En un muy buen artículo del Dr. Luis Lamas Puccio aparecido ayer
en EXPRESO podemos leer las apreciaciones de este reconocido jurista sobre la corrupción, con el nombre de LA ZONA GRIS DE LA CORRUPCIÓN, dicho
artículo trata sobre los espacios grises en la lucha contra la corrupción.
Veamos pues lo que dice el reconocido hombre de leyes respecto
de la corrupción en el Perú:
"Es frecuente en nuestro país que todos los días, por una u otra
razón, se develen de manera constante y reiterativa, infinidad de decisiones
funcionales de distinta jerarquía con apariencia administrativa, que tienen
suficientes componentes o contenido de naturaleza delictiva pero que no pueden
ser ventiladas ante la justicia penal ordinaria por ausencia de una legislación
que las califique como delitos.
Hablamos de decisiones irregulares como resultado del incorrecto
ejercicio en el normal desempeño de la labor pública. Sucede, como acontece en
forma reiterativa en casi toda la labor pública, que al no encontrarse
catalogadas estas conductas en la legislación penal, por ser consideradas como
omisiones o negligencias en el normal desempeño de la labor administrativa, no
trascienden como debería corresponder en la vía judicial, en razón a que al no
existir una norma en particular que las defina o las califique como delitos, su
proyección punitiva resulta mínima, por no decir que es menos que nula.
Desde mi modesto espacio y con mi escaso conocimiento discrepo con
las palabras del reputado abogado, solo debo tomar un ejemplo de estas
omisiones o negligencias, exigir requisitos no contemplados en el TUPA o lo que
es peor, aplicar de forma generalizada los requisitos que si están en el TUPA
pero no son aplicables a todos los trámites, eso no es negligencia ni omisión,
eso es corrupción pura y dura, más aún si se tiene en cuenta que pedir
requisitos no contemplados en el TUPA constituyen BARRERAS BUROCRÁTICAS
ILEGALES, omisiones o negligencias no
son, por citar otro ejemplo, desconocer el SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO,
eso es, reitero, corrupción al rojo vivo.
Garantía constitucional
Hablamos de una garantía incluso con
rango constitucional, esgrimida por todos aquellos que pueden ser denunciados
por hechos y que conlleva en la práctica a que al no existir una descripción
típica de una conducta en una norma de contenido penal, no hay forma posible
que un sujeto, aun cuando ha hecho mal uso, doloso e intencional, de los recursos
del Estado, pueda ser sancionado en el plano judicial, por más evidente que sea
el hecho en términos de aprovechamiento personal o colectivo de la labor
pública, para beneficiarse él mismo o para beneficio de un tercero.
Distintas realidades
Las definiciones tradicionales que
señala nuestro Código Penal relacionadas con los delitos
cometidos por los funcionarios en materia de corrupción (abuso de autoridad,
concusión, cobros indebidos, diferentes formas de colusión, patrocinio ilegal,
peculado en sus diferentes modalidades, malversación, cohecho pasivo propio e
impropio, soborno internacional, cohecho activo genérico, cohecho activo
transnacional, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo,
tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, encumbramiento real, omisión
de denuncia, falso testimonio, falsa declaración en procedimiento
administrativo, insolvencia provocada, e incluso el mismo delito de
prevaricato), fueron concebidas para una realidad social y funcional muy
distinta y diferente a la actual.
Si bien es cierto que se han hecho
algunas modificaciones e introducido algunos nuevos delitos como el soborno
transnacional y otros mecanismos de control, la realidad, sobre todo la
económica, sobrepasa largamente cualquier expectativa punitiva al respecto."
Todo lo expuesto de forma amena y sobre
todo entendible para la mayoría de lectores no sería posible sin la ayuda de
dos instrumentos claves, la autonomía municipal, el art. 194 de la Constitución
y la alcahueta LOM -LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, 27972- cuando les concede
a todos los alcaldes del Perú la potestad de designar, encargar, nombrar,
contratar al funcionario que les dé la
gana. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste,
a los demás funcionarios de confianza, el viejo cuento de que los funcionarios son
propuestos por el gerente municipal, no es más que eso, cuento chino, sin
embargo olvida el Dr. Lamas que aún si tuviéramos los filtros debidos, el
accionar de los alcaldes peruanos sería el mismo, no existe un control rígido y severo del OCI y menos la permanente y
exhaustiva fiscalización del Concejo municipal (es decir, los regidores). Todo
seguiría igual, porque la pena o sanción penal por la sistemática comisión del
delito señalado con el número 381 de nuestro Código Penal es ridícula aún con modificación y todo.
LEY Nº 31676
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, CON LA
FINALIDAD DE REPRIMIR LAS CONDUCTAS QUE AFECTAN LOS PRINCIPIOS DE MÉRITO,
IDONEIDAD Y LEGALIDAD PARA EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA
Artículo 381. Nombramiento, designación, contratación, encargatura o
aceptación ilegal de cargo
El funcionario público que
nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los
requisitos legales para un cargo público, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte
días-multa.
El que acepta el cargo sin
contar con los requisitos legales será reprimido con las mismas penas.
Mientras los
alcaldes puedan designar al funcionario que le venga en gana, sin respetar
aquello de experiencia para el cargo,
capacitación para el puesto a asumir
y que el título sirva para el puesto
correspondiente, dejaremos de ver zapateros en puestos de gerentes o
subgerentes. Algo más para el final, qué pena ver como aquellos que hacen las
leyes aún siguen considerando a los municipios como la última rueda del coche,
de nada valen los DS ni la ley SERVIR si para acceder a un cargo de gerente o subgerente en un municipio
si los requisitos son casi los mismos para un conserje en la actividad privada.
En Comas
basta ver los currículos de la gerente municipal, Luz Yanina Abanto Abanto, del GAF Guillermo Nue Olazábal, del subgerente de Abastecimientos, Oliver
Huamanyauri Herencia, de la subgerente de Fiscalización o Control y Operaciones,
Elizabeth Sulca Solano, y por último
la inefable subgerente de Riesgo de Desastres, Evelyn Vicente Muñoz para saber
de qué hablamos.
Queremos
mostrar como ejemplo de lo que señala el Dr. Lamas Puccio, ¿omisión o
negligencia? La siguiente NMI que fue impuesta por un locador de servicios en octubre de 2022 y por tano es írrita, pero
sin embargo está siendo procesada en ejecutoría coactiva administrativa y la
administrada ha sido objeto de un embargo bancario.
Esto es írrito, basura pura y dura, sin embargo, la ejecutora coactiva administrativa Gladys Álvarez Peña la está procesando como válida, incluso ha ordenado el embargo de la cuenta bancaria de la administrada, Franco Lester Espinoza López nunca fue trabajador municipal de Comas, solo fue un infeliz locador de servicios sin vínculo laboral alguno.