FISCALIZACIONES MUNICIPALES EN COMAS, ¿ABUSIVAS O CORRUPTAS?

 

La enorme tarea de aprobar en el pleno el proyecto de Ley 4952-2023-CR, ya aprobado en la Comisión de constitución en su primera etapa, ha motivado la desmesurada reacción de alcaldes como el de Miraflores, Carlos Canales. Como muchos saben este proyecto de Ley trata de poner un hasta aquí no más a alcaldes y funcionarios municipales con sus abusivas y onerosas multas y clausuras de establecimientos comerciales por “INFRACCIONES” MUNICIPALES absolutamente ridículas y hasta absurdas. Dejamos en las palabras autorizadas de un reconocido periodista una breve exposición de motivos por los cuales el pleno congresal debe aprobar sin restricciones este tan esperado Proyecto de Ley:

Iniciar la cruzada por la libertad económica, Jaime de Althaus Para Lampadia.

Sería muy importante y alentador para los negocios, establecimientos comerciales y pequeñas empresas en el Perú que el Congreso apruebe el proyecto de ley que regula el cierre temporal que aplican muchas veces arbitraria o abusivamente las municipalidades. El proyecto prohíbe que esa medida se dicte por infracciones reglamentarias menores que no representen un peligro inminente para la vida, la salud y la seguridad de las personas.

De esta manera estamos no solo ayudando a restablecer niveles de libertad económica indispensables para el crecimiento de las actividades, sino que eliminamos una fuente de abusos y extorsiones por parte de funcionarios municipales contra los negocios, establecimientos y obras de todo tipo. Por supuesto que algunos alcaldes, seguramente incordiados por sus funcionarios, han salido a oponerse a este proyecto con el argumento de que se le quita a la municipalidad un instrumento sancionatorio indispensable para hacer cumplir las normas. Pero esto no es así. Lo que se quita es un instrumento de extorsión. Es un abuso cerrar un establecimiento por no haber cumplido, por ejemplo, una disposición de defensa civil, algunas de las cuales, por lo demás, son absurdas. Solo se lo podría cerrar temporalmente si el incumplimiento pone en riesgo la vida o la salud del personal o de los clientes, como sería el caso, por ejemplo, si el sistema contra incendios no funcionara. Pero si se trata de una falta no vital, basta con poner una multa. Y si el negocio no paga la multa, se le embarga el monto correspondiente. La protesta de algunos alcaldes es un indicador claro de que hasta qué punto carecen de la noción de abuso o de respeto a la libertad económica esforzada de un empresario. O, si pensamos mal, de hasta qué punto puedan estar beneficiándose de la actividad extorsiva. Se dan casos, por ejemplo, de cafeterías o restaurantes que son sorprendidos teniendo - digamos- 10 sillas cuando el aforo autorizado es de 8, lo que provoca su cierre temporal en lugar de simplemente retirar las dos sillas en el acto y aplicar una multa.

También dispone el proyecto de ley el silencio administrativo positivo si luego de 48 horas en que se ha subsanado la falta, la municipalidad no dispone el levantamiento de la medida. En ese caso el establecimiento puede reabrir por sí mismo. Lo interesante es que este proyecto, de aprobarse, puede ser el detonador de un proceso de aprobación de otras leyes y reformas que apunten a restablecer la libertad económica asfixiada por sobrerregulaciones en la última década o más. Puede ser el inicio de una serie liberadora, la punta de lanza del restablecimiento de condiciones que permitan liberar las fuerzas productivas de millones de micro y pequeños empresarios, permitiéndoles crecer sin trabas ni barreras ni costos aplastantes. Habría que comenzar por aplicar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a las normas de Defensa Civil y a todas las normas municipales que regulan actividades locales. El Decreto Legislativo N° 1565, Ley General de Mejora de la calidad regulatoria, recientemente publicado, establece la obligatoriedad de los AIR, pero no para las regulaciones municipales. Habría que extenderlo a esas normas. Los gremios que respaldan el proyecto de ley en cuestión son los siguientes:

Asociación de Bodegueros del Perú –

ABP Asociación de Empresarios de la Pastelería y la Panadería –

 ASPAN Asociación Peruana de Farmacias Independientes –

ASPEFAR Asociación MYPE PERÚ Asociación de Empresarios de Gamarra

Federación Nacional de Emolienteros

Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines –AHORA

– Comité de empresarios de la micro y pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)  -  Comité de empresarios de la micro y pequeña empresa de la Sociedad Nacional de Industrias       -  Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza – APEB

Deberían formar una coordinadora y emprender la gran cruzada por conseguir una formalidad inclusiva que sea una palanca para todos y no una carga insoportable.

