Hace 37 años ingresó a trabajar a la Municipalidad de Comas,
Julio César Ríos Cárdenas, hoy 17 de
febrero del 2023, cumpliendo 70 años de edad y quien por mandato de la ley se tiene
que jubilar, Julio Ríos, como lo conocemos sus amigos, se va y deja un inmenso
vacío en esta municipalidad que ha sido su segundo hogar la mayor parte de su
vida. Son en estos momentos de crisis socioeconómica y política que vive el
país cuando se necesitan hombres buenos y nobles de corazón, tanto en su
condición de funcionarios como de trabajadores, obreros y empleados, aún los
CAS, son estos momentos en los que la sociedad requiere de los auténticos sindicalistas, de esos
viejos luchadores, de los aguerridos obreros forjados en mil y una batallas
sindicales contra la patronal opresiva y explotadora.
Dejando de lado el cliché de la izquierda en estos casos,
nos toca rendirle un pequeño homenaje
desde este medio digital donde tratamos de hacer periodismo verdadero en
defensa de los derechos de los demás, amigos y hasta veces enemigos, de igual
manera ha actuado a lo largo de estos 37 años de vida laboral, Julio Ríos
Cárdenas siempre se mantuvo presente como un leal luchador sindical de
MUNICOMAS, en
general, cuando antaño existía un solo sindicato, el llamado cariñosamente, el
glorioso CUTRAMUN y tiempo después ya dividido en tres y hasta cuatro
sindicatos.
Hoy severamente aquejado por los efectos secundarios de la enfermedad
que lo acompaña desde hace más de una década y la misma que lo alejó de la
lucha sindical de manera física pero no mental, porque Julio sigue aconsejando
a quien quiera o necesite de un consejo sobre temas laborales y sindicales, con
Julio César Ríos Cárdenas se va no solo un trabajador, se va toda una época
gloriosa del sindicalismo comeño municipal, aún nos parece verlo y oírlo en las
marchas del SUTRAMUN por la avenida Túpac Amaru atronando con ese poderoso vozarrón
que tenía en aquellos tiempos, invocando a la lucha por los derechos de los trabajadores
municipales, acompañado de Mario García Praeli, Willy Tupayachi Barberí, Irma
Ramírez Vásquez, Pablo León Huertas y otros trabajadores que escapan a nuestra
memoria, mil disculpas señores.
Toca despedirnos de un buen amigo, al que respetamos y
apreciamos por lo que aprendimos con él sobre sindicalismo y los obreros en
general, y por eso es que aprovechamos este espacio para pedirle al alcalde de
Comas, un viejo amigo, Ulises Villegas Rojas, que haga un espacio en su
recargada agenda y le conceda unos minutos de su tiempo para escuchar y resolver el problema de la
jubilación y liquidación de este viejo guerrero sindical. Tú puedes Ulises y
son en estos momentos en los que se ve la grandeza moral de un hombre, entre ayer
y hoy estás tratando de corregir errores de la pasada gestión y también de la
tuya ylo estás consiguiendo, eliminar
esa pésima decisión de aumentar el horario laboral es una muestra así como lo
es decidir el pago de los sueldos de diciembre con los ingresos que se consigan
con el pronto pago y el reparto de las
cuponeras, pasarías a la historia de Comas como el alcalde que tuvo la grandeza
de espíritu de darle la mano a un hombre valioso aquejado de una difícil enfermedad
reconociéndoles sus derechos.
Adiós Julito Ríos, amigo mío, en algún momento nos volveremos a ver para
continuar nuestras charlas...
Es necesaria la aclaración del año en mención porque no
vayan a confundirse algunos lectores con la pasada gestión de Raúl Díaz Pérez y
esta la de Ulises Villegas Rojas. Vayamos
por partes y cucharadas como reza el dicho, Díaz Pérez demoró 48 meses para
dejar el distrito en escombros de la mano de sus perversos regidores que salvo
contadas ocasiones votaron en contra o se abstuvieron cuando se trató de apoyar las venalidades del
susodicho alcalde.
Muestras de la corrupción que imperó en los 4 años de
gestión del chugurino hay muchas, pero destacan en nuestro concepto el caso SILASA y sus grúas como herramientas de
la feroz corrupción de Díaz Pérez y su subgerente de Transporte y Tránsito,
Tena Saavedra con el aval de su regidor estrella, Erick Mendo; el caso de las
compras sobrevaloradas en víveres para las canastas o bolsas en la pandemia de
la Covid-19, denuncia que hasta ahora sigue durmiendo el sueño de los injustos;
la salvaje contratación de cientos de locadores de servicios, descerebrados en
su gran mayoría, pero con suculentos
sueldos.
Sin embargo el acto de corrupción más descarado y miserable
a nuestro juicio y que postró de rodillas económicamente a los miles de
comerciantes, mypes y emprendedores comeños fue la canallada de contratar a 30 delincuentes
más delincuentes menos bajo la fachada de locadores
de servicios, primero como operarios y luego designados para ejercer
función de fiscalizadores municipales
cuando sus acciones no eran más que burdas extorsiones,
estos hechos dieron lugar a las denuncia penales de dos vecinos de Comas
identificados con los problemas de nuestra gente, Percy Palomino Solís y Roxana
Ari Acuña, ante la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte, Fiscal Marco Antonio
Carrasco Campos con la carpeta Nº 254-2022
“A raíz de
las denuncias penales de los ciudadanos Roxana Ari y Percy Palomino contra el
accionar del funcionario de confianza de la Municipalidad de Comas en el cargo
de subgerente de Control y Operaciones, José Carlos Jara Alvarado,
quién de manera ilegal y delictiva ha designado a 29 locadores de servicios
como inspectores-fiscalizadores municipales con facultades sancionadoras sin
tener vínculos laborales con la referida comuna, así como también que este
sujeto se haya auto asignado funciones que la ley no le permite, como esta de
designar previa contratación a locadores para tareas administrativas que
conllevan subordinación, horarios y demás. Funciones netamente administrativas,
negadas por ley a estas personas. Ni la suspensión de la ley 31298 hasta fines
de año merced a la ley de presupuesto de 2020 sirve para modificar el sentido
de la prohibición de los locadores para dichas tareas
administrativas ya que para eso están el Código Civil, el artículo 1764 y la
ley SERVIR.
