Nuestro país se encuentra en crisis. En los tres niveles del Estado. La crisis no solo es moral (corrupción), sino también económica.
La corrupción es, hasta la actualidad, uno de los problemas más preocupantes para la población peruana y afecta directamente la legitimidad de las instituciones públicas. Una manera de medir la incidencia de la corrupción en un país es a través del índice de percepción. Si bien esta medición puede reflejar cierta subjetividad, es importante tenerla en cuenta. El 46% de peruanos señala a la corrupción como uno de los principales problemas del país y un 82% considera que el crimen organizado ha penetrado la política, según un estudio de la Asociación Civil Proética.
La ausencia de valores en la sociedad, la que explica la interesada poca claridad para determinar lo correcto de lo incorrecto en el ejercicio de la función pública. Un ejemplo de lo mencionado lo encontramos cuando el difunto líder político Luis Bedoya Reyes señaló, respecto del proceso penal seguido contra su hijo, Bedoya de Vivanco, por complicidad en delito de peculado realizado por Vladimiro Montesinos, declaró que su hijo había cometido, en todo caso, un pecado, mas no un delito. Otro dijo por ahí, “se roba, pero se hace obras”.
Los actos de corrupción debilitan al sistema democrático porque las personas no confían en sus instituciones. Si las instituciones se debilitan, la democracia se debilita y eso es grave.
-EN EL PODER EJECUTIVO:
Vemos como la primera autoridad del país no diferencia entre ser rondero, campesino o criador de animales y ser el responsable del manejo del país. En sus hombros no está la vida de animales, sino de seres humanos. Ya lo dijo “es fácil ganar las elecciones, lo difícil es gobernar”. En una última entrevista señaló que cometió errores en designar a ministros y asesores. En la administración pública no existen los errores, en la administración pública todo esta normado.
Pero los casos de corrupción abundan. Ahí tenemos las licitaciones, designaciones de funcionarios, etc. La Procuraduría del Perú denuncio ante la Fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en la adjudicación de obra vial en la Amazonia.
Sabemos que cinco exgobernantes se
encuentran con arresto o en proceso de investigación. Desde el retorno a la
democracia, todos los presidentes han estado envueltos en algún caso de
corrupción o vienen siendo procesados.
-EN EL PODER LEGISLATIVO:
Tenemos congresistas que están siendo
investigados por casos de corrupción, por ser parte de grupos senderistas.
Cada grupo parlamentario jala agua para su
molino. No legislan para la población. Legislan para sus intereses.
-EN EL PODER JUDICIAL:
La corrupción es un flagelo del Estado peruano,
en realidad no existe ninguna entidad del Estado que pueda decir que está libre
de algún acto de corrupción; sin embargo, de todas las entidades públicas donde
más sensibiliza la corrupción es en el Poder Judicial porque se entiende que es
el juez quien juzga a los corruptos. Aún no se consigue enfrentar a la
corrupción de forma ejemplar y a esto se suma que dentro del Poder Judicial
siguen los magistrados que sentencian de acuerdo a la billetera del procesado.
Nunca hubo una verdadera reforma. Solo se han cambiado los nombres, pero no el sistema. Los Rios, los Hinostrozas siguen.
-EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y EN LOS GOBIERNOS LOCALES
Oliver Meza y Elizabeth
Perez – Chiquéz, nos preguntan: ¿Se acuerdan cuándo se decía que la
descentralización serviría para combatir la corrupción? Los argumentos versaban
en torno a un nivel local (municipal), en el que monitorear al gobierno sería
más eficiente. Esto tiene sentido pues se trata del nivel más cercano a la
gente, ¿no?
Se supone que los
votantes más cercanos estarían haciendo esta labor, y por tanto habría una mayor
rendición de cuentas. El proyecto descentralizador, impulsado con argumentos ciertamente
lógicos y sensatos, se topó contra la pared. Después de 30 años de haber
impulsado este proyecto observamos que los municipios no han sido mejores para
hacer que sus gobernantes rindan cuentas y mucho menos para combatir la
corrupción.
Hoy en días se puede apreciar que los gobiernos regionales y las municipalidades distritales presentan un porcentaje significativo de denuncias por corrupción, y se observaba que la mayoría de casos en dichas instituciones eran por delitos de “peculado” y “colusión”, es decir, cuando el funcionario público se apropia o utiliza bienes o dinero del Estado, y cuando el funcionario interviene en los procesos de adquisición o contratación pública, concertando o acordando con interesados para defraudar al Estado.
El
accionar de las organizaciones criminales se ha enquistado en determinados gobiernos
regionales y locales, asociándose con políticos y funcionarios públicos, de tal
manera que su estructura delictiva comienza a tener una cohesión sostenida a
fin de no ser descubierta por las autoridades encargadas de perseguir el
delito.
Las
cifras son duras: la corrupción en la inversión
pública alcanzó el 15 por ciento en los Gobiernos Regionales
durante el 2020, informó la Contraloría General de la República. Esto se traduce en más de 5 mil
millones de soles perdidos en perjuicio de los peruanos que viven en las diversas
regiones del país.
En el ránking de corrupción e inconducta funcional, Piura,
Puno, Arequipa y Loreto se encuentran en los primeros lugares, siempre de
acuerdo al informe presentado por el contralor Nelson Shak. Varias de las
investigaciones a gobernadores regionales incluyen presuntos actos de
corrupción realizados en plena pandemia de la COVID-19, lo que no hace
más que aumentar la indignación de los peruanos.
Las
cosas en los gobiernos distritales no son diferentes a los gobiernos
regionales. Tenemos casos de corrupción en las adjudicaciones de obras,
contratación de personal, compra de bienes y servicios, distribución de
canastas, etc.
Ya en un próximo artículo hablaremos de cómo combatir la corrupción…
Atentamente,
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| El inocente. |
