan su eficaz identificación. Se permite que únicamente el casco cuente con mica transparente o sin mica pero que permita la visibilidad del rostro cubriendo el cráneo del conductor, quedando prohibido el uso de cascos con micas polarizadas o totalmente oscuras.

Disponiendo la sanción de 1 UIT de multa a los conductores que incumplan esta norma.

 

° Ordenanza Nº 573/MDSMP, publicada el 23-octubre-2024 es la Ordenanza que fortalece la seguridad ciudadana en el distrito de San Martin de Porres durante el periodo de Estado de Emergencia y prohíbe la circulación de motos lineales con más de un ocupante durante el periodo del estado de emergencia, y la sanción de 2 UIT de multa a los conductores que incumplan esta norma.

° Ordenanza Nº 523-2024/MDA, publicada el 22-octubre-2024 es la Ordenanza que fortalece la seguridad ciudadana en el distrito de Ancón durante el periodo de Estado de Emergencia y se encarga de prohibir la circulación de motos lineales con más de un ocupante durante el periodo del estado de emergencia junto a la sanción de 1 UIT de multa a los conductores que incumplan esta norma

° Ordenanza Nº 458-MDPP, publicada el 18-octubre-2024 es la Ordenanza que fortalece la seguridad ciudadana en el distrito de Puente Piedra durante el periodo del estado de emergencia y prohíbe la circulación de motos lineales con más de un ocupante durante el periodo del estado de emergencia más sanción de 1 UIT de multa a los conductores que incumplan esta norma.

° Ordenanza Nº 014-2024/MPS, de fecha 10-setiembre-2024 es la Ordenanza que prohíbe a dos personas viajar en una misma moto lineal en la Provincia de Sullana, que ordena:

Prohibir que dos personas viajen en una sola moto lineal, el uso de cualquier tipo de casco que cubra totalmente el rostro que impida determinar los rasgos físicos y faciales del conductor. Además, se prohíbe el uso de pasamontañas, máscaras u objetos similares que impidan su eficaz identificación, permitiendo únicamente el casco que cuente con mica transparente o sin mica que permita la visibilidad del rostro cubriendo el cráneo del conductor. Quedan prohibidos el uso de cascos con micas polarizadas, totalmente oscuras y/o con protectores mandibulares, cuyas características son de cascos para deporte de alta competencia motociclistas. Se aprueba el uso obligatorio del modelo e casco abierto “jet” o “pilot”, así como una multa del 8% de la UIT a los conductores que incumplan esta norma.

Así son las cosas, y a pesar de que los motociclistas formales insisten en que es anticonstitucional y, repitiendo parte del artículo anterior:

-Quienes realizan actos en contra de la ley en moto representan el 0.05% del universo total de motos en el país.

-No existe un sistema de Transporte efectivo en el Perú.

-Las motos sirven para hacer mototurismo por nuestro territorio patrio y de esta manera incentivar el turismo.

-Limitar su uso a una sola persona es limitar la utilidad de este vehículo y atentar contra el fin para el cual fue adquirido por miles de personas.

-Es discriminatoria porque colocar la placa en el caso marca una diferencia con los conductores de vehículos mayores.

-Crea un Estigma irreal y en contra de la libertad, ya que se le trata como un supuesto criminal.

-Gracias a unos cuantos delincuentes vamos a optar esa medida todos.

-Atenta contra el respeto a la dignidad, articulo 1 de la CPP ya que todo motociclista es calificado como delincuente por movilizarse en motocicleta lineal. Atenta contra la identidad de las personas artículo 2 de la CPP. Atenta contra el libre derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias, Articulo 7 de la CPP. Atenta contra la libertad y seguridad personal. Esta ley atenta contra la libertad de tránsito conforme al artículo 11 de la CPP.

Etc., etc….

Lo cierto es que, las 600 motos mensuales robadas y las más de 7,000 unidades hurtadas al año que pasan a manos de la delincuencia y la criminalidad organizada, se han convertido en el principal argumento de los impulsores de las restricciones porque efectivamente: la moto lineal es a no dudar, el principal vehículo usado por los autores de los crímenes más violentos en el Perú. Ninguna medida por si sola será el santo y remedio contra la criminalidad desbocada. Se requiere de un Plan que aborde todas las aristas, y por eso, en este plan caben muchas medidas. Desde las medidas restrictivas, hasta aquellas que incorporan el uso de medios.

No hace mucho, la Municipalidad Provincial de Tarma ha creado la obligación de instalación de GPS para mototaxis, a través de la Ordenanza Municipal N° 022-2019-CMT. Medida interesante que ya cuenta con algunos municipios en camino a replicarla.

Otro tanto ha hecho la Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho con su Plan “Mototaxi seguro”, aprobada con la Ordenanza Nº 441-MDSJL que incorpora la obligación de contar con el Código QR, visible por los 4 costados de cada unidad. Lo que agrega la capacidad de verificar en tiempo real al propietario del vehículo y “plaquear” su estado. Esta medida también cuenta con algunos municipios en camino a replicarla.

Asimismo, la reciente iniciativa de la Municipalidad de Lima, para que los bodegueros cuenten con una cámara obligatoria en sus establecimientos y conectadas a la PNP ha levantado una airada protesta de los comerciantes. Lo cierto es que la idea no es nueva y se encuentra contemplada, ampliamente en el Decreto Legislativo N° 1213: Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada; el Decreto Legislativo N° 1218, Decreto Legislativo que regula el uso de cámaras de videovigilancia; la Ley N° 30120, Ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas y el Decreto Supremo N° 007-2020-IN, que aprueba el Reglamento del DL. 1218 y Ley 30120 Ley de apoyo a seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Y por último, los comerciantes no están tomando en cuenta que son cientos de miles de unidades económicas y que la incorporación de una red tan grande de cámaras de videovigilancia, a las centrales de videovigilancia de la Municipalidad y de la PNP, permitirá una mirada más amplia de los objetivos policiales, y brindará los “ojos” suficientes de los que ahora carecen las fuerzas del orden.

Regresando al tema de hoy, si bien las restricciones establecidas a las unidades motorizadas de 2 ruedas ya han recibido en el pasado sendas críticas y rectificaciones, por ser barreras burocráticas o inconstitucionalidad, solo una mirada aislada podría hacernos perder de vista e ignorar la realidad. Los miles de casos diarios, de asaltos y muertes, son producidas por parejas de delincuentes a bordo de motos lineales, es muy cierto, las municipalidades no tienen competencia en materia de derechos fundamentales, como tampoco atribuciones para crear o modificar las reglas de tránsito, pero la situación es harto complicada: la delincuencia se ha desbordado y la ciudadanía se encuentra desarmada frente a la ola criminal. Ya no caben medias tintas y por eso, las iniciativas que comentamos han tenido acogida, y parece que se podrían extender, legislando de facto, ante las limitaciones de la propia ley y el miedo de mucho funcionario púbico para acometer con valentía la lucha frontal contra la criminalidad.

Las medidas anunciadas van a tener también muchos detractores, por interés legítimo, por ignorancia o por complicidad con la criminalidad, pero en cualquiera de los casos, a una criminalidad tan violenta y extendida tenemos que ir cerrándoles las puertas que usan para delinquir y por supuesto, no les podemos responder con relajo normativo y flores.