Todo el
prolegómeno anterior sirve para preguntarle públicamente al fiscal Marco
Antonio Carrasco Campos a cargo de las investigaciones de ambas denuncias, que
han sido reunidas en una sola, de expediente #254-2022, ¿cuál es el sentido de
la pregunta hecha a la denunciante Roxana Ari Acuña, al inquirir en por qué
califica de delitos las contrataciones y designaciones de locadores de
servicios para tareas de fiscalizadores municipales? Cuando la
respuesta se cae de madura y obvia, porque la ley lo PROHIBE de
manera expresa, señor fiscal anticorrupción.
Por mandato
expreso del Art. 1764º del Código Civil peruano, se establecen las
características esenciales de la relación contractual conocida como locación
de servicios: como una de naturaleza no subordinada, es decir, como una en
la que no existe relación de jerarquía o de subordinación (en este caso:
empleador – servidor público, obligación de dar cuenta de los actos
encomendados o informar, etc.), ni horario (tiempo completo o parcial), etc.,
etc., situación que no ocurre con los 28 locadores
de servicios que: siguen un plan, obedecen ordenes, tienen horarios definidos,
dictan actos en nombre del estado (Notificaciones y Actas, etc.), usan bienes
del estado (talonarios de notificaciones, camionetas del estado, etc..), rinden
cuenta de sus actos (emiten informes al funcionario a cargo de la Subgerencia
de Control y Operaciones, etc.) etc.”
Este tema lo
hemos tratado hasta la saciedad en diversos artículos en el blog, tanto de parte
de nuestro colaborador Salomón Marquez como de la nuestra y en muchos
comentarios propios y ajenos pedíamos la intervención del ya alcalde electo Ulises Villegas para que exija a Raúl
Díaz la inmediata paralización de
estos actos extorsivos a manos de los seudo fiscalizadores. Hasta donde recordamos
apareció una sola vez en un medio digital que sirve como vocero semioficial del mentado personaje, en líneas
generales este asunto nunca fue prioritario
para el Sr. Villegas. Veamos por qué esta modalidad de recaudación delictiva
nunca le preocupó y nada de lo que dijo era cierto sobre anular todas las
multas y clausuras, así como ver la forma de devolver los dineros pagados por
muchos administrados para reabrir sus negocios ante la imperiosa necesidad de
seguir trabajando por la campaña navideña que es una de las pocas oportunidades
que tenía el comercio y la pequeña empresa para recuperase de los efectos de la
pandemia.
Nada de eso
ha sucedido hasta el momento y ahora ya sabemos por qué, muy sencillo, porque
Don Ulises Villegas Rojas está
utilizandolos mismos métodos
para recaudar solo que este utiliza fiscalizadores municipales legales pero con el mismo objetivo: recaudar a como dé
lugar con el cuento de recuperar el principio de autoridad e imponer la ley
y el orden, cuando la verdad está en las mismas palabras de su mano derecha en
Control y Operaciones, Flor Ramírez
Ayala. Si alguna vez los comeños tuvimos la esperanza de reactivar la
economía de Comas, eso nunca va a suceder mientras este señor siga como
alcalde, es increíble ver como en solo
un mes ha destruidoMUNICOMAS, maltratando
a los trabajadores municipales nombrados y contratados permanentemente, sacándolos
de sus puestos para arrumarlos en Archivos,
en beneficio de sus locadores. Hoy
por hoy usted no encontrará personal estable en oficinas claves como Promoción empresarial y Defensa civil, Catastro y Obras
privadas, Abastecimientos, solo por citar unas cuantas áreas, la presencia de
pésimos funcionarios sin la experiencia necesaria ni la capacitación debida
empezando por la gerente municipal, seguida por una camarilla de infelices y
obviamente la contratación de cientos de buenos para nada en su gran mayoría de
locadores de servicios. DEJE TRABAJAR Y
NO PRETENDA ABARCAR TODO MUNICOMAS COMO UN PEQUEÑO PULPO ANGURRIENTO.
La gestión de
Ulises Villegas Rojas es una muy mala copia de la de Raúl Díaz Pérez con el
añadido de su prepotencia y
autoritarismo, su lenguaje procaz y escaso vocabulario, desprecio por la
ley, que nos hace recordar aquellas sabias palabras, Lo que natura no da,
natura no presta. Señor Villegas, usted parece olvidar que solo una pequeña parte de los comeños le ha
otorgado su voto, este triunfo suyo no es réplica del arrollador éxito de 2014 en
donde usted y Saldaña alcanzaron la victoria con los mismos mecanismos, mentiras y más mentiras como esa
huevada de corazón noble y mano dura, la mano dura es para el pueblo comeño y
el corazón noble para los zánganos que ha traído como funcionarios y los vagos
que sigue contratando como locadores de servicios, la del estribo Sr. Alcalde
de Comas: ¿Cuánto les paga a sus asesores Richard Arroyo Segura y Aldo Torres
Fierro y por qué?
La aplicación de este artículo del TUO de la Ley de
Procedimientos Administrativos General, más conocida como la 27444, resulta prácticamente
desconocida para muchas personas que por la naturaleza de sus trabajos,
comerciantes, mypes y emprendedores en
general debieran conocerestaley y sus aplicaciones en la práctica diaria
ante los frecuentes abusos de las municipalidades peruanas a la hora de imponer
sanciones que conllevan multas y clausuras a
granel a través de sus ignaros
fiscalizadores municipales, inspectores municipales o como quieran llamarlos,
pero antes de irnos a las explicaciones necesarias del referido artículo veamos
lo siguiente:
VISTO: La resolución Numero 06 de fecha 07 de octubre del
2019 expedida por el Cuarta Sala Contenciosa Administrativa de la Corte
Superior de Justicia de Lima, La Resolución Número trece de fecha 02 de agosto
del 2021 expedida por el Décimo Segundo Juzgado Permanente de la Corte Superior
de Justicia de Lima, Resolución de Gerencia N° D000182-2021-MML-GMU de fecha 17
de septiembre del 2021, Resolución de Gerencia N° 134-2015-MML/GTU de fecha 19
de marzo del 2015, Resolución de Subgerencia N° 0530-2014-MML/GTU-SIT de fecha
15 de enero del 2014, Resolución de Subgerencia N° 13392-2013-MML/GTU-SIT de
fecha 02 de octubre de 2013 y la Resolución de Subgerencia N°
7726-2013-MML/GTU-SIT del 10 de junio del 2013.
