MEGA CORRUPCIÓN EN COMAS, 511 SAPs SIN SANCIÓN Y NO PASA NADA

Denunciar periodísticamente en Comas a los funcionarios de esta malhadada y corrupta gestión se ha vuelto un escenario de terror, si usted denuncia a fulano o mengano con pruebas en la mano se encuentra con funcionarios de confianza que no tienen el menor reparo en mentir con total descaro y cinismo…

📄Si ya de por si es super bravo encontrar alguien con los cojones necesarios para presentar una denuncia ante la CGR o ante la Fiscalía Anticorrupción, a sabiendas que los auditores de la primera son caraduras al mango y los fiscales son sinvergüenzas al rojo vivo, pero denunciar con documentos que prueban la culpabilidad sin el lastre de la presunción como venimos demostrando en el caso de los 511 SILENCIOS ADMINISTRATIVOS POSITIVOS de la subgerente de Riesgo de desastres de Comas, Evelyn Marisol Vicente Muñoz, ya es tarea de titanes por la complicidad de aquellos que tienen que investigar y prefieren coludirse con los denunciados y darles a estos la tarea de auto investigarse… Algo que viene ocurriendo con el Exp. Nº 0820260258771 (de fecha 14/04/2026) presentada ante la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA por el ciudadano PERCY PALOMINO SOLIS por el presunto DELITO DE OMISIÓN DE FUNCIONES en contra de la referida funcionaria de “confianza”.

El escenario que describimos, donde se generan sistemáticamente 511 silencios administrativos positivos durante tres años consecutivos vinculados a la omisión de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), cambia drásticamente el análisis legal. No se trata de un simple retraso burocrático, sino de un patrón de conducta sostenido que pone en riesgo directo la vida de las personas.

Por ello nos vemos en la imperiosa necesidad de copiar y pegar parte de la denuncia del PALOMINO SOLIS, a fin de hacer un mejor análisis desde la parte periodística:

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IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

4.1. Del Fraude de Ley y los límites constitucionales del Silencio Administrativo Positivo (SAP)

1. El Silencio Administrativo Positivo (SAP) fue diseñado por el legislador como un mecanismo de protección para el administrado frente a la inercia del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional (TC) ha establecido de forma categórica que este mecanismo no constituye una patente de corso para convalidar la ilegalidad ni el fraude, menos aún cuando se vulnera el orden público o se pone en riesgo la vida humana.
2. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que el ordenamiento jurídico no ampara el abuso del derecho ni el fraude de ley. Si una autorización obtenida de manera "ficta" (vía silencio positivo) infringe normas imperativas o carece de los presupuestos de fondo esenciales, la entidad pública mantiene no solo la facultad, sino la obligación ineludible de declarar su nulidad de oficio en salvaguarda del interés general, tal como lo habilitan el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 y los criterios de la justicia constitucional.
3. En el presente caso, la configuración masiva e ininterrumpida de 511 silencios administrativos positivos a lo largo de tres años consecutivos no responde a una contingencia o retraso burocrático aislado. Estamos ante un uso instrumental y fraudulento de la figura jurídica del silencio administrativo, utilizado deliberadamente como un mecanismo de impunidad institucionalizado para otorgar autorizaciones u omitir controles obligatorios de forma encubierta.

4.2. De la violación sistemática de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y el Deber de Prevención

4. Las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) se rigen por la Ley N° 29664 (Ley del SINAGERD) y sus reglamentos. Estas inspecciones no constituyen meros trámites formales o recaudatorios; son procedimientos de orden público destinados a verificar de forma física y técnica que un establecimiento cumple con las condiciones de seguridad mínimas para mitigar riesgos de incendios, colapsos, sismos u otras emergencias.
5. El Tribunal Constitucional, en reciente jurisprudencia (como la Sentencia 18/2025 - Exp. 02373-2023-AA), ha ratificado que los gobiernos locales tienen la competencia transversal y la obligación inexcusable de ejecutar las ITSE bajo el principio de prevención. El TC sostiene que la facultad de fiscalización en materia de seguridad y riesgo de desastres es irrenunciable, lo que significa que el interés público y el derecho constitucional a la vida y a la integridad física (Art. 2, inc. 1 de la Constitución) prevalecen sobre cualquier supuesto "derecho adquirido" invocado mediante un silencio administrativo.
6. Permitir que 511 establecimientos operen evadiendo la inspección física obligatoria representa una abdicación total del deber de prevención del Estado, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad absoluta ante potenciales desastres de gran magnitud.