Otra referencia sumamente importante la tenemos en el comunicado de la COMEX PERÚ:

Ref.: Proyecto de Ley N° 4952/2022-CR.

En esta oportunidad, hacemos de su conocimiento la posición de ComexPerú sobre el proyecto de ley de la referencia (en adelante, “el Proyecto”), mediante el cual se propone regular la clausura de establecimientos comerciales por parte de las entidades administrativas a fin de evitar actuaciones arbitrarias y mitigar los riesgos de corrupción y abusos de autoridad, y con ello, fortalecer las libertades de empresa y comercio reconocidas en la Constitución Política del Perú. Al respecto, quisiéramos saludar la iniciativa legislativa. Consideramos que resulta de suma importancia que se establezca marcos normativos que contribuyan a que el Estado cumpla con su rol constitucional de estimular la creación de riqueza y de garantizar la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria; así como brindar oportunidades de superación a las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Así, coincidimos con lo dispuesto en la exposición de motivos del Proyecto cuando se señala que, en muchas ocasiones, infracciones muy leves y fácilmente subsanables (formales o administrativas) sirven de excusa a funcionarios para ordenar el cierre de tiendas y cometer actos de corrupción. Si lo que se busca es que el Estado fomente la actividad empresarial y así generar más puestos de trabajo, la clausura debería ser una medida de última ratio en casos de peligro inminente para las personas; debiéndose recurrir a las multas para el resto de las infracciones administrativas. Cabe precisar que, bajo ningún motivo, nos oponemos a que el Estado cumpla con un estricto rol fiscalizador, sino que consideramos fundamental que se limite la discrecionalidad con la que cuentan las autoridades administrativas para clausurar establecimientos comerciales temporalmente. Así pues, la normativa actual no solo genera que el Estado interfiera arbitraria e injustificadamente en el ámbito de libertad de los agentes económicos, sino que viene ocasionando que emprendedores y empresarios se vean expuestos a riesgos de abuso de autoridad y corrupción por parte de funcionarios que disponen la clausura de sus establecimientos alegando presuntos incumplimientos normativos que, en la mayoría de los casos, no lo justifican. Por lo expuesto, y considerando que el Proyecto contribuiría a reducir la informalidad, los abusos de autoridad y a establecer reglas más predecibles para los emprendedores en un momento en el que se necesita fomentar la participación del sector privado como motor de la economía; consideramos importante apoyar la iniciativa legislativa.

HABLAN LOS EXPERTOS

El abogado Jorge Lazarte indicó a Perú21 que este abuso de autoridad no es una modalidad de “extorsión” reciente, sino que se aplica desde hace varios años.

“Han establecido una discrecionalidad para interpretar las normas y consideran que hay infracciones que motivan cierres; se han presentado casos en los que han cerrado locales porque les falta una tijera en el botiquín o porque un fluorescente no prendía. Eso hace un daño enorme no solo a las grandes empresas, sino a los microempresarios”, señaló.

Según Lazarte, este mecanismo se ha “normalizado” porque “encuentran observaciones absurdas para cerrar locales y obligar a que paguen la multa; todos los gobiernos municipales han desarrollado esta práctica para acceder a un ingreso económico y cobrar dinero”.

El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, confirmó a Perú21 los abusos que están enfrentando y que han aumentado en un 30% estos mecanismos de control extremo.

“Las municipalidades siempre están inspeccionando tu negocio. Cuando no has puesto un letrerito, estás en falta y te cierran el local. Estas son faltas administrativas que se deben manejar dentro de los procesos administrativos”, aseguró Choy.

También comentó que son los mismos fiscalizadores quienes ponen “trabas” y de esta manera el negociante se ofrezca a pagar coimas.

“Quieren que tú les digas ‘¿cómo arreglamos?’ y se generan estas coimas. Todo depende del estado anímico del funcionario”, comentó.

El presidente de la Asociación de Centros Comerciales, Carlos Neuhaus, detalló otras inexplicables razones por las que se han cerrado estos establecimientos.