Que, en el presente caso, mediante resolución Numero 06 de
fecha 07 de octubre del 2019 expedida por el Cuarta Sala Contenciosa
Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima se resolvió REVOCAR la
sentencia de primera instancia, contenida en la resolución N° 10 de fecha 15 de
enero del 2018 que declaró INFUNDADA la demanda, y, REFORMANDOLA la declararon
FUNDADA EN PARTE; en consecuencia: (1) NULA la Resolución de Gerencia N°
134-2015-MML/GTU; la Resolución de Subgerencia N° 0530-2014-MML/GTU-SIT y la
Resolución de Subgerencia N° 13392-2013-MML/GTUSIT, que sanciona a la Empresa
LUZ DEL SUR S.A.A con una multa
ascendente a dos (2) UIT; y en consecuencia, SE ORDENA: a la demandada,
Municipalidad Metropolitana de Lima, que CUMPLA con retrotraer el proceso
administrativo sancionador a la etapa de emitir nueva Resolución de Gerencia,
disponiendo el monto de la multa de acuerdo a la reglas sobre la potestad
sancionadora vigente en la fecha de los hechos, contenidas en el artículo 231-A
de la Ley 27444 modificada por el artículo 10° del Decreto Legislativo N°
1014 publicado el 16 de mayo de 2008, cuyo contenido ha sido reproducido en el
artículo 250° del actual TUO de la Ley 27444, debiendo motivar el supuesto
aplicable al caso (1% del valor de la obra o 100% del monto de la tasa); (2)
IMPROCEDENTE la pretensión respecto de la Nulidad Total de la Resolución de
Subgerencia N° 7726-2013-MML/GTU-SIT del 10 de junio del 2013, que resolvió
iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa LUZ DEL
SUR S.A.A., respecto de la cual la entidad administrativa, deberá emitir nueva
resolución, en virtud de lo acotado anteriormente. Que, mediante Resolución
Número trece de fecha 02 de agosto del 2021 expedida por el Décimo Segundo
Juzgado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima se dispone:
REQUERIR a la parte demandada Municipalidad Metropolitana de Lima, el
cumplimiento de lo ordenado. Debiendo esta Comuna imponer la sanción de multa
de acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 250° (anteriormente
231-A) del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N°
27444.
Que, en cumplimiento a lo ejecutoriado, la Gerencia de
Movilidad Urbana (antes Gerencia de Transporte Urbano) expidió la Resolución de
Gerencia N° D000182-2021- MML-GMU de fecha 17 de septiembre del 2021,
resolviendo declarar la NULIDAD de la resolución de Gerencia N°
134-2015-MML/GTU; la Resolución de Subgerencia N° 0530- 2014-MML/GTU-SIT, y la
Resolución de Subgerencia N° 13392-2013-MML/GTU-SIT. Asimismo se encargó a la
Subgerencia de Ingeniería de Transito – SIT, retrotraer el proceso
administrativo sancionador a la etapa de emitir una nueva Resolución de
Subgerencia, disponiendo el monto de la multa de acuerdo a las reglas sobre la
potestad sancionadora vigente en la fecha de los hechos, debiendo motivar el
supuesto aplicable al caso (1% del valor de la obra o 100% del monto de la
tasa), considerando lo dispuesto mediante Resolución Número trece de fecha 02
de agosto del 2021 expedida por el Décimo Segundo Juzgado Permanente de la
Corte Superior de Justicia de Lima. Que, en ese sentido, corresponde a esta
Subgerencia emitir la sanción de multa a la administrada, en aplicación a lo
dispuesto en el artículo 250 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General, el cual señala lo siguiente:
Artículo 250.- Reglas sobre el ejercicio de la potestad
sancionadora. En virtud del principio de razonabilidad en el ámbito de los
procedimientos administrativos sancionadores deberán observarse las siguientes
reglas:
a)En el caso de infracciones administrativas
pasibles de multas que tengan como fundamento el incumplimiento de la
realización de trámites, obtención de licencias, permisos y autorizaciones u
otros procedimientos similares ante autoridades competentes por concepto de
instalación de infraestructuras en red para servicios públicos u obras públicas
de infraestructura, exclusivamente en los casos en que ello sea exigido por el
ordenamiento vigente, la cuantía de la sanción a ser impuesta no podrá exceder:
-
b)El uno (1%) de valor de la obra o proyecto,
según sea el caso. –
c)El cien por ciento (100%) del monto por concepto
de la tasa aplicable por derecho de trámite, de acuerdo a Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente en el momento de ocurrencia de
los hechos, en los casos en que no sea aplicable la valoración indicada con
anterioridad.
d)Los casos de imposición de multas administrativas
por montos que excedan los límites señalados con anterioridad, serán conocidos
por la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual,(2) para efectos de
determinar si en tales supuestos se han constituido barreras burocráticas
ilegales de acceso al mercado, conforme al procedimiento administrativo
contemplado en el Decreto Ley Nº 25868 y el Decreto Legislativo Nº 807, y en
sus normas modificatorias y complementarias.
Que, las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la Ley, y el Derecho, dentro de las facultades que
le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidos,
conforme a lo dispuesto en el Numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.