4.3. De la subsunción típica en los Delitos contra la Seguridad Pública (Peligro Común) y Organización Criminal

7. Delito de Peligro Común (Artículos correspondientes del Título XII del Código Penal): La omisión sistemática de las ITSE trasciende el ámbito administrativo para configurar un delito contra la seguridad pública. Al prescindir deliberadamente de la inspección técnica en 511 locales, los funcionarios denunciados crearon, mantuvieron e incrementaron un riesgo prohibido para un número indeterminado de ciudadanos. Existe un dolo manifiesto en la conducta, pues los agentes conocían plenamente que la falta de verificación técnica expone a los usuarios de dichos inmuebles a un peligro inminente de desastre (incendio, colapso estructural, etc.).
8. Delito de Organización Criminal (Ley N° 30077 / Art. 317 del Código Penal): El volumen exacto de la muestra (511 expedientes) y la continuidad temporal (tres años consecutivos) denotan una estructura, permanencia y distribución de funciones dentro de la entidad pública que sobrepasan la negligencia individual. Se evidencia la presunta existencia de una red organizada de funcionarios y/o servidores públicos dedicados a congelar los plazos de los expedientes de forma deliberada, impidiendo la programación de las inspecciones de campo para forzar la aparición del silencio administrativo positivo, presuntamente a cambio de un beneficio indebido.
9. Concurrencia con Delitos contra la Administración Pública: Esta conducta se subsume de forma simultánea en un concurso con los delitos de Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (Art. 377 del CP), al no emitirse las resoluciones y programaciones en los plazos de ley; Abuso de Autoridad (Art. 376 del CP), por el desvío del poder estatal; y Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo (Art. 399 del CP), al instrumentalizar los plazos legales para favorecer de forma indebida el interés de terceros en perjuicio de la seguridad colectiva. 

 

📄Hasta aquí lo estrictamente legal, lo jurídico, vamos ahora a los hechos de carácter periodístico, permitir o producir 511 silencios administrativos positivos en tres años no es juego, no es broma, no es como dicen algunos una simple falla administrativa que termina con una amonestación o una llamada de atención, que es algo que NUNCA ha pasado en los 45 meses que lleva la Vicente Muñoz en el cargo… nada de eso, entre los 511 SAPs debe y tiene que haber negocios, léase fábricas, empresas, talleres, negocios que usan elementos de alto riesgo para fabricar sus productos como también locales comerciales como restaurantes, cebicherías, chifas, mercados de abastos, centros comerciales, etc. que ahora funcionan alegremente sin la debida ITSE aprobada más un SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO y eso no es garantía de seguridad ni nada por el estilo.

Denunciar las ilícitas actividades de Evelyn Vicente Muñoz no es odio, rencor, antipatía, no es personal, es en estricto sentido la búsqueda de justicia para el pueblo de Comas en general:

Durante estos 45 meses de gestión de la Vicente Muñoz, esta señora ha demostrado un desprecio absoluto por la ley, por el orden, estos 45 meses han servido y junto los dos últimos meses, noviembre y diciembre servirán para seguir demostrando que su poder es absoluto, ¿por qué es absoluto? La han protegido brutalmente desde el principio de su gestión los 4 alcaldes que ha tenido Comas, empezando por Ulises Villegas que la designó en enero de 2023, Mónica Acuña desde enero de 2026 y en setiembre de este año… lo hicieron Hershel Aguilar y la títere Gloria Palomino. Han sido 6 gerentes municipales: Yanina Abanto, Nora Floriano, Fanny Flores, Pitillo Humanchumo, Elba Gamarra y Calvin Rodríguez, los que la han defendido y la defienden con uñas y dientes, fuera de los gerentes de desarrollo económico que han sido sus jefes inmediatos. Ahora bien, si a toda esta parafernalia le agregamos la CORRECTA actuación de la CGR mediante el oficio Nº 000635-2026-CG/GRLIM, su fecha 11 JUN 2026 y la posterior y aberrante amén de delictiva actuación del OCI de Comas plasmada en el oficio Nº 000409-2026-CG/OC2175 de fecha 02 SET 2026 ante la denuncia de PERCY PALOMINO…

