MUNICOMAS LA ZONA NEGRA DE LA CORRUPCIÓN

 

 En un muy buen artículo del Dr. Luis Lamas Puccio aparecido ayer en EXPRESO podemos leer las apreciaciones de este reconocido jurista sobre la corrupción, con el nombre de LA ZONA GRIS DE LA CORRUPCIÓN, dicho artículo trata sobre los espacios grises en la lucha contra la corrupción.

Veamos pues lo que dice el reconocido hombre de leyes respecto de la corrupción en el Perú:

"Es frecuente en nuestro país que todos los días, por una u otra razón, se develen de manera constante y reiterativa, infinidad de decisiones funcionales de distinta jerarquía con apariencia administrativa, que tienen suficientes componentes o contenido de naturaleza delictiva pero que no pueden ser ventiladas ante la justicia penal ordinaria por ausencia de una legislación que las califique como delitos.

Hablamos de decisiones irregulares como resultado del incorrecto ejercicio en el normal desempeño de la labor pública. Sucede, como acontece en forma reiterativa en casi toda la labor pública, que al no encontrarse catalogadas estas conductas en la legislación penal, por ser consideradas como omisiones o negligencias en el normal desempeño de la labor administrativa, no trascienden como debería corresponder en la vía judicial, en razón a que al no existir una norma en particular que las defina o las califique como delitos, su proyección punitiva resulta mínima, por no decir que es menos que nula.

Desde mi modesto espacio y con mi escaso conocimiento discrepo con las palabras del reputado abogado, solo debo tomar un ejemplo de estas omisiones o negligencias, exigir requisitos no contemplados en el TUPA o lo que es peor, aplicar de forma generalizada los requisitos que si están en el TUPA pero no son aplicables a todos los trámites, eso no es negligencia ni omisión, eso es corrupción pura y dura, más aún si se tiene en cuenta que pedir requisitos no contemplados en el TUPA constituyen BARRERAS BUROCRÁTICAS ILEGALES, omisiones o negligencias  no son, por citar otro ejemplo, desconocer el SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, eso es, reitero, corrupción al rojo vivo.

Garantía constitucional

Hablamos de una garantía incluso con rango constitucional, esgrimida por todos aquellos que pueden ser denunciados por hechos y que conlleva en la práctica a que al no existir una descripción típica de una conducta en una norma de contenido penal, no hay forma posible que un sujeto, aun cuando ha hecho mal uso, doloso e intencional, de los recursos del Estado, pueda ser sancionado en el plano judicial, por más evidente que sea el hecho en términos de aprovechamiento personal o colectivo de la labor pública, para beneficiarse él mismo o para beneficio de un tercero.

Distintas realidades

Las definiciones tradicionales que señala nuestro Código Penal relacionadas con los delitos cometidos por los funcionarios en materia de corrupción (abuso de autoridad, concusión, cobros indebidos, diferentes formas de colusión, patrocinio ilegal, peculado en sus diferentes modalidades, malversación, cohecho pasivo propio e impropio, soborno internacional, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, encumbramiento real, omisión de denuncia, falso testimonio, falsa declaración en procedimiento administrativo, insolvencia provocada, e incluso el mismo delito de prevaricato), fueron concebidas para una realidad social y funcional muy distinta y diferente a la actual.

Si bien es cierto que se han hecho algunas modificaciones e introducido algunos nuevos delitos como el soborno transnacional y otros mecanismos de control, la realidad, sobre todo la económica, sobrepasa largamente cualquier expectativa punitiva al respecto."

Todo lo expuesto de forma amena y sobre todo entendible para la mayoría de lectores no sería posible sin la ayuda de dos instrumentos claves, la autonomía municipal, el art. 194 de la Constitución y la alcahueta LOM -LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, 27972- cuando les concede a todos los alcaldes del Perú la potestad de designar, encargar, nombrar, contratar al funcionario que les dé la gana. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza, el viejo cuento de que los funcionarios son propuestos por el gerente municipal, no es más que eso, cuento chino, sin embargo olvida el Dr. Lamas que aún si tuviéramos los filtros debidos, el accionar de los alcaldes peruanos sería el mismo, no existe un control rígido y severo del OCI y menos la permanente y exhaustiva fiscalización del Concejo municipal (es decir, los regidores). Todo seguiría igual, porque la pena o sanción penal por la sistemática comisión del delito señalado con el número 381 de nuestro Código Penal es ridícula aún con modificación y todo.

LEY Nº 31676

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, CON LA FINALIDAD DE REPRIMIR LAS CONDUCTAS QUE AFECTAN LOS PRINCIPIOS DE MÉRITO, IDONEIDAD Y LEGALIDAD PARA EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 381. Nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo

El funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa.

El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con las mismas penas.

 Mientras los alcaldes puedan designar al funcionario que le venga en gana, sin respetar aquello de experiencia para el cargo, capacitación para el puesto a asumir y que el título sirva para el puesto correspondiente, dejaremos de ver zapateros en puestos de gerentes o subgerentes. Algo más para el final, qué pena ver como aquellos que hacen las leyes aún siguen considerando a los municipios como la última rueda del coche, de nada valen los DS ni la ley SERVIR si para acceder a un cargo de gerente o subgerente en un municipio si los requisitos son casi los mismos para un conserje en la actividad privada.

En Comas basta ver los currículos de la gerente municipal, Luz Yanina Abanto Abanto, del GAF Guillermo Nue Olazábal, del subgerente de Abastecimientos, Oliver Huamanyauri Herencia, de la subgerente de Fiscalización o Control y Operaciones, Elizabeth Sulca Solano, y por último la inefable subgerente de Riesgo de Desastres, Evelyn Vicente Muñoz para saber de qué hablamos.

Queremos mostrar como ejemplo de lo que señala el Dr. Lamas Puccio, ¿omisión o negligencia? La siguiente NMI que fue impuesta por un locador de servicios en octubre de 2022 y por tano es írrita, pero sin embargo está siendo procesada en ejecutoría coactiva administrativa y la administrada ha sido objeto de un embargo bancario.

Esto es írrito, basura pura y dura, sin embargo, la ejecutora coactiva administrativa Gladys Álvarez Peña la está procesando como válida, incluso ha ordenado el embargo de la cuenta bancaria de la administrada, Franco Lester Espinoza López nunca fue trabajador municipal de Comas, solo fue un infeliz locador de servicios sin vínculo laboral alguno.