Vale la pena recordar que toda esta parafernalia se inicia
por la multa impuesta por la MML a la empresa Luz del Sur, por un monto de 2
UIT y que en su momento fuera reconsiderada y luego apelada por la empresa
chilena con el siguiente resultado:
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: IMPÓNGASE la sanción de multa
equivalente a S/. 245.80 a la empresa LUZ DEL SUR S.A.A, por la comisión de la
infracción tipificada con el Código H01, contemplada en la Ordenanza N°
1680-MML, en cumplimiento a lo dispuesto en La Resolución Número trece de fecha
02 de agosto del 2021 expedida por el Décimo Segundo Juzgado Permanente de la
Corte Superior de Justicia de Lima, que tiene autoridad de cosa juzgada y la
Resolución de Gerencia N° D000182-2021-MML-GMU de fecha 17 de septiembre del
2021 ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al Servicio de Administración Tributaria – SAT
la presente resolución y los alcances de la misma.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Hasta aquí podemos ver con meridiana claridad que la
aplicación del art. 250 del TUO de la
Ley 27444 no es un himno al olvido ni son palabras que se las lleva el
viento, particularmente creemos que lo que le ha faltado al Estado es sensibilizar
a los administrados u opinión pública sobre los alcancesde este artículo
así como sus beneficios y sus consecuencias, en todo caso siempre queda la
chance de ir a INDECOPI a quejarse o denunciar aun cuando esto es competencia directa
de estos señores por ser barrera
burocrática ilegal en forma de imposición de multas por encima de lo
normado por el art. 250.
Para terminar, queremos hacerlos participes de un audio que
pinta de cuerpo entero a la persona que habla y vaya de qué manera, tal parece
que fuera ella la alcaldesa de Comas y no una fiscalizadora municipal empoderada por el mismísimo alcalde, no de ahora sino desde el 2015.
Palabras más palabras menos de la "coordinadora" general de Control y operaciones de Comas.
Personalmente no lo creo, porque de importarle no le hubiera
pedido al Concejo Municipal licencia sin goce de haber, desde el 26 de enero al 7 de febrero. Dicen que quería
vacaciones, pero le dijeron que no le correspondía, ya que recién tenía un par
de semanas en el puesto. Sea como sea, este señor apenas tenía 17 días hábiles ejerciendo labor de
alcalde, menos de un mes, y ya estaba cansado de trabajar.
Si a uno le importa algo le dedica tiempo, esfuerzo, cuidado,
cariño, mucho cariño, y no, nada de eso está pasando con Ulises Villegas y Comas.
En campaña, Ulises prometía el cielo y las estrellas a los votantes comeños con
tal de asegurar su triunfo y lograr la tan esquiva alcaldía. En el 2018 quedó segundo, detrás del infame
Raúl Díaz, y ahora, en el 2023 ya es alcalde de Comas, la pregunta de rigor es ¿para qué?
La respuesta está ahí, a flor de piel, amigos del Blog. En principio,
si a Ulises le interesara nuestro distrito habría conseguido, traído o
convocado, llámelo como quiera, excelentes, buenos, no tanto, aunque sea
regulares funcionarios de confianza, no estos adefesios que tenemos hoy por
hoy, mediocres e incapaces, ineptos y brutos, además de corruptos. Recuerden
que se es corrupto por acción u omisión. Pues bien, señoras y señores, el que
acepta indebidamente un cargo para el que no está capacitado no solo comete un
delito (381 del CP), sino que le agrega la
corrupción.
Entonces tenemos que los funcionarios de esta nefasta gestión
desconocen sus funciones, no saben ni papa de administración municipal y
obviamente que mucho menos saben los ignorantes y zafios locadores de servicios,
que como moscas pululan en oficinas y plataformas de atención al público, en
Promoción Empresarial, Riesgo de Desastres, Catastro y Obras Privadas, tres
áreas claves para el desarrollo económico del distrito y la tan soñada reactivación
económica de Comas; destruida por la pandemia de la Covid-19 y Raúl Díaz Pérez con su pésima
administración. ¿Ha cambiado algo con otro alcalde?
No, al contrario. Si los comeños teníamos alguna esperanza con
Ulises Villegas, estas hace rato que ya se fueron a la mierda. Del saque nos
impuso a una señora más perdida que la mamá de Marco, que con total pana y
elegancia nos dice que tiene como experiencia laboral 10 años y 6 meses en el cargo de gerente
laboral juvenil en el MINTRA, cosa que
ya hace rato se comprobó que es más falso que promesa de Ulises en campaña.
El administrador tampoco es quien dice ser y de experiencia
nones. El gerente de asesoría legal sabe menos que el alcalde de Derecho. Esa respuesta
de la GM en torno a la apelación de los
trabajadores municipales por el aumento de horario en jornada laboral es de
antología, sin ninguna motivación para la Resolución de Alcaldía Nº 199-2021 y le dan virtud de inimpugnable, no
hay apelación por ser de carácter interno, más bestias ni como mandados a
hacer.
El resto de los funcionarios son pésimos. Y lo peor, sin asco capaces
de mentir y falsear la verdad, como esa
Vicente Muños, de Riesgo de Desastres, y la otra megaignorante de la Sulca
Solano y su ‘coordinadora general’ Flor Ramírez Ayala, que, dicho sea de
paso, ese cargo no existe en el MOF, ROF CAP de Comas y ni nada que se le parezca.
A la fecha en Comas no hay alcalde, está con licencia. La
primera regidora no funciona. Está, pero es como si no estuviera, no hay
diferencia alguna. Los regidores son convidados de piedra que vuelven a la vida
solo para votar a favor de las cojudeces de Ulises, no dan para más, ni
siquiera Pacheco y Mantilla. De los dos supuestos opositores hasta ahora ni la
tos, han votado en bloque con el oficialismo. ¿Estamos jodidos los comeños? SÍ
rotundo.
Nos han clavado más de 500 locadores de servicios en perjuicio de los trabajadores
estables y con contrato permanente, han echado a más de 40 CAS con contrato indefinido,
violando la ley; a los estables y permanente los han arrumado en las oficinas
de archivos y áreas de parques y jardines, como en limpieza pública; no hay
licencias sin goce de haber para los trabajadores, solo para el alcalde,
vacaciones para los que tienen vara o juegan su pelota con el cabrejos de RR HH; no hay una sola puta camioneta
nueva para serenazgo, ni una compactadora, ni una moto ni scooter. Nada de nada…
No hay sueldos de enero, ya estamos en febrero, y menos va a
haber sueldos de diciembre ni escolaridad. Lo único que hay es CORRUPCIÓN A FORRO Y MENTIRAS. ¿Por qué alguna
vez no nos ha dicho Villegas Rojas que Comas es inelegible tanto económica como
financieramente?, que Comas no es objeto de crédito de la banca privada y
pública, que Comas no puede pedir apoyo económico ni financiero porque Raúl
Díaz Pérez jamás cumplió en los 4 años de rapiña y corrupción con honrar las deudas contraídas
por Miguel Saldaña y su ‘socio’ don Billegas.