“Por no tener bien ordenado el almacén de la trastienda o por pretextos absurdos, como porque en el cuarto de máquinas no había una señalización de ingreso y salida, y nada que ver con un problema de fondo; los cierran y no abren hasta que no paguen, pagan el lunes y dos semanas después les caen de nuevo, es un abuso”, declaró.

Por otra parte, Neuhaus reclamó que muchos de estos cierres se hacen los días donde la asistencia a centros comerciales es más grande, como el jueves o el viernes, y los fines de semana.

Al respecto, el abogado especialista en derecho municipal Johnny Zas Friz Burga aseguró que primero debería haber una medida de advertencia y luego la sanción final.

“Habría que ver los casos concretos, revisar los cuadros de sanciones donde se tipifican las faltas. Lo ideal es que haya una acción preventiva y proporcional de las municipalidades, pero, si se trata de faltas leves, debería haber una acción más preventiva, porque claramente no solamente es la multa, sino todo lo que implica”, argumentó.

Friz Burga alegó que debe considerarse que la clausura de un establecimiento comercial, así sea momentánea, no solo afecta a la inversión misma, sino también a los consumidores.

“El cierre tiene una afección a la sociedad y a la economía, no solamente a la persona involucrada directamente; es un tema que está en el marco de la discrecionalidad de la entidad municipal, que tiene que tener otra actitud frente a la aplicación de las sanciones”, aseguró el abogado.

En nuestra particular opinión como blog especializado en temas municipales desde una perspectiva iconoclasta y sin censuras podemos agregar un par de ejemplos que grafican los abusos y por qué no las extorsiones de los funcionarios municipales designados sin cumplir con los requisitos exigidos por SERVIR vía DS 053/TUO de la ley 31401 y de regidores que solo Dios y el alcalde de turno saben por qué fueron elegidos como candidatos y posteriormente electos.

En el caso específico de la Municipalidad de Comas debemos denunciar en primer lugar a la subgerente de Fiscalización, la abogada Elizabeth Milagros Sulca Solano sin ninguna experiencia general ni específica para el puesto, tal como se observa en su legajo personal y lo más grave de todo: los ganadores de un Proceso CAS que exigía a los postulantes a fiscalizadores municipales solo secundaria completa y tres meses de experiencia previa para el cargo, ¿podemos considerar siquiera por un momento a estos “ganadores” como personas capacitadas y hábiles para decidir con sus acciones de control, el destino, la vida y la sobrevivencia de miles de comerciantes, mypes y emprendedores? Sabemos claramente que una multa y clausura son fáciles de imponer por las razones (infracciones) que se le ocurran al galifardo, recordemos que las regulaciones municipales para reabrir los negocios clausurados son extremadamente abusivas, pague primero porque los recursos que les brinda la ley son letra muerta para la gentuza que opera en estas subgerencias. Reconsideraciones, apelaciones, nulidades, son declaradas IMPROCEDENTES en un 99.9 %, si usted no paga, no abre, así de sencillo, luego vienen los IFI y RSA para terminar de joderle la vida, de ahí la constancia de exigibilidad y el pase como por un tubo a la Ejecutoría coactiva administrativa y queda usted fuera del mercado.

Queremos terminar exponiendo un caso, no sabemos, suponemos que sí, que es práctica común en todos los municipios del Perú, designar a cualquier sujeto que sea trabajador municipal estable o permanente como inspectores sanitarios o técnicos en sanidad para la tarea de “inspeccionar” los establecimientos comerciales de la jurisdicción, pero, pero, que los susodichos “inspectores” o “técnicos” cumplan con los requisitos que señala y exige la ley para ocupar tales cargos sean, para variar, letra muerta nuevamente ya no llama la atención , aunque debieran, ¿o no?

El caso en concreto del trabajador municipal de Comas, FERNANDO OLIVERA TORRES, asignado a la subgerencia de SALUD desde tiempos inmemoriales y cuyos “informes técnicos” han sido motivo para la imposición de miles de Notificaciones Municipales de Infracción por “infracciones sanitarias” sin que el sujeto cumpla con uno solo de los requisitos de ley según el MINSA y más cercano aún, los requisitos de la MML en un reciente proceso CAS para inspectores y técnicos sanitarios: