ULISES VILLEGAS Y LA LEY (SU LEY)

Una norma parece dictar el comportamiento de los alcaldes en buena parte del Perú: “Si puede, haga la ley a su imagen y semejanza; si no, pásesela por el trasero”. No solo es una conducta cada vez más generalizada y, en ese sentido, parte de la realidad, sino que es una forma de gobierno que encarna de manera brutal el entendimiento de muchos acerca de la manera como debe ejercerse el poder. 

Desde enero de este año, el alcalde comeño nos ha empachado de tanto hablar de recuperar el principio de “autoridad”, que ya cayó quaker entre los vecinos y sobre todo comerciantes y los pequeños y micro empresarios además de los emprendedores. El tipo no tiene la más peregrina idea de lo que esas palabras significan, bueno, tampoco tiene idea de nada. El principio de autoridad nunca se perdió en Comas porque jamás hemos vivido en la anomia social, en castellano: nunca hemos vivido en un infierno; de una u otra forma se ha respetado la ley y el orden. Es con este tipejo que Comas entra en trompo y la ley se va a la mierda, porque de que otra forma podemos llamar a lo que actualmente vivimos, la ley del embudo en su máxima expresión, lo ancho para mí y los míos y lo angosto o jodido para ti y los tuyos, que somos la gran mayoría de comeños.

Miren el respeto que siente Ulises Villegas por las leyes y normas, desde el 16 de agosto tiene en sus manos el Informe Nº 017-2023-OCI que le da 5 días para tomar las medidas correctivas del caso con los 6 gerentes que no cumplen con los requisitos mínimos que exige la ley, 5 días y ya han pasado 16 días y no pasa nada, de igual forma sucede con el Informe Nº 018-2023-OCI y los 5 días para tomar las medidas del caso con Evelin Vicente Muñoz, subgerente de Riesgo de Desastres y su incapacidad e ineptitud para cumplir con lo expresamente ordenado por el gobierno central en la lucha contra los riesgos del Fenómeno del Niño.

Ulises Villegas nos habla del principio de autoridad y nos dice que sus fiscalizadores municipales están multando y clausurando negocios por doquier por quítame estas pajas, por cojudeces como no contar con un puto letrero de No al Acoso Sexual, No a La Discriminación, por no contar con un certificado de fumigación o por no tener un certificado de salud, lo que viola flagrantemente el art. 13 de la Ley de salud, pero no dice ni mela de lo que viven los administrados en Promoción empresarial cuando las locadoras de servicios les exigen requisitos no contemplados en el TUPA y que son barreras burocráticas ilegales, no nos dice nada de los plazos de ley para otorgar permisos de ocupación temporal de espacios públicos, la salvaje producción de Silencios administrativos positivos tanto en Promoción empresarial como en Riesgo de desastres, que constituyen el delito de omisión de funciones. Desde enero del 2023 a la fecha hay más de 1,000 expedientes con silencio administrativo positivo y no hay siquiera un solo PAD (proceso administrativos disciplinario) en contra de Lucio Sosa Gonzales ni Evelin Vicente Muñoz por estos delitos reiterados.

Queremos terminar este artículo denunciando la campaña de hostigamiento y acoso contra los tramitadores que prestan sus servicios en las afueras de los locales municipales, olvida este papanatas de alcalde, que tramitar no es más que representar con poder simple o notarial a un tercero natural o jurídico en la gestión de algún documento (art. 115.1 de la ley 27444), licencia, defensa civil, autorización o permiso. Tal vez Ulises Villegas confunda tramitar con estafar, tema muy conocido por él, o se ha olvidado que por ofrecer tramitar unos permisos de viaje para menores y no cumplir con lo ofrecido fue sentenciado por estafa allá por el año 2002.

Respeto por la ley, recuperar el principio de autoridad es negarle a la regidora Rosa Corzo el uso de la palabra por 3 minutos, derecho contemplado en el art. 52 del RIC, ni siquiera por caballerosidad, pero si tuvo el cuajo de llamar para “dilucidar” el asunto al mediocre abogaducho que la pega de gerente de asesoría jurídica, Jorge Muñoz Chuquiruna, el mismo que se presentó como abogado de Flor Ramírez al momento de la intervención policial olvidando su condición de funcionario de confianza, este vergonzoso hecho amerita la denuncia correspondiente por el procurador público municipal, Humberto Hidalgo Reátegui ante la Fiscalía penal de turno.