He querido dejar para el final una pregunta que me resulta
personalmente preocupante, además de inquietante: ¿Por qué el comunicador ALDO TORRES FIERRO denunció, a
finales de 2021, por extorsión a MARCOS ESPINOZA ORTIZ y ULISES VILLEGAS ROJAS ante la 3FPPC-4D-LN y que diera lugar a la CARPETA FISCAL1194-2021 y que luego pasara a manos del DEPINCRI
COMAS para las investigaciones del caso, sin que hasta la fecha se
sepan los resultados? Coincidencias que en plena campaña electoral Ulises
Villegas nombrara a Aldo Torres como su jefe de prensa… Extraño, muy extraño.
La pregunta es pertinente cuando setrata de los “funcionarios de confianza” del alcalde de Comas, Ulises Villegas Rojas. Ver la forma
prepotente y soberbia del accionar de estas personas en la función pública es
para correr, si a la prepotencia le sumamos la despótica ignorancia de los
protagonistas ya vamos muertos como administrados y si a esto le añadimos una
gran porción de impunidad, ahí si carajo nos jodimos.
De forma breve y sucinta les narramos la forma y
circunstancias en las que la subgerente de RIESGO DE DESASTRES DE COMAS, Evelyn Marisol Vicente Muñoz, ingeniera
geógrafo de profesión, egresada de la Villarreal en el 2015 y paremos de
contar, porque salvo una referencia muy a la ligera en Google de su paso por
Independencia y otra en la MML no hay nada más sobre experiencia en Riesgo de Desastres ni Defensa Civil para el cargo
que ahora ocupa en Comas. El puesto que ocupa la Vicente Muñoz estaría incurso
en el delito de nombramiento indebido y
aceptación indebida de cargo, art. 381 del Código Penal, modificado hace un
par de días con la ley 31676 que sanciona con 2 a 4 años de cárcel a los
responsables de la comisión de este delito.
Ahora vayamos al meollo de este asunto y veamos el cinismo y
la falsedad mostrada por esta señora en la tramitación del Exp. Nº 59040-2022,
a través de la Resolución Nº 00026-SGGRD-GGTDE/MDC, Vicente Muñoz nos dice que
el Exp. de referencia fue presentado el 14 DIC 2022 solicitando una ITSE para
un establecimiento comercial con nivel de riesgo medio, lo cual es mentira, el
expediente en mención fue presentado en mesa de partes el día 15 de diciembre
del año pasado, para tales efectos cita el art.18.1 del DS Nº 002-2018-PCM, aparentemente
hasta aquí se cumple con lo dispuesto por el DS 002, también nos dice la
Vicente Muñoz que el día 10-01-2023 se llevó a cabo la ITSE para riesgo medio,
percatándose el inspector que el local a inspeccionarse era de riesgo muy alto, ¿cómo llegó a esa
conclusión el inspector de la ITSE de riesgo medio o bajo? Misterios del Orinoco,
decimos esto por una razón muy importante, porque tenemos la grabación de las
cámaras de video del establecimiento del día 10 de enero y no hay ninguna ITSE,
lo único que hay es la presencia de una señora vestida con un chaleco de
defensa civil que en todo momento no quiso identificarse, luego viene una serie
de referencias a la ley 27444, ley 27972, DS 002-2018, RJ 016-2018-CENEPRED y
la OM Nº 584-2020-MDC, luego viene la RSG Nº 00026-SGGRD del 13 enero del 2023
que da por concluido el Exp. 59040-2022 al haberse verificado que el local NO
CUMPLE con las condiciones de seguridad en el inmueble objeto de inspección
conforme al nivel de riesgo existente, quedando nuevamente claro que la
descerebrada de la Vicente en toda la extensión de su mamarrachenta resolución
subgerencial nunca hizo mención ni de broma al silencio administrativo positivo.
Pero ¿es cierto lo dicho y firmado por la susodicha funcionaria
de confianza de la gestión ulisista? NO,
la resolución emitida por la funcionaria de marras es inaceptable desde todo
punto de vista ya que viola o infringe el silencio administrativo positivo,
art. 199.1 del TUO de la ley 27444:
199.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio
administrativo positivo quedarán
automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o
máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1
del artículo 24, la entidad no hubiere
notificado el pronunciamiento respectivo. La declaración jurada a la que se
refiere el artículo 37 no resulta necesaria para ejercer el derecho resultante
del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.
199.2. El silencio positivo tiene para todos los efectos el
carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la
potestad de nulidad de oficio prevista en el artículo 213.
Podríamos añadir el art. 21 del DS Nº 002-2018-PCM, que dice
al pie de la letra los plazos establecidos para realizar la ITSE
correspondiente a un certificado nuevo de Defensa Civil, para cuyos efectos no
interesa si el riesgo es medio o muy alto al vencerse los plazos y entrar en
aplicación el art. 21 del referido decreto supremo:
Artículo 11.- Silencio
administrativo en la ITSE
Conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia
de Funcionamiento, en la ITSE opera el silencio administrativo positivo cuando
al vencimiento de los plazos establecidos en el Reglamento no haya
pronunciamiento por parte del Órgano Ejecutante o no se hubiese realizado la
ITSE. Ello sin perjuicio de la subsistencia de la obligación a cargo del Órgano
Ejecutante de efectuar la verificación, a través de una VISE, del cumplimiento
de condiciones de seguridad declaradas por el/la administrado/a, bajo
responsabilidad.
Artículo 21.- Plazo máximo de la
diligencia y finalización de la ITSE
La diligencia de ITSE debe
ser programada y puesta en conocimiento del/de la administrado/a con la
notificación de la licencia de funcionamiento, y debe ejecutarse en un plazo no
mayor de siete (7) días hábiles. El plazo máximo para la finalización del
procedimiento es de nueve (9) días hábiles computados a partir de dicha
notificación, sin perjuicio de una eventual suspensión del trámite, conforme a
lo señalado en el presente Reglamento.