 

📄El hecho de que el Órgano de Control Institucional (OCI) haya derivado la investigación directamente a la misma persona denunciada para que investigue el caso es una irregularidad administrativa grave que puede viciar el proceso y, bajo ciertas circunstancias, configurar un delito contra la administración pública.

En el marco del Sistema Nacional de Control en el Perú, esta acción vulnera principios jurídicos fundamentales:

¿Por qué esta acción es irregular e ilegal?

• Vulneración del Principio de Imparcialidad: Ninguna persona puede ser juez y parte en un proceso. La Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444) y las Directivas de la Contraloría General de la República (CGR) prohíben taxativamente que el presunto infractor tenga el control, gestión o poder de decidir sobre la investigación que lo involucra.
• Conflicto de Intereses Absoluto: Al encargarle a la Sra. Evelyn Vicente que "investigue" el motivo de los 511 silencios administrativos positivos (SAP), se está anulando la objetividad de la fiscalización, generando un conflicto de interés directo que invalida las actuaciones.
• Incumplimiento de Funciones del OCI: El OCI tiene la obligación de realizar los servicios de control (simultáneo o posterior) de manera independiente. Derivar la carga de la prueba o la investigación sustantiva al propio investigado desnaturaliza la razón de ser del control institucional.

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Posibles delitos penales involucrados

📄Si este traslado o derivación se realizó de manera deliberada para encubrir la falta, dilatar el proceso o favorecer a la denunciada, los funcionarios del OCI (y la propia implicada si acepta la competencia para auto investigarse) podrían estar incurriendo en:

1. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales: El personal del OCI estaría eludiendo su responsabilidad directa de investigar, delegándola ilegalmente.
2. Encubrimiento personal o real: Si se demuestra que la derivación busca desaparecer indicios, entorpecer la fiscalización de la CGR o proteger a la funcionaria de una sanción.
3. Abuso de autoridad: Al emitir un acto administrativo o disposición interna que contraviene flagrantemente las normas de control y el debido procedimiento.

 

📄No señores, creer lo contrario es graduarnos y colegiarnos de estúpidos, ser SUMA CUM LAUDE en cojudismo. Como señala la parte jurídica, esto no es solo una simple OMISION DE FUNCIONES, un APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL CARGO y un común y corriente ABUSO DE AUTORIDAD, no señores, nada de eso, aquí hay una bien engrasada ORGANIZACIÓN CRIMINAL y un letal DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA en la modalidad de PELIGRO COMÚN… peor ahora en estos meses finales de 2026 y el inicio de un 2027 que está a la vuelta de la esquina con UN MEGANIÑO que podría tener características apocalípticas para nosotros los comeños con cientos y hasta miles de negocios sin INSPECCIONES TECNICAS EN SEGURIDAD DE EDIFICACIONES REALIZADAS Y APROBADAS, negocios que funcionan con un simple SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, por la feroz corrupción de esta maldita gestión municipal que empezó en enero de 2023 con Ulises Villegas y su protegida Evelyn Vicente Muñoz.

📄OTROSI DIGO: Sra. Lida Emérita Sánchez Leyva, nos dicen que usted y sus dos payasos que fungen de abogados quieren que les digan como denunciar y sancionar a la Vicente Muñoz si ya ha hecho las 511 VISES a los 511 SAPs, lease el artículo y sepa cómo hacer su trabajo… Algo más, todo servidor público tiene la obligación de identificarse cuando le sea requerido por cualquier ciudadano o administrado, art. 64 de la ley 27444.

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