BARRERAS BUROCRÁTICAS ILEGALES EN MUNICOMAS

 

En términos generales aún no se ha logrado que las instituciones públicas, incluyendo las municipalidades, se adecuen a lo dispuesto por estas normas y establezcan procedimientos más sencillos que beneficien a los empresarios y ciudadanos en general quienes podrán realizar sus principales trámites de manera más ágil y simple. Esta situación se agudiza en algunas municipalidades donde se suman requisitos innecesarios para trámites relativamente sencillos como contar con una licencia de funcionamiento o una autorización para anuncios publicitarios. Estos problemas pueden responder a diferentes factores, entre ellos el desconocimiento de la normatividad, la falta de funcionarios que conozcan los aspectos esenciales de la racionalización administrativa y la escasez de instrumentos orientadores que ayuden a las municipalidades a aplicar las normas vinculadas a la formulación y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe manifestar que si bien el numeral 36.2 de la Ley N.º 27444 correctamente establece como una garantía a favor del administrado que la Administración que solo se puede exigir aquellos requisitos que establece una norma legal, ello no implica que de establecerse un conjunto de requisitos en el TUPA de una Municipalidad, serán únicamente estos los que el administrado se encuentre en la obligación de cumplir, pues no debe olvidarse que en virtud de lo dispuesto por los artículos 51º y 103º de la Constitución, la vigencia de una ley comporta una obligación de cumplimiento por todos los ciudadanos, razón por la cual el administrado no solo debe cumplir aquellas normas legales que considere pertinentes, sino también aquellas que de manera particular regulen una materia en especial, como lo es la Ley N.º 27157.

A las entidades, cuando se verifique que alguno de sus funcionarios, servidores públicos o cualquier persona que ejerza en su nombre, función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, aplica u ordena la aplicación de barreras burocráticas analizadas en procedimientos iniciados a petición de parte o de oficio que involucren alguno de los supuestos que se detalla a continuación:

Exigir requisitos adicionales a la lista de requisitos máximos establecidos en las siguientes leyes y/o dispositivos normativos:

•Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.

•Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y su reglamento.

•Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones y su reglamento.

•Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público, y su reglamento.

•Aquellos dispositivos legales que sustituyan o complementen los dispositivos anteriores.

Exigir requisitos que no constan en el Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA de la entidad, acarrea a dichos funcionarios, servidores públicos, locadores de servicios o terceros, en el caso de los primeros una investigación y la sanción de 20 UIT, con lo segundo solo cabe la denuncia penal correspondiente.

Exigir requisitos que, estando en el TUPA de la entidad, no cuentan con sustento normativo vigente y la correspondiente sanción es tarea de directa de INDECOPI, tarea que debiera ser investigada y sancionada de manera drástica de oficio y no como hasta ahora que la denuncia tiene que ser de parte y pagando con una suma onerosa muy lejana de los bolsillo de los administrados, INDECOPI es autónoma en su trabajo pero no debe abusar de ello, urge una intervención del congreso sobre este punto.

Un caso muy lamentable es el protagonizado por dos cretinas de la subgerencia de Autorizaciones municipales de Puente Piedra, quienes en su momento cada una exigió requisitos increíbles para la transferencia de una licencia de funcionamiento, el TUPA de este distrito exige los siguientes requisitos para dicho fin: copia simple del contrato de transferencia, pago del derecho y una copia simple del poder. Si hubiera representación del interesado, ojo, copia simple, art. 115.1 de la ley 27444. Pero he aquí que tanto Pamela Bustamante como Andrea Miranda, sea lo que fueren, CAS, locadoras más que seguro, se dieron el lujo excluyente de exigir  copias notariales del contrato y de representación, además no contentas con estas barbaridades, salieron con el cuento de la inspección ITSE y por último, y no por ello menos grave, con la evaluación del expediente Nº 27538-2023 por 20 días.

Es obvio que los ilegales requisitos exigidos por este par de cafres constituyen BARRERAS BUROCRÁTICAS ILEGALES y hasta IRRACIONALES, y pensar que la dos son arquitectas, de terror, ¿hay algún tipo de sanción contra estas cachenchas? Sinceramente lo dudo, pero esto no termina aquí, en el municipio de Puente Piedra hay una serie de irregularidades que lindan con el delito en la designación de funcionarios que no cumplen con los requisitos mínimos de SERVIR y la ley 31419 y que muy pronto vamos a denunciar tras una prolija investigación de este blog…