DECRETO
LEGISLATIVO
N° 1272
Decreto
Legislativo que modifica
La Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060,
Ley del Silencio Administrativo
SEPARATA ESPECIAL
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1272
“Artículo 188. Efectos del
silencio administrativo
188.1. Los
procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo
quedarán automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si
transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se adicionará el plazo
máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24 de la presente Ley, la
entidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. La declaración
jurada a la que se refiere el artículo 33-B no resulta necesaria para ejercer el
derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.
188.2 El
silencio positivo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que
pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio
prevista en el artículo 202 de la presente Ley.
A falta
de una ley vemos que hay hasta tres normas que definen con absoluta claridad el
silencio administrativo positivo aplicable a este caso específico del Exp.
59040-2022, los plazos de cumplimiento obligatorio por parte de la entidad
ejecutante para realizar la ITSE son de
siete (7) días hábiles. El plazo máximo para la finalización del
procedimiento es de nueve (9) días
hábiles computados a partir de dicha notificación.
La
supuesta VISE aludida por la Vicente Muñoz y que se habría llevado a cabo el 10
de enero no tiene ningún valor, si esto hubiera ocurrido y darle valor a un
hecho ficticio para sustentar una resolución subgerencial constituye delito, no solo infracción
administrativa, para todos su efectos la entidad ejecutante (Municipalidad de
Comas) perdió su capacidad de obrar a partir del día 4 de enero al haber quedado
automáticamente aprobados los
procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo.
Mentira
tras mentira y con una capacidad fantasiosa digna de mejor causa nos queda con
absoluta y meridiana claridad que Evelyn
Marisol Vicente Muñoz ha falseado la verdad, ¿por capricho, ignorancia o
estupidez pura y dura? Y esta actitud no puede ni debe quedar impune…
Estos dos principios elementales en el ejercicio del poder
de toda sociedad civilizada son los pilares de nuestra democracia y las razones
por las que podemos vivir en relativa paz, al menos en Comas. En esta flamante
gestión municipal que no llega al mes de iniciada y en manos de quien, al menos
para nosotros y muchos vecinos ya hizo los méritos para ser la peor gestión del peor alcalde en la toda la
historia del distrito.
Dice el alcalde Ulises Villegas refiriéndose a nosotros, los
vecinos comeños que somos el pueblo, que la recuperación del principio de
autoridad y el respeto por la ley pasa por que, ojo al piojo, seamos nosotros
los que cumplamos con acatar y obedecer estos principios que tanto él como
alcalde y sus funcionarios llevan adelante, ok, yo alcalde mando, ordeno;
funcionarios de confianza ejecutan y ustedes pueblo, obedecen. Así, de forma
vertical, sin dudas ni murmuraciones, mismo cachaco de los 50, pero hagamos un
alto para revisar estos conceptos que les alcanzamos líneas abajo:
a)
Subordinación al Poder: Es una actitud que va de la sociedad al Estado, en el
seno de una cultura autoritaria, y
que asume como normales ciertos excesos
de los funcionarios y empleados, por su vinculación directa o indirecta al
poder político.
b) Concepción
clientelista, patrimonial y restringida del Estado: Es la condición política
del funcionario, que por haber realizado la actividad proselitista que le dio
el triunfo a su partido, cuando llega a la administración pública va cargado de
compromisos que debe cumplir, a
menos que decline a sus pretensiones políticas futuras. En estos casos el
funcionario paga a sus correligionarios nombrándolos en la administración en
algunos casos aun cuando no sean necesarios y que no cumplan con los requisitos establecidos para optar a un
puesto. Esto es lo que se conoce con el nombre de clientelaje político.
Ahora bien,
¿qué es el principio de autoridad?
El Principio de Autoridad, un término que en el imaginario
del ciudadano está asociado a cumplir o acatar las disposiciones que una
“autoridad estatal o privada” (según sea el caso) disponga, esta definición
minimalista nos muestra lo que llamaríamos “sentido común” de lo que entendemos
como Principio de Autoridad (PA), sin embargo,
realmente este término abarca más conceptos que en algunos casos son tan
amplios que ponen en duda una significación sencilla del PA.
Una autoridad edil que considera que su fuerza pública –
serenazgo está más allá que la propia policía,
Por otro lado, el Poder es un elemento fáctico, por el cual
el que lo detenta puede imponer su
voluntad, hacerse obedecer sin importar (en algunos casos) si sus disposiciones están al margen de
la ley, apoyándose en la intimidación, en el empleo de la fuerza, en la
coacción o coerción.
Para ello estas autoridades deben ser conscientes de esta
gran responsabilidad, de no hacerlo, debemos exigirles que actúen de manera proactiva y cumplan escrupulosamente las normas y leyes, en caso contrario seremos
todos responsables de no contar con un sólido Principio de Autoridad.
Como vemos hasta el momento, se va cumpliendo nuestro
postulado original con relación al alcalde de Comas, Ulises Villegas Rojas, recuperar el principio de autoridad y el
respeto por la ley implica obedecer como borregos, como ciudadanos de quinta
clase lo que disponga esta caricatura de alcalde y sus remedos de funcionarios.
Si sus funcionarios no acatan el SILENCIO ADMINISTRATIVO
POSITIVO, no pasa nada con ellos, no hay investigaciones ni menos sanciones; si
sus funcionarios infringen la ley 27444, tampoco hay sanciones; si se zurran en
el DS Nº004-2019-JUS como en el caso de los salvajes montos establecidos en el
RAS y CUIS de MUNICOMAS contenidas en las OM Nº 619 y Nº 636 no pasa nada de
nada, pero ¿qué dice la ley al respecto de estas multas astronómicas y sus
irracionales montos? Veamos pues LA LEY DEL EMBUDO en todo su esplendor, cuando la ley les conviene si la reconocen y la aplican como en este caso, en la OM Nº 619-2021-MDC:
Ahora, ¿qué sucede cuando la misma ley favorece al administrado como en el caso del artículo que reproducimos a continuación?
Artículo 250.- Reglas sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. En virtud del principio de razonabilidad en el ámbito de los procedimientos administrativos sancionadores deberán observarse las siguientes reglas:
a)En el caso de infracciones administrativas pasibles de multas que tengan como fundamento el incumplimiento de la realización de trámites, obtención de licencias, permisos y autorizaciones u otros procedimientos similares ante autoridades competentes por concepto de instalación de infraestructuras en red para servicios públicos u obras públicas de infraestructura, exclusivamente en los casos en que ello sea exigido por el ordenamiento vigente, la cuantía de la sanción a ser impuesta no podrá exceder: -
b)El uno (1%) de valor de la obra o proyecto, según sea el caso. - El cien por ciento (100%) del monto por concepto de la tasa aplicable por derecho de trámite, de acuerdo a Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente en el momento de ocurrencia de los hechos, en los casos en que no sea aplicable la valoración indicada con anterioridad. Los casos de imposición de multas administrativas por montos que excedan los límites señalados con anterioridad, serán conocidos por la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual,
c)(2) para efectos de determinar si en tales supuestos se han constituido barreras burocráticas ilegales de acceso al mercado, conforme al procedimiento administrativo contemplado en el Decreto Ley Nº 25868 y el Decreto Legislativo Nº 807, y en sus normas modificatorias y complementarias. b) Cuando el procedimiento sancionador recaiga sobre la carencia de autorización o licencia para la realización de varias conductas individuales que, atendiendo a la naturaleza de los hechos, importen la comisión de una actividad y/o proyecto que las comprendan en forma general, cuya existencia haya sido previamente comunicada a la entidad competente, la sanción no podrá ser impuesta en forma individualizada, sino aplicada en un concepto global atendiendo a los criterios previstos en el inciso 3 del artículo 248. (Texto según el artículo 231-A de la Ley Nº 27444)120 120 Artículo incorporado por el Artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1014, publicado el 16 de mayo de 2008.
Más claro, imposible, con el agravante de que
estas ordenanzas fueron aprobadas en 2021 y 2022 por los regidores de Raúl Díaz
Pérez mediante las 2 ordenanzas de marras y que hace poco en una reunión del
alcalde Ulises Villegas y su ex asesor José Calvo con los 14 presidentes
zonales de Comas, reconocía que el monto de esas multas de hasta 4 UIT eran impagables por lo elevado de sus montos,
olvida también este sujeto que la aplicación manu militari de estas multas
constituyen barreras burocráticas ilegales e irracionales según INDECOPI.
Sin más preámbulos, entremos de frente al meollo del artículo de
hoy, la corrupción que existe en el Perú en torno a las designaciones o
cualquier otro eufemismo que quieran utilizar los alcaldes corruptos para disfrazar
las contrataciones de sus serviles, cuando no cómplices funcionarios de
confianza de las organizaciones criminales formadas en torno al alcalde ganador
de las elecciones ediles.
Al margen o en paralelo a las leyes que norman las designaciones
de los funcionarios de marras, leyes como SERVIR, el DS053-2022, las herramientas de gestión como el MOF, ROF, CAP son letra muerta para alcaldes
deshonestos y funcionarios arrastrados por la codicia y el amor por el dinero fácil
de los contribuyentes y comerciantes, mypes y emprendedores del distrito.
Designar a gente en los que no concurren los requisitos exigidos
por ley nos ponen en manos de personas inescrupulosas a los que el respeto y acatamiento
por la ley les importa un carajo, y eso nos hace vulnerables porque no hay la
correcta fiscalización y sanción de los actos delincuenciales de estos sujetos.
Para mejor ilustración de los actos reñidos con la ley que
conlleva la designación de personas incapaces, ineptas y corruptas en cargos
para los cuales no están ni remotamente preparados, quiero usar algunos
párrafos de la excelente tesis del Sr. abogado Carlos Marcelo Ponce Arpasi “La
aplicación del acto de designación dentro del tipo penal de Nombramiento
Indebido en las sentencias de Segunda Instancia, según las Sentencias de Vista
de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, año 2012-2017”.
“Al
respecto, desde una revisión doctrinal, puede interpretarse que la mayor parte
de la doctrina, señala que no se hace alusión al nombramiento establecido por
el Reglamento de la Carrera Administrativa.
Sino
más bien a todo acto por el cual se pone en un cargo público a persona en quién
no concurren los requisitos legales para dicho acto; dentro de los cuales
pueden encuadrarse perfectamente las designaciones.
Ahora,
con respecto a las designaciones, como ya se ha señalado con anterioridad, son
actos que se realizan constantemente por las autoridades para poner a personas
en cargos públicos. Al respecto, podríamos decir que sí encontramos dispositivo
normativo que define la designación, entonces nos remitimos al artículo 4 del
Decreto Supremo N° 005-90-PCM – Reglamento de la Carrera Administrativa, de
donde se infiere que la designación es un acto por el cual una autoridad hace
que un ciudadano pase a ser funcionario público. Así, el problema radica
específicamente en que muchas autoridades han realizado reiteradas
designaciones de sus funcionarios públicos, no obstante, lo han realizado en
personas que no cumplen con los requisitos para ocupar el determinado cargo
público. Es decir, lo han realizado contraviniendo en muchos casos al ROF –
Reglamento de Organización y Funciones, y al MOF – Manual de Organización y
Funciones de sus entidades, y en otros casos a la Ley y hasta la misma
Constitución”
Hasta aquí debemos suponer que ya ha quedado suficientemente
claro que designar a persona incompetente en un cargo de funcionario público de
confianza constituye delito de nombramiento y aceptación indebida de cargo, pero volvamos a la tesis
del Dr. Carlos Marcelo Ponce Arpasi, cuando nos dice:
“Es que en la
actualidad, designar a personas en los diferentes cargos públicos como
servidores y funcionarios públicos, en el ámbito del gobierno nacional, de los
gobiernos regionales, y de los gobiernos locales (provincial, distrital y de
los centros poblados); resulta una práctica muy común. 8 No obstante en una
primera parte radica el problema en que muchas de las designaciones realizadas,
se dan como producto de situaciones a las que se les conocen como las del
“clientelismo político”.
“Es decir,
aquellas por las cuales un grupo determinado de personas apoyan otra con el
objetivo de que se convierta en autoridad; a fin de posteriormente ser
promovidas en cargos públicos. Siendo que tales actos, evidentemente son
efectuados por las autoridades de turno. Quienes, contravienen los documentos
de gestión institucionales como los son: el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), y el Manual de Organización y Funciones (MOF). Y, aún más
grave, en otros casos contravienen a la Ley y a la Constitución misma”.
De lo expuesto en la tesis de Ponce Arpasi queda establecido que
designar, nombrar, encargar o contratar a una persona que no reúne los requisitos mínimos exigidos por ley constituye delito de nombramiento indebido de parte de
quien designa y aceptación indebida de cargo en quien acepta, art. 381 del CP.
Entonces, señores, ¿quién nos puede decir bajo qué razones,
motivos o circunstancias el alcalde de Lima Rafael López Aliaga ha designado a
Isabel del Rocío Ayala Melgarejo en dos (2) gerencias en la MML, violando las normas y recomendaciones de la CGR en relación a varios cargos
concentrados en una sola persona? ojo, que se habla de hasta 4 gerencias, ¿será cierto eso?
Por otro lado, la Ayala Melgarejo es licenciada en
Administración y paren de contar.
De igual manera, el alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa Villegas, podría
explicar bajo qué motivos o razones ha designado como gerente de rentas, subgerente
de registro tributario, pero principalmente como ejecutora coactiva a la licenciada
en Trabajo Social Carmen Rosa Chávarry Chimoy, sabiendo, o debiendo saber, que
para el puesto de EJECUTORA COACTIVA debe contar con el título de ABOGADA:
Artículo 4.-
Requisitos del Ejecutor.
4.1 El Ejecutor
deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano
en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles;
b) Tener título
de abogado expedido o revalidado conforme a ley.
Sr. alcalde del Rímac,así mismo, díganos, por favor, cuáles fueron sus criterios para encargar
la subgerencia de Riesgo de Desastres y Defensa Civil al bachiller en Derecho y
magíster en Gestión Pública, Gregorio Quispe Alvino, quien carga con una incómoda
mochila de actos rayanos en la inmoralidad, como los que efectuara en la muni
de Independencia. Así sea encargado, Goyo no sabe ni mela de Riesgo de
Desastres, lo suyo es la pendejada, la criollada, esta actitud es incoherente con un ninacaco como este tipejo.
El concejo de la Municipalidad Distrital de Independencia
el día de ayer por la tarde aprobó la solicitud de vacancia interpuesta
contra el Teniente Alcalde Gregorio Bernardino Quispe Alvino, por los causales
de cobro indebido a empresario Aldo Asti Tejada, siendo autoridad municipal.
PRECISIÓN:
Según la solicitud de vacancia que pesa en su
contra es: que el teniente alcalde Gregorio Quispe Alvino, habría
cobrado la suma de 12 mil nuevos soles a un empresario para
que realice los trámites administrativos para la instalación de una feria
ambulatoria en el distrito de Independencia y que la feria fuera
cancelada por no contar con la autorización de la municipalidad. Asimismo, a
esto se suma los 370 nuevos soles que el teniente alcalde Gregorio
Quispe, pidió al empresario Aldo Asti, para que pague un impuesto de
instalación de la referida feria e incluso éste dinero (Quispe
Alvino) jamás hizo el pago respectivo a la tesorería de la municipalidad
por derecho de tributo. En sesión extraordinaria, la votación procedió porque
se obtuvo los dos tercios del número legal de los miembros del concejo
municipal; o sea, seis votos a favor y dos en contra. Sin embargo, será el Jurado
Nacional de Elecciones que decida el futuro del regidor
número uno en el concejo edil. El pedido de vacancia contra Gregorio
Bernardino Quispe Alvino, fue presentado el mes de octubre por el ciudadano
Aldo Asti, quien se dedica a realizar Ferias en diferentes distritos de
Lima Norte. Y, quien en las causales de la vacancia aduce haber sido
estafado por el Teniente Alcalde por incumplimiento de contrato.
Mientras
tanto, en la última instancia, que es el J.N.E., se espera la decisión para que
el nuevo accesitario(a) asuma y complete la terna de regidores en el citado
concejo edil de Independencia. Hasta el fin de tus días te perseguirá tu
pasado, Goyoooooooo.
Otro ‘funcionario
de confianza’ del buen Néstor es el subgerente de RR HH, Walter
Yenque Lino, quien hasta hace muy poco tiempo era nada menos que gerente de Fiscalización
de Pedro Rosario. Poca cosa el carguito ¿no?, aparte del tema de la falta de
cuadros y la bofetada al pueblo rimense en designar a este sujeto cuyo único
mérito es ser abogado y contar con un magíster en gestión pública, lo cual ni
remotamente lo hace experto, ni siquiera conocedor de lo más elemental de los álgidos
temas laborales y las relaciones con los trabajadores ediles de la muni del
Rímac.
Hemos querido
dejar para el final la feroz metida de pata del mal Néstor. Esta decisión sí
que es estúpida. Designar a Mery Soto Trejo como gerente de Fiscalización no
solo es un error, sino maltratar al Rímac, a sus vecinos, y poner en peligro de
muerte la economía distrital ya castigada severamente por la Covid-19, ahora con esta amenaza andante y sus malas costumbres, de su desprecio
por la ley del que siempre ha hecho gala en sus acciones de Control. Aquí les
dejamos un video como muestra de lo que decimos.
Una pregunta
a nuestros lectores: ¿quién o quiénes fiscalizan y sancionan a estos alcaldes y
funcionarios lacras, si los que deberían cumplir esta función (los regidores)
son sus cómplices al no fiscalizar, tal como exige la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reforzada en la labor de Fiscalización
por la ley 31433?
SR. ALCALDE DEL RÍMAC, ESTOS SON DELITOS, ROBO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, USURPACIÓN DE FUNCIONES. MERY SOTO TREJO ERA, POR ESAS
ÉPOCAS, EN COMAS, GERENTE DE FISCALIZACIÓN Y TRANSPORTE, Y NO EJECUTORA COACTIVA; AL IGUAL QUE CARMEN CHÁVARRY CHIMOY.
